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Influencia Neoliberal en la Reforma del Estado en Latinoamérica -Ciclos y Representantes-


Renee Isabel Mengo (*)

Resumen

Abstract(**)

En las últimas dos décadas, Latinoamérica ha pasado por un período de transición múltiple que afecta no solamente a las instituciones económicas, sino también a las instituciones políticas, sociales y culturales, las cuales están internalizando los costos sociales y de beneficencia en términos económicos y de los valores que representan. Décadas de influencia externa en formas muy diferentes han destruido y debilitado los mecanismos de las instituciones tradicionales del Estado, al mismo tiempo que están creando islas de instituciones modernas que resultan ser ineficientes y distanciadas del carácter de la sociedad en su conjunto.

La reforma del Estado en Latinoamérica abarca tres períodos: el de ajustes de la balanza de pagos; el segundo período involucra las privatizaciones y, el tercer período que comprende los ajuste institucionales a largo plazo necesario para consolidar y mantener las reformas anteriores.



Presentación

El Estado latinoamericano fue un Estado benefactor, un tipo de Estado protector e interventor diseñado para dar respuesta a los requerimientos cambiantes del entorno capitalista internacional. El poder de los intereses capitalistas hegemónicos externos domina e influencian las estrategias y políticas de desarrollo de los Estados latinoamericanos. Estas se delimitan en un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones financiado por inversiones privadas y endeudamiento público, con lo que el Estado asume el papel supletorio del sector público. El modelo de Estado de los países latinoamericanos se fundamenta en un populismo político, en un mercantilismo económico y en una sociedad dualizada. Para finales de la década de los sesenta, este modelo de Estado evidencia su agotamiento y entra en crisis, evidenciando sus debilidades: la excesiva burocratización, corrupción e ineficiencia del aparato administrativo que ejerce un presupuesto deficitario e inestabilidad macroeconómica. La inserción subordinada del Estado Latinoamericano en los procesos de globalización emergentes incide en brutales endeudamientos externos sin la consolidación política suficiente, debido a décadas de inestabilidad política.

En las últimas dos décadas, Latinoamérica ha pasado por un período de transición múltiple que afecta no solamente a las instituciones económicas, sino también a las instituciones políticas, sociales y culturales, las cuales están internalizando los costos sociales y de beneficencia en términos económicos y de los valores que representan. Décadas de influencia externa en formas muy diferentes han destruido y debilitado los mecanismos de las instituciones tradicionales del Estado, al mismo tiempo que están creando islas de instituciones modernas que resultan ser ineficientes y distanciadas del carácter de la sociedad en su conjunto.

La reforma del Estado en Latinoamérica tiene como causas las recurrentes crisis fiscales, la globalización de los mercados y los procesos democráticos. La reforma del Estado se determina bajo una orientación de liberalización económico-financiera del mercado, bajo un modelo de Estado mínimo que restringe su papel y limita sus funciones en dichas áreas. Se realiza sin que se tenga una visión clara del papel que debe desempeñar el Estado y de las actividades que deben realizar las entidades públicas de tal forma que determinen su lugar en la reorientación del sector público.

Latinoamérica se subordinó conscientemente a la política del Consenso de Washington1, a los procesos de integración económica y apertura de mercados con la presión de la deuda externa. El Consenso de Washington prescribe bajo la ideología del neoliberalismo, la liberalización comercial y financiera, la privatización de las empresas estatales, presupuestos balanceados, tasas de cambios fijas, etc. como base para el crecimiento económico. El modelo neoliberal del Estado lo constriñe a una nueva función para facilitar la competitividad de las economías nacionales en los procesos de globalización económica. En este sentido, se puede afirmar que los procesos de integración de los países latinoamericanos, más que ser entre ellos mismos, es más intenso con el sistema económico y financiero de los Estados Unidos de América del Norte y por supuesto no en los mejores términos.

