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Los sindicatos en América y la crisis capitalista

Dick Emanuelsson, Corresponsal sueco para América Latina. Cubre el mercado laboral para la prensa sindical sueca

Revanada de Realidad

Entrevista exclusiva a Víctor Baez Mosqueira, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de Las Américas (CSA) sobre la crisis actual, las propuestas sindicales y las reacciones empresariales y de los gobiernos en el continente americano.

¿Cómo afecta la actual crisis capitalista los trabajadores, sus economías, sus expectativas para una vida más digna y mejor? ¿Y cual ha sido la reacción y respuesta del movimiento organizado en el continente americano, tanto el Norte como en el Sur? Son preguntas que el corresponsal Dick Emanuelsson hace en la siguiente entrevista a Víctor Báez, viejo líder sindical de Paraguay que a principio del año asumió la dirección de la continental organización sindical CSA, en representación a 45 millones de afiliados.

    Dick Emanuelsson (D.E.): ¿Qué efectos tiene la crisis en los trabajadores del continente americano, comprendiendo las diferencias norte-sur?

ctor Baez Mosqueira (V.B.M.:) Comparativamente entre los trabajadores de América del Norte y América Latina, podría afirmarse que el impacto ha sido mayor en estos últimos ya que, hasta el tercer trimestre del 2008, en esos países se vivía una época de auge económico, iniciado seis años antes, como resultado de las condiciones mundiales en cuanto a fuerte demanda de exportaciones y la abundancia de capitales. En esos años hubo altas tasas de crecimiento del producto e incluso alguna absorción de informalidad y mejora del poder de compra de los salarios, todo lo cual retrocede ahora nuevamente. Otro aspecto grave ha sido la pérdida de ahorros acumulados por los trabajadores mediante los fondos privados de pensión con el régimen de capitalización individual, colocados en la bolsa, que suman alrededor del 20% en Argentina y México. La caída ha sido de más del 40% en Chile, equivalente a 9 años de ahorro, dado que allí se habían estimulado colocaciones de alto riesgo.

Claro está que la pérdida de puestos de trabajo en EEUU (y Canadá) también es considerable, alcanzando niveles de desempleo que no se observaban desde hace 25 años.

    D.E.: ¿Cuál ha sido la reacción de los trabajadores y sus organizaciones?

V.B.M.: El sindicalismo de la región cree que la recuperación prometida para dos años es muy optimista. Las medidas de emergencia, incluyendo planes antícíclicos, en América Latina no han tenido la envergadura observada en los países del Norte, lo que en parte tiene que ver con que no han sido necesarios (en cuanto al salvataje de empresas) pero también con que no se dispone generalmente de los recursos necesarios (salvo países como Chile, que construyeron fondos anticíclicos y Brasil), o se duda en utilizar las reservas internacionales (que tienen como principal sentido dar una "señal" de estabilidad al resto del mundo).

En América Latina enfrentamos una permanente falta de disposición empresaria a acordar formulas equilibradas, ya sea mediante el dialogo social tripartito o el bipartito mediante la negociación colectiva.

Los empresarios a la ofensiva

Al respecto, en una reunión tripartita de OIT regional sobre la crisis de la cual donde participó la CSA, junto a otras cuatro afiliadas (CTM México, CGT Argentina, CUT Perú, CGT Colombia) ("Diálogo de Interlocutores Sociales: respondiendo a la crisis: crecimiento, trabajo y estabilidad, Lima, 24 febrero 2009), la declaración empresarial no disimula sus posiciones, que presentan elementos claves:

