Guerrilla
y autoritarismo
en
la Guadalajara de los setenta
Jesús Zamora García1.
En el libro México:
el poder, el dinero y la sangre2 Adolfo Gilly
habla de cómo el levantamiento zapatista de 1994, llevó a la crisis
a un modo de dominación. Dice el autor, que la fuerza con qué
los poderes financieros extranjeros se apropiaron definitivamente del
control económico del país, a partir del Tratado de Libre Comercio,
es la principal causa de esa crisis. Gilly habla del año 1994 como
el punto de corte entre dos formas de hacer política; dos formas distintas
que tenían los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
que dirigió al país de 1929 al año 2000. Es el periodo anterior a
1994 lo que me interesa señalar. Gilly descifra en buena media con
el concepto modo de dominación, una forma de hacer política
y de dominar. La lucha contra la guerrilla es la que nos revela
con toda nitidez ese modo de dominación. Esta condición no
fue privativa de los setenta, sino que es un atributo del autoritarismo
del poder político mexicano derivado de la posrevolución.
Es
por ello que se debe entender el combate contra la guerrilla de grupos
como la Liga Comunista 23 de Septiembre (la Liga), las Fuerzas Revolucionarias
Armadas del Pueblo (FRAP) y la Unión del Pueblo (UP) en la Guadalajara
de los años setenta, como una continuación de los métodos represivos
de un Estado nacional autoritario. Asimismo, en mayor o menor medida
los grupos de oposición organizados en un marco de legalidad, padecieron
formas diversas de represión desde el Estado; los cuales ya sea desde
el precario andamiaje del sistema político, o desde la rebelión, enfrentaron
esa condición de dominio. Hay muchos casos de muestra: la persecución
contra los cristeros a fines de los años veinte y parte de la
década de los treinta; el hostigamiento contra los jaramillistas
en los años cuarenta, y la matanza de henriquistas en los cincuenta3,
los movimientos sociales y sindicales de médicos, petroleros, o electricistas
de la década de los sesenta, y por último la efervescencia de las
manifestaciones juveniles de fines de los años sesenta y principios
de los setenta. Al margen de los diferentes orígenes de los movimientos
mencionados, quiero destacar que a lo largo de esas décadas que parten
desde fines de los años veinte hasta los setenta, en el país se tuvieron
gobiernos sucesivos que utilizaron como práctica la construcción de
sistemas de represión que aún se mantienen y que se han sofisticado
con el tiempo. Fue en el curso de esa secuencia represiva que la Penitenciaría
de Oblatos, situada en el oriente de la ciudad de Guadalajara, empezó
a ser utilizada a partir de 1973 para encarcelar a los guerrilleros
en un departamento exclusivo: EL Rastro. El nombre oficial del
lugar era Departamento G, pero la población lo conocía como El
Rastro debido a que durante muchos años la penitenciaría se
construyó 1932 y se cerró en 1982- ahí se sacrificaba a las reses
que se consumirían en la población. Los presos políticos encerrados
en una estructura carcelaria pensada y creada específicamente para
ellos, es parte de una continuación.
Si
la persecución contra los henriquistas4 fue
de carácter militar en los años cincuenta; la lucha contra la guerrilla
en los setenta revistió el carácter rebuscado de las agencias de policía
política con nuevos instrumentos de represión. De ahí que
puedo hablar de la lucha contra el movimiento armado en Guadalajara
y en otras ciudades del país como parte de una constancia; de una permanencia
en las formas de conservación y compartición del poder. El caso de
cada una de estos momentos históricos donde la represión, el encarcelamiento
y la muerte que partieron de los años veinte y llegaron a los setenta,
son parte de un esquema que me permitió comprender con más claridad
cómo la violencia política de la década de los setenta debe ser entendida
en el marco de la continuidad del autoritarismo: como esa forma de dominación
a la que Gilly se refiere en su libro. De igual manera, la reflexión
que hace Francisco Pérez Arce al respecto de un orden político represivo
que antecede la matanza del 2 de octubre, me ha permitido comprender tanto a la misma masacre
como al movimiento armado de los setenta, así como los efectos de un flujo, de una manera de ejercer
la política desde un Estado nacional que se había construido mediante
el ejercicio de la represión.