La reforma del Estado en Latinoamérica abarca tres períodos: el de ajustes de la balanza de pagos y macroeconómico, la reestructuración de los incentivos y los precios relativos.; el segundo período involucra la privatización y la contratación de un gran número de actividades del Estado que se consideran particularmente comerciables en un mercado y, el tercer período que comprende los ajuste institucionales a largo plazo necesario para consolidar y mantener las reformas anteriores2. Esta última reforma implica dos acercamientos. En primer lugar hay un consenso de que el gobierno debería involucrarse solamente en aquéllas áreas donde el sector privado no tiene una ventaja comparativa y en segundo término, que la expansión selectiva o el fortalecimiento de las actividades gubernamentales se requiere para compensar la baja provisión de bienes públicos, incluyendo los servicios básicos3.


Las etapas de reformas y el Consenso de Washington

Todas éstas políticas se comenzaron a aplicar, desde mediados de la década del 70 del siglo pasado (Caso Chile) y se aceleraron a partir de 1982 como resultado de la crisis de la deuda externa de México, a partir de las orientaciones (mas bien presiones y condiciones) de los organismos financieros multilaterales. Su objetivo básico fue y es "desmantelar al Estado" y "poner en pleno funcionamiento "el libre mercado".

A finales de la década de los 80 se discutía si estas políticas eran imposiciones del FMI y del BM o si eran productos de decisiones soberanas de los Gobiernos de los países latinoamericanos.

Sin negar que ya muchos gobiernos latinoamericanos estaban ligados a éstas políticas a través de la formación que varios mandatarios recibieron en Harvard, Boston, Chicago, etc., la verdad es que fueron, principalmente, imposiciones de dichos organismos financieros internacionales.

De acuerdo a Williamson los diez instrumentos de política propuestos por el "Consenso de Washington" (1990), eran: 1. La disciplina fiscal; 2. Priorización de gasto público en educación y salud; 3. Reforma tributaria; 4. Tasas de interés positivas determinados por el mercado; 5. Tipos de cambio competitivos; 6. Políticas comerciales liberales; 7. Apertura a la inversión extranjera; 8. Privatizaciones; 9. Desregulación; y 10. Protección a la propiedad Privada.

Pero como dice este mismo Informe: "Salvo una excepción (la protección de los derechos de propiedad), los dictámenes de políticas del "Consenso de Washington" ignoraron la función que podrían cumplir los cambios institucionales en acelerar el desarrollo económico y social de la región; en cambio, este consenso se centró principalmente en asuntos de disciplina fiscal, liberalización de la política comercial y del régimen de inversiones, desregulación de los mercados internos y privatización de las empresas estatales." A continuación se detalla las etapas de las reformas-


a. Reformas de la primera generación: Ajuste estructural y estabilización.

Como respuesta inmediata a la crisis económica de los ochenta por la que atravesaron los países latinoamericanos se establecen una serie de medidas económicas tendientes a lograr el equilibrio macroeconómico, tales como ajustes en la balanza de pagos, reducción de la escala de la administración, desregulación, reestructuración de incentivos y de precios relativos, descentralización y privatización. Las políticas de ajuste estructural y estabilización económica pretenden garantizar la renegociación y pago de la deuda externa. Estas políticas buscan promover la inversión extranjera, e incentivar empresarios. Estas políticas de ajuste estructural se acompañaron de políticas sociales compensatorias. Los países más endeudados, México y Brasil, aceptan las condiciones como intentos para superar sus crisis. Chile fue el primero en lanzar reformas apoyado en un gobierno militar, mientras que México lo hizo con el apoyo de un partido hegemónico.

La crisis financiera de los Estados latinoamericanos durante la década de los ochenta y los noventa caracterizada por déficits presupuestales, políticas monetarias flexibles e índices inflacionarios galopantes dio cabida a las intervenciones del Fondo Monetario Internacional. El FMI acudió al rescate imponiendo sus políticas de presupuestos balanceados tendientes a sanear y estabilizar las finanzas públicas de los Estados Latinoamericanos, mediante la austeridad fiscal, control de la inflación, una rígida política monetaria y fiscal, reducción del tamaño del gobierno a través de adelgazamiento y reingeniería de procesos, privatización de empresas propiedad del Estado (EPEs), desregulación de la actividad económica, como condición para prestar ayuda.