  • 1. "las medidas en el ámbito crediticio, regulatorio, fiscal y administrativo, deben crear las condiciones para llegar a acuerdos con los trabajadores en la aplicación de mecanismos efectivos que hagan posible la retención de los trabajadores, sin que por ello pueda menoscabarse la supervivencia de las empresas";
  • 2. las medidas que amortigüen el efecto de la crisis "deben inscribirse claramente en los principios del G-20: economía de libre mercado, respeto del estado de derecho y la propiedad privada... se necesita "libertad de comercio e inversión, y mantenimiento de mercados competitivos";
  • 3. la crisis como factor coyuntural "no debe suponer desvíos con respecto de cuestiones estructurales: mejora de las condiciones de seguridad jurídica, y de adecuado funcionamiento de las instituciones en sistemas democráticos y fundados en la libertad en todas sus dimensiones";
  • 4. debe "evitarse el desplazamiento del sector privado por parte de programas masivos de inversión pública en los paquetes de estímulo fiscal". Esta declaración comienza también la "batalla" empresaria por la utilización interesada del concepto de "empresa sostenible" (resolución de OIT del 2007), en cuanto a que "para mejorar las condiciones de dignidad del trabajo es necesario profundizar en la sustentabilidad de la propia empresa".

Los empresarios, de esa forma, siguen exigiendo el sacrificio de los trabajadores para superar la crisis, lo cual es inaceptable.

En EEUU, la AFL-CIO ha recibido claros mensajes del presidente electo, en cuanto a que el sindicalismo es "parte de la solución y no de la crisis", lo que parece anticipar un enfoque de mayor sensibilidad hacia el sector, luego de casi diez años de políticas antisindicales.

Las expectativas son muchos menores en Canadá, donde el primer ministro ha sido explícitamente un seguidor del ex presidente Bush.

Las cumbres internacionales

  • D.E.: ¿Qué medidas propone CSA para aliviar los golpes económicos y sociales sobre los trabajadores?

V.B.M.: CSA ha acompañado los últimos seis meses a la CSI en sus declaraciones ante las dos Cumbres del G-20 (Las organizaciones afiliadas a CSA, y ha efectuado la suya propia, en relación con el contexto propiamente americano (Trinidad Tobago, abril 2009, ante la V Cumbre de las Américas).

CSA asume su responsabilidad como miembro regional de la CSI en cuanto a las propuestas centrales macroglobales para enfrentar la crisis, explorando las "oportunidades" que brinda para avanzar en un nuevo modelo de gobernanza global, y superar la crisis de justicia distributiva que se ha acumulado en los últimos treinta años, por el predominio del enfoque neoconservador y del desarrollo de un capitalismo de hegemonía financiera.

En el documento evaluativo pre-Londres, hemos señalado que "el enfoque de la CSI se detiene poco en la situación de sus regionales, interpretando que la propuesta de cambio a nivel global es una condición básica para resolver los problemas del subdesarrollo, los cuales son reconocidos, en términos de desigualdad entre regiones y países. Ello es comprensible, en el sentido de que una organización global debe concentrarse en las propuestas globales, pero entonces la CSA (así como las otras regionales) tiene el papel de avanzar específicamente en las problemáticas específicas de la región. En este plano, aparecen elementos diferenciados que aportan a la interpretación de la propuesta global de la CSI: por ejemplo, si en los países desarrollados la demanda es por una recuperación de los mayores niveles de igualdad que existían allí en décadas pasadas, esta formulación, en el caso de países con menor desarrollo, debe fijar la mirada en el hecho de que más que un "retorno", se necesita una "llegada" a una mayor igualdad social.

Se necesita un desarrollo de "nuevo tipo"

Asimismo, en cuanto al papel del Estado, hay que recordar el hecho de que en la periferia éste ha sido, durante el ciclo neoliberal, golpeado por versiones extremas del enfoque de la desregulación y de la meta del "Estado mínimo". Al respecto, el sindicalismo latinoamericano dispone de un buen esquema estratégico, la Plataforma Laboral para las Américas (PLA), que ya ha sido bastante difundida y apreciada por el sindicalismo europeo. La propuesta estructural de la CSA tiene como eje central la consigna de un desarrollo sostenible, asumiendo el concepto internacionalmente reconocido desde hace veinte años, que destaca tres pilares: el económico, el social y el medioambiental.