En ese aspecto la
política no había cambiado entre el sexenio de López Mateos (1958-64)
y el de Díaz Ordaz (1964-70). En lo fundamental era su continuación:
una política de dos manos, represión con la derecha, y concesión
graciosa con la izquierda. Los movimientos ferrocarrilero, magisterial
y telegrafista; el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia; la intolerancia
hacía el movimiento cívico en San Luis Potosí; el encarcelamiento
de dirigentes políticos o intelectuales comunistas fueron acciones
del gobierno de López Mateos, siendo Díaz Ordaz su secretario de Gobernación.
La línea se repitió frente a los movimientos desatados en 1965, 66,
67, medico y estudiantiles. La constante fue mano dura: someter cualquier
intento de salirse del control monolítico ejercido desde el gobierno,
su partido, sus sectores. Son los años dorados del corporativismo y
del presidencialismo5.
Fue ese Estado esencialmente
autoritario el que enfrentó a los grupos guerrilleros cuyos militantes
son el objeto de estudio de mi investigación. Como punto de partida
me parece capital una descripción de las conexiones habidas entre el
aparato autoritario del Estado mexicano y el sistema carcelario instaurado
hacia 1973 dentro de La Penal de Oblatos. Esto implicó identificar
un orden jerarquizado de lo correctivo que involucró tanto a instituciones
policíacas, al sector militar, a la organización de grupos para-militares
como Los Halcones y la Brigada Blanca, a funcionarios
del gobierno en diferentes niveles, así como a funcionarios del ramo
punitivo como los alcaides y los celadores que laboraban dentro de la
Penitenciaría.
Las
acciones de la guerrilla en la Guadalajara de los años setenta tenían
como cometido general debilitar un orden de organización de la sociedad.
A partir de los documentos de los grupos, en los cuales los guerrilleros
dejaron planteados sus argumentos de lucha, la UP, las FRAP y La Liga
entendían al Estado mexicano y a la burguesía nacional como una sola
entidad. Ya desde sus primeros comunicados convocando a la revolución,
Héctor Eladio Hernández Castillo, líder de la Unión del Pueblo
en Guadalajara dejaba asentada esa indiferenciación entre el Estado
político mexicano y la burguesía nacional; tal apreciación fue común
en los comunicados de los tres grupos que operaron en la Ciudad. Baste
el siguiente fragmento de un texto firmado por Hernández Castillo:
El Comando de Resistencia Popular es tácticamente,
capaz de hostigar al enemigo mediante las diversas acciones ofensivas
en contra del enemigo, acciones de carácter táctico, tales como: Acciones
de estudio táctico (colocación de bombas) en lugares importantes del
enemigo, en lo económico, en lo político y militar, confiscación
de bienes (expropiaciones: a centros bancarios, empresas privadas,
grandes comercios e instituciones burguesas), secuestros de funcionarios
o empresarios importantes (con la finalidad de obtener medios económicos,
alguna información, también como: Medios de liberación de presos
políticos), ajusticiamientos en contra de los soplones, policías,
oficiales del ejército y soldados que participen en la represión
directa en contra del pueblo y de sus organizaciones revolucionarias,
sabotajes en contra de los centros claves de fuerza motriz, vías de
comunicación y de energía mediante la inutilización de puentes, vías
férreas, depósitos de combustible, refinerías, gasoductos, reactores
de energía eléctrica, estaciones y subestaciones de las diferentes
industrias claves sobre las que se sustenta toda la economía del país,
en manos de los explotadores Nacionales y extranjeros
.6
De ahí que los ataques
de los guerrilleros se hayan dirigido tanto a inmuebles y personas relacionados
con el Estado mexicano, como a aquellos que se vinculaban a los sectores
empresariales. La identificación de un enemigo común fue el punto
de convergencia de los tres grupos guerrilleros en Guadalajara, aunque
esto no quiere decir que éstos compartieron las mismas estrategias
de organización y de ataque. En términos parcos, el cometido de la
guerrilla en el país y en la ciudad, era la toma del poder para instaurar
el sistema socialista. Estoy hablando de una lucha por el poder que
no sólo se fundaba en la necesidad de reivindicaciones sociales basadas
en la exigencia de una vida más plena en lo material. Los guerrilleros
buscaban en términos generales y desde diferentes escenarios, la realización
de un cambio estructural que fuera más allá de las condiciones objetivas
de vida, y que tocara el núcleo mismo de la dirección del pensamiento
político y social que regia en México.