Estas políticas conocidas también como de ajuste estructural impuestas por el "Consenso de Washington" han dado beneficios en el ámbito macroeconómico, pero también han dado origen a una ingobernabilidad de las instituciones económicas que han propiciado una inestabilidad financiera de los mercados, profundización en los niveles de pobreza, mayor desigualdad y exclusión social, baja calidad de vida, deterioro y precariedad de las condiciones de vida, e incremento en los niveles de violencia social e institucional. El costo social de la aplicación de estas políticas de ajuste estructural es alto en términos de reducción del gasto público en materia de educación, salud, vivienda, etc. Programas como el Fondo Social de Emergencia en Bolivia y el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en México se diseñaron no sólo para combatir la pobreza, sino también para afirmar el programa de ajuste estructural y estabilidad.

Al término de una política proteccionista no se tenía un diseño claro de otra política que bajo condiciones de competitividad permitiera a las organizaciones insertarse de lleno en los procesos de globalización. Las instituciones críticamente afectan los costos del ajuste estructural de acuerdo al análisis de North4. Las políticas de ajuste estructural tienen más bien una lógica política que una racionalidad económica. El argumento de que para alcanzar los niveles de eficiencia económica se tiene que pagar un alto costo social y que la desigualdad es necesaria para lograr la acumulación de capital y el crecimiento económico, no son totalmente válidas. Los programas de ajuste estructural aplicados en Latinoamérica no dieron resultados satisfactorios. El Banco Mundial (1997, 26) reporta: "Han fracasado los intentos de desarrollo basados en el protagonismo del Estado, pero también fracasarán los que se quieran realizar a sus espaldas. Sin un Estado eficaz el desarrollo es imposible".

Desgraciadamente, fue durante el mismo periodo en que se introdujeron los programas de ajuste estructural, que se realizan la apertura de los mercados, reducción del gasto público, la privatización de las corporaciones estatales, aumento de los impuestos y el sometimiento de la política económica al cumplimiento de metas financieras, etc., y se pensó que era la dirección correcta porque se había perdido la fe en el manejo de los recursos por el gobierno. No obstante, las economías nacionales están siendo saneadas para favorecer a la inversión capitalista transnacional.

El problema se complica cuando debido a la aplicación de las políticas de ajuste estructural, sobre todo en los países latinoamericanos, la capacidad del Estado para satisfacer las demandas sociales se está reduciendo substancialmente. Las políticas de ajuste estructural han barrido las estructuras económicas, políticas y sociales de los Estados nacionales. Lo que ha resultado es un dualismo social en el que se muestra los altos niveles de desigualdad debido a una mala distribución de los beneficios de la riqueza, mientras que una minoría cuenta con todos los recursos, la mayoría vive en niveles inferiores a la línea de pobreza. Los organismos internacionales que formulan las políticas económicas y los gobernantes que las implementan son insensibles a las verdaderas causas de la pobreza y tienen una fe ciega en que las fuerzas del mercado y el tiempo son la verdadera solución. En otras palabras, diseñadores e implementadores de las políticas dejan que en las fuerzas del mercado se determine la construcción del tipo de sociedad.

Las reformas estructurales y de ajuste, así como los procesos de integración económica están favoreciendo el crecimiento económico de los sectores productivos más modernos que se han vinculado a la dinámica del comercio internacional. En este esquema de comercio internacional en pleno siglo XXI, no hay lugar para otras formas de integración, ni tampoco existe espacio para los que tienen bajos logros. El crecimiento económico está siendo generado por la denominada nueva economía vinculada a la alta tecnología, telecomunicación y servicios financieros y no por la vieja economía compuesta por los sectores tradicionales como la construcción, transportes, etc. Los factores que explican este crecimiento son la flexibilidad laboral y la actualización y capacitación requerida. La inmensa mayoría de las personas vinculadas a los sectores productivos más tradicionales están pagando los costos de los ajustes y cambios estructurales, rezagándose en el mejor de los casos, cuando no están siendo marginados del desarrollo o bien desapareciendo totalmente como entes productivos. Sin embargo, a pesar de un crecimiento económico en los sectores de la nueva economía, las desigualdades sociales van en aumento.