Para la CSA se necesita, como condición esencial, un desarrollo de "nuevo tipo", en que los países de la región avancen hacia economías mas justas y equilibradas en sus componentes internos y externos, que generen más y mejores trabajos, incluyendo niveles remuneratorios justos, complementados por políticas de protección social, que en su conjunto reconozcan las expectativas de las personas ubicadas en los segmentos medio y bajo de ingresos (la "base de la pirámide"), hacia un "consumo de masas".

El centro está puesto en los problemas recurrentes del subdesarrollo económico de los países de la región, manteniéndose lejana la meta de alcanzar verdaderos procesos de acumulación en el largo plazo, con componentes de autonomía que reduzcan al mínimo el impacto de factores externos, ya sea una crisis financiera o las políticas de las transnacionales.

En el logro de esta economía diferente, juegan muchos factores, como la política fiscal progresiva entre ricos y pobres (y al interior de estos entre los distintos sectores sociales), las políticas estatales que hacen accesibles los bienes públicos para las clases populares, en cuanto a salud, transporte, educación, vivienda y el propio consumo de alimentos, ropa y otros elementos de la vida cotidiana. Estos factores, así como la protección social, retroalimentan el consumo, hacia un círculo virtuoso económico.

Junto al factor interno, se ubica el externo, partiendo del concepto de comercio justo en el multilateralismo, proyectándose hacia el plano de la integración regional, que desde hace casi veinte años es considerada clave por el sindicalismo latinoamericano-caribeño, especialmente entre países cercanos en cuanto a su desarrollo productivo y factores culturales. Por esta vía, se aumentan las interrelaciones comerciales y se juntan fuerzas ante otros bloques y ante los países centrales, permitiendo así su mayor capacidad para imponer sus condiciones en la "selva del mercado". También se espera que a través de la integración los países miembros alcancen un grado alto de coordinación económica, de forma que los respectivos Estados nacionales se fortalezcan a través de acuerdos.

"Otra dosis de jarabe keynesiano"

    D.E.: ¿Qué reacciones ha habido desde los gobiernos?

V.B.M.: Las medidas tomadas por el nuevo gobierno norteamericano han sido consideradas por dos de los gurúes globales (Paúl Krugman y Joseph Stiglitz) como moderadas y básicamente equivocadas, por la insistencia en el salvataje de los bancos en problemas. Krugman ha considerado que el actual plan es una "idea zombi", en el sentido de que las soluciones fáciles son un "muerto que siempre vuelve", al evaluar que nada está fundamentalmente mal en el sistema bancario. Stiglitz acaba de pedir un Plan B en la reestructuración de los bancos, para eliminar sus aspectos "costosos e injustos" y "otra dosis de jarabe keynesiano".

Los gobiernos latinoamericanos, por su parte, enfrentan, desde el sector externo, el problema derivado de un menor consumo global y un menor flujo de inversiones y créditos, por el nuevo proteccionismo, dado que el motor de sus economías en estos años, fundamentado en la gran demanda exportadora de commodities, no volverá (excepto parcialmente la originada desde China), y en esa abundancia de recursos externos. Por lo tanto, sus modelos económicos se encuentran en la disyuntiva sobre cómo seguir, siendo que no tienen, en el plano de su mercado interno (y de su mercado ampliado mediante la integración subregional), los equilibrios y potencialidades necesarias, con la actual distribución del ingreso e integración productiva, para repetir el camino de los países hoy adelantados.

Lo perdido en Trinidad y Tobago

Pero para responder en forma definitiva a la pregunta, una ocasión perdida fue la Cumbre de Trinidad y Tobago, donde no hubo documento y donde el borrador del documento que iba a ser firmado ignoraba totalmente la crisis. Esa hubiera sido la oportunidad magnífica para tomar como base los acuerdos del G-20 de Londres e ir mucho más lejos, dado que dicen que tenemos gobiernos progresistas en nuestro continente. Esa fue la oportunidad perdida para dar un golpe de timón a las políticas sociales, económicas, alimentarías y energéticas de la región.



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