Conforme a sus propios argumentos, la propuesta de lucha marxista-leninista
tanto de la UP, como de la Liga, o de las FRAP dejaba entrever que el
objetivo de la guerrilla no se reducía a una simple lucha de cambios
de mando en el control de las riquezas de una sociedad. La propuesta
socialista implicaba para ellos una idea transformadora de los modos
de producción y distribución la riqueza de una sociedad. Para dejar
más clara la idea del conflicto que había entre el Estado mexicano
y la guerrilla se debe pensar que ese Estado contenía una serie de
instituciones autoritarias, vinculadas a las cuestiones de la vigilancia
y de la prevención policíaca y del encarcelamiento.
En
tal sentido no se debe pensar en ese Estado como un actor dentro de
este plano de lucha, sino como un ente que reflejaba la relación autoritaria
existente entre ciudadanos y gobierno. En el libro La lógica de
las ciencias sociales, Jürgen Habermas hace una evaluación sobre
el significado y la dirección del poder dentro de un orden político.
Habermas sostiene una discusión con Niklas Luhmann respecto a la concepción
funcionalista del poder; en esta idea, Luhmann sostiene que el poder
va ligado a la necesidad de la riqueza de los individuos, dejando de
lado el carácter ideológico y político de esa necesidad. En oposición
a Luhmann, Habermas sostiene que el poder es la capacidad de impedir
a otros individuos o grupos la defensa de sus propios intereses7.
Dada la condición asimétrica
de la distribución del poder, es que la sociedad se establece mediante
una serie de conflictos en los cuales un grupo somete al otro y lo inhibe
desde el fundamento jurídico del uso de la fuerza a renunciar a sus
intereses. El caso de la guerrilla de los setenta, enfrentada al gobierno
de México, es el ejemplo de este tipo de conflicto.
Cuando se aplica
fácticamente la fuerza o se amenaza de forma permanente o abierta con
la violencia, hablamos de un ejercicio manifiesto del poder; la constelación
de los elementos en pugna y el control sobre los medios de destrucción
deciden sobre quién puede imponer a quién a la larga, renuncias a
intereses.8
El ataque contra los
guerrilleros de la Guadalajara de los setenta del siglo XX, fue sistemático
y cubrió todos los planos. No sólo se recurrió al argumento jurídico
para fincar la persecución contra los militantes de la guerrilla, sino
que la descalificación ideológica también jugó un papel importante.
Se tildó de amenaza roja9 a los grupos armados como
expresión de las fuerzas transformadoras, y se ligó la lucha de los
guerrilleros con intereses ajenos al país que buscaban arruinarlo.
Pérez Arce lo planteó muy bien en la explicación que hace sobre el
argumento que el Estado mexicano tuvo para actuar con la severidad que
lo hizo contra la disidencia política luego del 68.
Con Díaz Ordaz el
régimen había llegado a su punto más alto de autoritarismo. (Si,
como afirma Cioran, cada siglo tiene su Edad Media, el 68 es uno de
los momentos medievales de la Era del PRI, Carlos Monsivais.) según
la lógica personal del Presidente, compartida por la clase política,
el crecimiento económico del país (que había creado una clase media
urbana y una clase obrera industrial) justificaba, y aún exigía, una
política de mano dura. El discurso diazordacista se origina en la certeza
de que en el contexto de logros materiales los movimientos opositores
no pueden tener una causa legítima y, en consecuencia, son enemigos
del interés nacional10.
Queda por saber en qué
grado la postura del Estado mexicano fue deficiente en esa percepción
de la guerrilla, o si sólo fue una estrategia política para sobredimensionar
una supuesta amenaza.11 Independientemente de esas certezas,
queda claro que el trabajo político del Estado mexicano no fue capaz
de dar una salida política a la crisis o simplemente no quiso hacerlo
provocando por el contrario, con la persecución y la estigmatización
del movimiento derivado del 68, que éste se condensara en una nueva
forma de rebelión, mejor organizada y con un propósito especifico
respecto al Estado mexicano: demolerlo para instaurar el socialismo.