América Latina ha experimentado un crecimiento económico razonable, aunque no distribuido equitativamente, es decir, el crecimiento es a favor de una clase de empresarios que no ha podido compartir los beneficios con los demás (Llorente, 1999). No obstante, la recuperación del crecimiento económico permaneció estancado en 1999, con un aumento del producto interno bruto (PIB) regional apenas perceptible de 0.1 por ciento. Un estudio de la United for a Fair Economy concluye que como efecto de las políticas económicas regresivas aplicadas en las últimas dos décadas en los Estados Unidos, el uno por ciento de los hogares más ricos ha duplicado su captación de la riqueza nacional. Esto, desde mediados de los setenta y ahora cuenta con más riqueza que 95 por ciento de la población5 . Un patrón de comportamiento económico similar se repite en América Latina.

Queda así en entredicho la tesis de que las economías abundantes en mano de obra como las de los países latinoamericanos, son las que más pueden obtener crecimiento económico y reducción de la pobreza vía liberalización económica, porque la ventaja comparativa favorece al trabajador pobre. Esta tesis ha motivado la aplicación de políticas apropiadas de los Estados faccionales democráticos y los predatorios, los cuales son empujados en esa dirección que consideran ser la correcta6. Esta tendencia altera radicalmente los procesos de la vida y el trabajo bajo ciertas circunstancias, de tal forma que resultan en un incremento del empleo en el sector servicios con la consecuente declinación del empleo en las manufacturas, el incremento de la fuerza de trabajo femenina y del trabajador migrante, etc.

Otros autores anotan que los Estados en desarrollo que confían en la ventaja de los costos laborales para las inversiones extranjeras serán golpeados duramente por los movimientos de la automatización flexible. Los nuevos países industrializados no serán del todo afectados si basan su ventaja competitiva tanto en temas de infraestructura y en asuntos fiscales y legislativos, como en la oferta de trabajo7. En las economías latinoamericanas abundantes de tierra, la ventaja comparativa indica la especialización, la cual daña los intereses a corto plazo del capital y el trabajo creando desajustes en los procesos de liberalización económica.

North8 llega a concluir que la causa histórica del subdesarrollo y la violencia política se debe a la implementación de políticas de ajuste estructural, entre las cuales las instituciones financieras internacionales y los donantes condicionan los programas de asistencia, y por lo tanto inclinando el balance del poder en favor de los sectores privados y militar.


b. Segunda generación de reformas: Reformas institucionales.

La segunda generación de políticas se orienta a crear las instituciones necesarias del Estado para el nuevo modelo de desarrollo con base en el eficiente funcionamiento del sector privado y la asignación eficiente de los derechos de propiedad privada. Se construyen, reconstruyen y reforman instituciones. Las reformas se orientan a fortalecer al mercado mediante la reducción de funciones del Estado, enfocándose en su eficiencia burocrática del Estado, se intensifican las privatizaciones de las empresas paraestatales, la contratación externa para la provisión de servicios públicos y se aplican técnicas y métodos de la gerencia privada que buscan optimizar el gasto de las funciones públicas del Estado y combatir la corrupción, fraude y despilfarro de los recursos públicos por lo que, las características de la administración pública en Latinoamérica son "la excesiva centralización de la autoridad, la inestabilidad de la supervisión, el legalismo, la comunicación inadecuada y la administración deficiente de personal.

Existe consenso en que la administración pública tiene que reformarse para profundizar los cambios económicos políticos y sociales en los Estados de Latinoamérica. Los aparatos burocráticos de los Estados Latinoamericanos centralizaron los procesos de toma de decisiones controlando los recursos, gastos, personal, etc.. Los puestos burocráticos superiores son designaciones discrecionales de carácter político. El promedio de permanencia de un ministro latinoamericano es de quince meses en su puesto. El Presidente Menem (1989/95; 1995/99) en Argentina reforma el servicio civil de carrera para los mandos superiores, basado en un modelo organizacional, aunque su intento no está dando los resultados esperados.

Las diferentes teorías sobre la corrupción asocian las variaciones entre las naciones con tradiciones históricas y culturales, niveles de desarrollo económico, instituciones políticas y políticas gubernamentales. Se argumenta en diversas investigaciones que para ciertos países y naciones en particular, se tiene una cultura que es congénitamente conductiva a la corrupción, como el caso de Rusia. Los factores histórico-culturales de la región latinoamericana pueden explicar los niveles de corrupción que se dan en esos países, y otros investigadores se apresuran y achacan a las tradiciones de la fe católica algunos efectos residuales de la corrupción aunque se requiere mayor investigación.

Las tradiciones institucionales y culturales afectan los niveles de percepción de la corrupción más significativamente que las políticas del Estado. Se han sugerido una variedad de características nacionales de tipo económico, político, social, religioso, cultural, etc. que afectan los costos de los riesgos y beneficios esperados. Los programas de lucha contra la corrupción fracasan, como en los casos de la Renovación Moral de De la Madrid en México y el del Alcalde de La Paz, Bolivia.

En 1980 Pinochet otorga independencia al Banco Central en Chile. Argentina en 1990, Colombia en 1991, México en 1993 y Venezuela otorgan mayor independencia y autonomía a sus Bancos Centrales, aunque es muy discutible que en un sistema político altamente centralizado y presidencialista, como en el caso específico de México, la autonomía otorgada al Banco Central sea efectiva.



c. La Reforma del Estado y gobernabilidad.

La Reforma del Estado se enfoca en los procesos de liberalización económica y en la reinvención de las instituciones del Estado para facilitar procesos políticos que garanticen la eficiencia, responsabilidad (accountability) y participación democrática en el control burocrático gubernamental mediante la reestructuración de incentivos organizacionales como en la reforma al servicio civil de carrera, motivada por la crisis fiscal. La delegación y la descentralización son los principales elementos de ésta Reforma del Estado. La gobernabilidad de las instituciones y la sociedad introduce la relación que existe entre el diseño de un aparato de administración pública efectivo y la vigencia de un marco legal efectivo. Sin embargo, es más difícil de realizarla cuando existe una aguda división de partidos políticos como es el caso reciente en México.

Sin embargo la participación popular y la descentralización política son relativamente nuevas en el contexto de los gobiernos locales en Latinoamérica, y no se encuentran exentas de múltiples problemas en la complejidad de un medio ambiente en el que la política es relegada al status de una variable más, debilitando por lo tanto, el impacto que puede tener una política de descentralización. Cuando a la gente se le involucra en decisiones que les afectan su calidad de vida, su participación apoya y sostiene sus propias decisiones, aseguran el uso más eficiente de los recursos para la satisfacción de las necesidades y se hace más difícil su desvío y mal uso porque se transparentan y se vuelven más fácil de detectar.

Antes que el Estado en sí mismo se transforme, es más probable que las relaciones informales de las instituciones del Estado con la sociedad civil, se encuentren bajo presión para ser reestructuradas. En el gobierno de Frei Ruiz-Tagle en Chile, la demanda por modernizar al Estado bajo una connotación más democrática, hace que la gestión pública se transforme desde una cultura de súbditos para enfocarse a una cultura de ciudadanos, con un énfasis mayor en la relación del Estado con la sociedad civil. El sector público implementa procesos de calidad en el servicio y programas de participación ciudadana, sensible a las demandas, necesidades e interese de las personas.


Los ciclos neoliberales y sus representantes

Los autores Petras y Morley9 señalan que, en América Latina existe un descontento hacia los gobiernos liberales, sin embargo se presentan dos paradojas: primero, se sigue eligiendo a regímenes que siguen la misma política y segundo, los partidos que contienden por el poder hacen su campaña con críticas hacia el sistema y al llegar al poder siguen la agenda neoliberal del predecesor, a través de las PAEs o políticas de ajuste estructural. Estos ciclos fueron a saber:


1. década de los ochenta de dictaduras a gobierno civil.