Uno de los más notables recursos del Estado mexicano para revertir
los avances de la guerrilla, al menos en el plano de la lucha ideológica,
fue tratar de involucrar a la sociedad en general promoviendo en los
diarios del país, todo un aparato propagandístico en el cual convocaba
al pueblo de México a repudiar las acciones de la guerrilla.
Desde grandes desplegados en los diarios principales de la ciudad, el
sistema político mexicano buscaba imponer su visión de una unidad
nacional monolítica, la cual es una apreciación propia del
republicanismo. Fue esa visión la que encontré en los discursos políticos,
en cuyo centro se encuentra el pueblo como depositario corresponsable
y beneficiario de la estabilidad de esa unidad nacional.12
Ante las acciones de la guerrilla durante los setenta es innumerable
el número de veces que se hace referencia al pueblo como el gran
afectado de los ataques. Era a partir de la defensa de ese pueblo
indeterminado y difuso que supuestamente se constituían las
acciones de respuesta policíaca, persecutiva y carcelaria. El argumento
era defender al pueblo, y con ello se lograba borrar a los afectados,
a los objetivos principales de la guerrilla; dentro de esa lógica propagandística
respaldada por un tipo de periodismo entreguista y servicial, no eran
los bancos, no era a la industria, no era al gobierno, no era a los
ricos a quienes se dirigían los ataques de la guerrilla: se dirigían
y afectaban al pueblo de México.
Fue
a partir de esa acción de malabarismo léxico que las entidades identificadas
por la guerrilla como sus enemigos, se ocultaban cada vez que ocurría
un secuestro, un bombazo, un asalto o un ajusticiamiento; había que
desvanecer el hecho de que las acciones de los grupos guerrilleros partían
del principio que ellos entendían como una lucha de clases. Es por
eso que se tildó de desequilibrados a los autores, con lo que se delineó
una separación entre sociedad sana y elementos nocivos a esa sociedad.
Aquí presento tan sólo un ejemplo de ese tipo de tratamiento que se
le daba a las acciones de la guerrilla, el cual será común durante
toda la década de los setenta. La nota es en referencia a los bombazos
realizados por la UP en septiembre de 1977 en la zona centro de Guadalajara:
Los actos del
martes son producto de enfermos mentales, dogmatizados que realizan
el terrorismo político, que pretende desestabilizar, crear desconfianza
en general entre el pueblo y las autoridades. Clásica intentona de
la extrema izquierda afirmó el Gobernador del Estado Flavio Romero
de Velasco, esto respecto a una serie de bombazos ocurridos en el centro
de la ciudad13.
La aseveración del gobernador
de Jalisco me llevó a preguntarme de dónde fue que el Estado mexicano,
entendido como un ente político definido, sustentaba ese argumento
de separación totalizante en el cual se concebía a la sociedad mexicana
como un cuerpo integro y funcional, y se identificaba a los que
se le oponían en este caso los guerrilleros como un fragmento
social al cual había que perseguir e inhibir mediante el encarcelamiento.
La pregunta me parece más que relevante, pues a partir de la respuesta
resultante se puede captar en cierta medida, la lógica de acción de
un Estado como el mexicano, en lo concerniente a sus medios de represión,
es decir: cómo pensó ese Estado las amenazas de la guerrilla, cómo
fundamentó sus acciones represivas contra los guerrilleros, cómo es
que preparó la instrumentación de ataque y cómo dispuso la construcción
de todo un sistema de vigilancia, de detención y de encarcelamiento
justificados por ese mismo Estado en aras de la defensa del pueblo
mexicano.
Conforme
a mi reflexión, orientada a penetrar en el núcleo del Estado mexicano
y su actuar contra la guerrilla de la Guadalajara de los setenta, encontré
que en el plano de la organización social, este sistema político fundó
su principio operativo en la dimensión republicana de la unidad nacional;
esa imagen donde la sociedad se concibe como un cuerpo compacto e irreducible
al cual el Estado como esa red institucional de organismos dispuestos
a la vigilancia y a la persecución debe defender a toda costa. Esencialmente
la república como sistema político se funda en un orden colectivista
no individualista como lo es el modelo liberal por lo cual para
sus dirigentes, la sociedad significa un organismo cerrado al cual hay
que dirigir y proteger de los agentes que le sean extraños. La visión
política del Estado mexicano de los años setenta fue la de una sociedad
cerrada.
En
el sistema autoritario priísta no se cumplió al menos en relación
a los grupos de oposición de izquierda- la defensa de los principios
republicanos que hacían viable la vida democrática. Respecto a ciertos
sectores sociales, se desestimaron aquellos derechos de participación
política que posibilitan la autodeterminación de los ciudadanos14;
como se puede constatar en la persecución de que fue victima el Partido
Comunista en Jalisco o a la represión practicada contra los sectores
juveniles del oriente de la ciudad en los años previos a la aparición
del movimiento armado en Guadalajara. La guerrilla representó uno de
los puntos vivos de ese conflicto de segregación en el cual un Estado
autoritario inhibe el desarrollo político de sus ciudadanos. La resistencia
de los sectores sociales carentes de los mecanismos de acceso al poder,
derivó en la conformación de un sistema incipiente de ataque, contra
un Estado que delimitaba los desplazamientos de individuos radicalizados.
Una buena posibilidad para aclarar el fenómeno de la confrontación
entre los grupos sociales que orbitan alrededor de un Estado, es la
explicación que hace Jürgen Habermas a La teoría de sistemas,
en el libro Facticidad y validez; ahí él establece que los
conflictos en la sociedad, y de ciertos grupos en oposición al Estado
se originan en tanto cada grupo es un subsistema autónomo que
opera mediante su propia lógica, en la cual es común que el Estado
como la entidad que dicta los lineamientos de autoridad, encuentre resistencia
de dichos grupos cuando la afinidad de objetivos no armonizan con las
exigencias del poder:
(
) hay que considerar
a la sociedad como una red de subsistemas autónomos que se encapsulan
unos frente a otros adoptando cada uno su propia semántica, y que constituyen
entornos los unos para los otros. De esta decisión concerniente a la
estrategia conceptual se sigue, por un lado, el abandono de una concepción
jerárquica de la sociedad, centrada en el Estado.15
Seyla Benhabib explica
ese momento en que ocurre la clausura de vínculo entre el Estado y
algunas de las expresiones sociales que no le resultan idénticas. Ese
Estado, ante la emergencia de dichos grupos, despliega un aparato de
identificación, contención y aniquilamiento. Mediante este sistema
se despliega una invasión de lo político a lo social. Así, el Estado
mexicano de la década de los setenta en Guadalajara transformó al
espacio público en un pseudo-espacio16 donde los individuos no podían operar políticamente
dentro del esquema público más allá de los límites impuestos por
una visión colectivista y estrecha de la sociedad. La guerrilla de
los años setenta implicó una fractura dentro del espacio público,
que afectó a lo privado convirtiendo en clandestino el espacio en que
operaba políticamente una minoría opuesta al régimen. Como grupo
humano los guerrilleros representaban una amenaza dentro de un orden.
Es un sector que renunció a jugar con las reglas de un modelo político
y optó por la ruptura.
De
ahí se entiende, la criminalización de una opción política que tuvo
que recurrir a las armas en Guadalajara a partir de 1973. Es ante esta
posibilidad de violencia desde el Estado, que la naciente guerrilla
como grupo específico reaccionó. Esta relación de lucha desigual
llevó a los sujetos que militaban en el movimiento armado a asumir
posturas más radicales a nivel individual, lo cual representaba castigos
más severos a partir de la adecuación de espacios de sanción más
enérgicos. La guerrilla optó por abrir los accesos al poder de una
manera violenta, y lo hizo a partir de socavar sus fuentes de poder:
las instituciones y los sectores de la burguesía. La reacción del
Estado fue feroz17. Ese autoritarismo estuvo fundando en
un falaz presidencialismo que tuvo tanto en Luís Echeverría Álvarez
quien gobernó al país de 1970 a 1976, como en José López Portillo
cuyo gobierno fue de 1976 a 1982 prácticamente todo el tiempo en
que duró el fenómeno de la guerrilla en México a dos de sus ejecutores
más abyectos. Sin pensarlo como exageración, el carácter de ambos
presidentes rozaba la altura del soberano; señalo esta semejanza sin
considerarla extravagante puesto que en el ejercicio, la atención que
tenían hacia el presidente de la república los funcionarios que representaban
el aparato gubernamental así lo hacían parecer; el historiador Lorenzo
Meyer describe muy bien esta característica de los presidentes del
país en su libro Liberalismo autoritario:
En las monarquías,
en general, el rey ejercía la soberanía. Esta era el monopolio exclusivo
del poder de sojuzgar a las poblaciones por encima de todos los jefes
pequeños del reino; el poder de perseguir a los disidentes, y explotar
a sus súbditos en su territorio, sin la intervención de los reyes
de otras naciones que sólo debían ocuparse de sojuzgar a sus respectivos
pueblos; tal como lo hacen todavía ahora algunos gobiernos en nombre
de la nación a la que mantiene sometida. Se trataba de los hombres,
y algunas veces de las mujeres que, como sucede ahora con los gobiernos
despóticos, tenían la supremacía, por lo cual se les llamaba soberanos,
tal como ahora lo hacen algunos presidentes y algunos órganos legislativos18.