2. finales de los ochenta mitad de los noventa.

3. segunda mitad de los noventa a la actualidad.





PRIMERA OLEADA

La crisis del sistema capitalista internacional de 1973 y el debacle económico causado por los regímenes dictatoriales y autoritarios en la región hicieron que la democracia llegará a América Latina a finales de la década del 70. Ecuador (1978), Perú (1980), Bolivia (1982), Argentina (1983), Uruguay (1984), Brasil (1985) y Chile (1990).

La década del 80, con años de diferencias según los países y circunstancias, será recordada como la de la “recuperación” democrática”. Parecía que Latinoamérica había encontrado la senda del orden político democrático. Muchas expectativas se tejieron en torno a los candidatos y luego presidentes. Parecía querer recuperar décadas perdidas. Gran ilusión de parte de la ciudadanía, se vivieron verdaderas fiestas cívicas en base al sufragio. Debido a la falta de experiencia cívica y con el poder militar marcando a los políticos, las débiles democracias, trataron de sobrellevar la vida política bajo tal presión; unido a los factores de presión internos, estaban los externos, básicamente sobre el pago de las deudas con los organismos acreedores internacionales quienes habían otorgado grandes créditos y caros a las diversas dictaduras con tal de que controlasen en su momento, la ideología en la sociedad. Así fue que el despertar democrático se desarrollo sobre un Estado de formato obsoleto, inadecuado. Esta situación hizo crisis cuando se desintegró el mundo bipolar en 1989.

Los representantes fueron:


Alan García (Perú) democratización y apertura = libertad y prosperidad

Alfonsín (Argentina)

De la Madrid (Mexico)

Sanguinetti (Uruguay) re/formar re/encontrarse con los programas de estabilización y ajuste.

Sarney (Brasil)

En general, sus gobiernos se desarrollaron entre:


    Desmembrar programas de bienestar social


    Debilitar la legislación laboral


    Empezar a desmantelar el sector estatal


    Privatizar empresas públicas


    Prioridad a la deuda externa


    Hay un fracaso en el crecimiento dinámico y sostenido: distribución inequitativa de la riqueza e ingresos10.


    El BM y el FMI en vez de reevaluar critican y se aferran señalando que las políticas no se habían aplicado de manera suficientemente enérgica, consistente y sostenida.


SEGUNA OLEADA

Con el fin de la guerra fría y la caída del bloque socialista en 1989, se abrió paso a una pretendida unanimidad en torno al neoliberalismo capitalista, a la propuesta política estadounidense y a la democracia formal de “occidente”. Este proceso se vivió con especiales consecuencias en América Latina, donde se venían consolidando las tecnocracias gubernamentales, la visión empresarial del Estado y el sumiso alineamiento hacia las directrices de los Estados Unidos. Todo esto por medio de procesos democráticos que se estrenaron en gran parte de los países latinoamericanos en épocas recientes y en medio de la creciente mundialización de la economía, signada en Latinoamérica por procesos de apertura incondicionales.

La democracia se convirtió en la fase de transición hacia la implantación de un resurgir de las políticas fallidas del liberalismo clásico, por medio de la imposición del llamado Neoliberalismo. Proyecto destinado a desmantelar las garantías sociales y económicas del Estado Social de Derecho. Esto se profundizó al caer el Estado Soviético en 1989, que trajo como consecuencia la promulgación del capitalismo como la única visión del mundo.

Característica definitoria de la segunda oleada: imponer políticas por decreto del ejecutivo arbitrariamente pasando por alto el poder legislativo y violando las normas constitucionales y los derechos civiles individuales. Se crean más instituciones coercitivas, hay una remilitarización de la sociedad civil.


Cuando declinan estos sistemas surgen dos tipos de oposición:

Partidos políticos bien financiados que condenan la “severidad” del proyecto neoliberal, pero preparan una nueva oleada de experimentos neoliberales.

Movimientos sociales que surgen para evitar caer en una pobreza más profunda11.