Conforme a lo dicho por
Meyer, se puede decir que en nuestro país ese tipo de gobierno fue
resultado de una aparente sujeción práctica y total del aparato político
mexicano a las órdenes del poder ejecutivo. Esa circunstancia proviene
de un proceso histórico en el cual, luego de la revolución mexicana
no fue posible superar: la personalización del poder presidencial19
y que sólo hasta pasada la década de los cuarenta empezó a mutar
su poder en un proceso en el cual el PRI y su caudillo en este caso
el presidente en turno constituyeron un binomio de poder omnipresente
en la vida pública del país, al cual estaban sujetas prácticamente
todas las organizaciones políticas.
Fue
contra ese aparato de compresión que luchó la guerrilla; es por ello
que este pequeño artículo descifra simultáneamente tanto al Estado
mismo en su momento de acción represiva, como al guerrillero que desde
Oblatos trata de trascender el encierro mediante la resistencia. Para
el gobierno era apremiante desactivar la insurrección a toda costa,
dado que los objetivos de su ataque eran y siguen siendo neurálgicos
para cualquier sistema político. Los delitos de la guerrilla, aunque
tipificados en los códigos legales, no son usuales en el plano
de la delincuencia: están dirigidos contra el Estado y sus aliados,
contra sus estructuras, sus verdades y a sus agentes. La muerte de soldados,
policías, los secuestros de empresarios, el asesinato de personajes
de la alta sociedad, los bombazos a instituciones públicas y bancarias
dejan claro que la lucha es contra el sector que dirige la economía
y en contra de la estructura policíaca y militar en la que ésta se
apoyaba. En pocas palabras, estos delitos se dirigen contra ese sector
que detenta y ejerce el poder de manera sistematizada. La Penitenciaría
de Oblatos es el lugar a donde se llevaba a todos esos detenidos; como
institución La Penal era un punto que se cerraba a la vida. Dentro
de él estaban adscritos decenas de funcionarios que en conjunto representaban
esa parte del juego cuyo propósito era la contención y el estudio
de los guerrilleros. La mayoría de esos funcionarios eran quienes instituían
la directriz de la legalidad, partiendo del castigo en contra de aquellos
que habían desviado el camino.
Los policías, (los
prácticos) de derecho penal y los profesores de derecho, tienden más
bien, a hacer propia la perspectiva y planteamientos del mandante político,
por que están acostumbrados a considerar la violencia como objeto de
controles sociales, que sólo tienen que ver con los productos individualmente
imputables de un largo proceso de generación de violencia.20
Fue la estructura administrativa
y carcelaria de Oblatos la que hizo posible la contención del movimiento
guerrillero en Guadalajara. Tres directores en el periodo de estudio
que fue de 1973 a 1977: Emilio Gómez Pérez, Arnoldo Robles Villaseñor
y Pedro Parra Zenteno. Para la Cárcel de Mujeres situada dentro de
Oblatos haré mención a dos directoras; Araceli Souza Dueñas y Estela
Marina Alarcón Rocha. Vendrán después los jueces de distrito, los
agentes del ministerio público, los magistrados, los agentes policíacos
federales, judiciales, municipales, rurales y los psicólogos del reclusorio.