Sus representantes fueron:


Andrés Pérez (Venezuela)

Carlos Ménem (Argentina)

Paz Zamora (Bol) su ascenso al poder es mediante campañas electorales donde

LaCalle (Uruguay) critican los efectos neoliberales.

Salinas de Gortari (Mexico)

Collor de Mello (Brasil)


Al llegar al poder apoyan la agenda neoliberal


    Re/estructaración


    Radicalización de posturas


    Privatización acelerada


    Más recortes salariales.


    Crear un mayor ejército industrial de reserva


    Mano de obra barata


    Corrupción


TERCERA OLEADA

La irrupción de nuevos y fortalecidos movimientos sociales y culturales, la configuración de nuevas luchas y reivindicaciones ciudadanas, la llegada al poder de gobiernos alternativos o de izquierda en la Región, la aparición de nuevos partidos políticos a la vida local y nacional, han configurado un intenso debate sobre el papel de la democracia en la complejidad de todos estos procesos de cambio y transformación política y social que vive hoy Latinoamérica.

Se ve una versión más militarizada al régimen neoliberal con los de la tercera oleada y los movimientos sociales adquieren un carácter revolucionario.

¿Por qué la oposición aparente de los votantes hacia el neoliberalismo se traduce en la elección de regímenes sucesionales casados con las mismas políticas?

los candidatos neoliberales se disfrazan a través de discursos populistas y nacionalistas y cuando llegan al poder se olvidan de sus promesas y llevan a cabo sus programas de “ajuste” y “estabilización”.

las preferencias de los electores se hallan subordinadas por los intereses de los grandes grupos económicos organizados.

los políticos centro-izquierda son débiles en su propuesta antineoliberal y al llegar al poder se ven inmersos en la ética del autoenriquecimiento.

Sus reprentantes fueron:


Fujimori (Perú)

Ménem (Argentina)

Zedillo (México) demuestran que las PAEs no coadyuvan al proceso de desarrollo.

Caldera (Venezuela)

Sánchez Lozada (Bolivia) espiral ascendente de los ricos.

Henrique Cardoso (Brasil) continúa la declinación en los niveles de vida.



          Conclusiones


Los países latinoamericanos han sido sorprendidos por los procesos de globalización porque no tenían los mecanismos económico-políticos y las instituciones necesarias para asimilar los efectos en materia de una mayor justicia social en la distribución de la riqueza. Los retos planteados por los procesos de globalización a Latinoamérica, implican la revisión de las utopías románticas de la integración latinoamericana.

La paradoja es que contrariamente a los principios del neoliberalismo que postulan el libre mercado, la democracia y la libertad individual, las reformas del Estado Latinoamericano han sido implementadas bajo prácticas de gobiernos autoritarios y bajo acciones intervencionistas, que han acentuado prácticas del presidencialismo, clientelismo, corporatismo y populismo, como el caso de México con el autoritario Salinas, Chile con el dictador Pinochet, la democracia delegativa de Fujimori en Perú y Menem en Argentina. La democracia delegativa es una forma perversa de ejercicio de la gobernabilidad democrática, resultada de las iniquidades existentes. Actualmente en los Estados Latinoamericanos brotan tendencias hacia un sistema de gestión pública caracterizada por un pragmatismo oligárquico que personaliza el poder, como el caso de Fujimori en Chile. Sin embargo, el resurgimiento del populismo es otra posibilidad presente en Latinoamérica, como el reciente caso de Venezuela.

En Latinoamérica, fueron los años durante los cuales una importante cantidad de presidentes surgidos de elecciones sufrieron distintas suertes: algunos fueron juzgados y condenados por fraude y enriquecimiento ilícito (Collor de Mello en el Brasil, Pérez en Venezuela y Bucaram en Ecuador); otros fueron públicamente identificados con asesinatos y narcotráfico (Salinas en México), drogas y contrabando (Jaime Paz en Bolivia), y venta fraudulenta de empresas públicas (Cardoso en el Brasil). La presidencia de Menem tuvo la particularidad de combinar todos los vicios de sus colegas presidentes, con una diferencia: mantuvo el apoyo de Wall Street, la Comunidad Económica Europea y las más importantes instituciones financieras (FMI, Banco Mundial, BID).

El diseño institucional de esta transición ha sido elaborado por las elites locales, con el fin de hacer modificaciones a los regímenes políticos (formas de gobierno) y los procesos de la gobernabilidad (grados de gobierno). Camou (1998) denomina a las formas de gobierno y a los grados de gobierno como los "paradigmas de la gobernabilidad". Señala a estas dos décadas en Latinoamérica como un periodo de "confluencia problemática y multifacética de varias transiciones", entre las cuales identifica la transición social y cultural, la transición económica y la transición política. La transición socio-cultural ha resultado de las transformaciones de un modelo de "modernización desarrollista" a otro de una "modernización globalizadora".

Los presidentes de México, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, etcétera, sirvieron de instrumentos para hacer que la década del 90 haya sido la más lucrativa para los bancos y multinacionales de los Estados Unidos y Europa: cerca de un trillón de dólares en ganancias, pagos de intereses de la deuda, excedentes comerciales y pagos en concepto de regalías, sumados a la venta de la mayor parte de los activos de las empresas más valiosas, y la transferencia del control del grueso de los mercados internos.

Situaciones políticas similares a las Menem se dieron en el Perú con Fujimori y en el Brasil con Cardoso. El capital precipitó una crisis contra los débiles regímenes “nacionalistas” de Alan García en el Perú y de Itamar Franco, en el Brasil. Consiguientemente, los nuevos presidentes electos, que habían desarrollado su campaña en base a programas populistas, procedieron a implementar programas de estabilización orientados a crear el clima para la privatización drástica.

Menem en Argentina, fue el líder de la segunda ola de neoliberalismo: estableció la conexión explícita con el capital extranjero e introdujo las nuevas políticas autoritarias a fin de asegurar la implementación de sus políticas. En primer lugar, eludió al Congreso, privatizando por decreto; en segundo lugar, intervino en el ámbito judicial para asegurarse jueces complacientes; en tercero, impulsó la reforma constitucional para asegurar su reelección. Este patrón de ejercicio autoritario del poder fue seguido subsecuentemente en el Perú y el Brasil. Menem, como Cardoso en el Brasil y Salinas en México, representa una ruptura radical con las instituciones “nacionalistas y populares” de su país: el completo desmantelamiento de los programas de bienestar social y la venta de empresas públicas.

El neoliberalismo es incapaz de crear una política estable y que prevea alguna recuperación del crecimiento sostenido y de beneficios que permitirían la consolidación a largo plazo. Entonces, ¿por qué el neoliberalismo entra en una crisis más profunda con cada nueva oleada de “ajustes” en vez de la recuperación económica y la prosperidad?

Las PAEs provocan barreras que hacen más difícil la resistencia popular hacia ellas y abren más la brecha entre ricos y pobres

La estrategia neoliberal se basa en concentrar riquezas privadas, incrementar la propiedad extranjera y monopólica. Tiene como premisa dar prioridad a los pagos de la deuda externa sobre y por encima de cualquier desarrollo interno

La declinación de la educación pública y la expansión de la educación privada elitista ligadas a una economía especializada al servicio de los mercados de exportación y servicios especulativos.


(*) Docente e investigadora en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina.
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(**) Abstract
Influence in the Neoliberal State Reform in Latin America
Representatives-and-cycles




In the past two decades Latin America has gone through a transition period involving multiple institutions not only economic but also political institutions, social and cultural rights, which are internalizing the social cost and benefit in economic terms and the values they represent. Decades of external influence in very different ways have destroyed the machinery and weakened the traditional institutions of the state, while they are creating islands of modern institutions that are inefficient and alienated character of society as a whole. State reform in Latin America covers three periods: the first adjustment of the balance of payments, the second involves the privatization and the third comprising the long-term institutional adjustments necessary to maintain and consolidate previous reforms.

Dra. Renee Isabel Mengo
R.A, Córdoba- Febrero de 2009


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