Todos ellos con nombre y función; identificables y operando unidos
en un juego para comprimir a un sector especifico. En contraste a esas
presencias, la voz de los detenidos no aparece por ningún lado;
sin ella no hay argumento, no hay más razones que las que le colocan
sus captores para señalarlos como criminales, anularlos, reducirlos
y presentarlos como lo que el Estado quería que los guerrilleros fueran:
enemigos del país, asesinos, dementes, malos mexicanos, enfermos mentales.
Es en el silencio contenido en esos primeros momentos que se construye
el estigma de los guerrilleros como enemigos de la sociedad; se los
encapsula como signos del terror y del crimen. De la detención a la
presentación ante los medios, terminan siendo más que una serie de
fotografías a las cuales se les ha dotado de un significado; los aprehensores
dicen quienes son ellos. Los carceleros creen saber lo que hicieron
los guerrilleros, porqué merecen el desprecio y el castigo de las autoridades.
Evidentemente el poderío organizativo del Estado pudo más que las
estrategias de lucha de la guerrilla. Encima de la superioridad del
sistema policíaco, se encontraba como eje de su actuar la consideración
de que al aniquilar a los guerrilleros, o reducirlos a prisión estaban
cumpliendo con su deber fundado en la defensa de la nación. Guardando
las proporciones y con una severa minucia, traigo a cuenta una reflexión
que hace Jürgen Habermas, del libro Hitler´s Willing Executioners:
Ordinary Germans and the Holocaust, de Daniel GoldHagen, en el cual
nos habla sobre el argumento que tiene un ejecutor a la hora de disponer
de la vida de su víctima. Acoto que de ninguna manera estoy poniendo
en escala de comparación a la Guerra Sucia en México de los
años setenta y las acciones del régimen Nazi. Sólo quiero situarme
en ese aspecto cruel y a la vez intimo de la relación entre un torturador
a punto de actuar y su victima:
El mal no es la pura
agresión como tal, sino aquella para la cual el ejecutor se cree autorizado.
El mal es la inversión del bien. Que muchos ejecutores debían haber
considerado legitimas sus acciones criminales en algo que Goldhagen
apoya con muchos detalles: desde la despreocupación absoluta para en
mantener el secreto hasta las obscenas sesiones fotográficas. Quien
participa por convicción en unas prácticas que, según los estándares
normales, son consideradas criminales y abominables por antonomasia,
debe tener fuertes motivos normativos para justificar excepciones dramáticas
de ese tipo21.
Sin duda, en relación
al actuar de las corporaciones policíacas en contra de la guerrilla,
encaja a la perfección con esta reflexión. Un vínculo dentro de una
lucha llevada a los extremos. Ese argumento de defensa puede ser reducido
a su mínima expresión: la de situar el vínculo de enemigos declarados
entre sistema policíaco-carcelario y guerrilla, y la de entender al
fenómeno de la rebelión pro-socialista de los setenta dentro de un
marco de lucha que se libró dentro de México, entre individuos de
la misma nación.
Así, pues, el universo
de lo político se estructura siempre e irremediablemente conforme a
la relación amigo-enemigo, tanto hacía afuera, como, de rebote, también
hacía dentro, en donde en una especie de depurador movimiento en espiral
el sentimiento de la comunidad nacional se trueca en una auto-consciente
voluntad de homogeneidad y en un correspondiente movimiento de exclusión
y marginalización internas.22
Serán estas tres fuerzas
de control policíaco: la DFS, la Brigada Blanca y el Servicio
Secreto, las entidades más fuertes en el cometido del Estado mexicano
por inhibir en sus avances a la guerrilla durante la década de los
setenta en la ciudad de Guadalajara. Las tres representan en la escala
de los eventos, el momento anterior a su ingreso a la penitenciaría
de Oblatos. La DFS era la más importante en la lucha contra la guerrilla;
estaba conectada de manera determinante con las corporaciones policíacas
del estado de Jalisco; estas corporaciones reportaban a la DFS sobre
los golpes asestados a la guerrilla a través de otras instancias más,
como la policía municipal y la policía judicial del Estado de Jalisco.
- Jesús Zamora García es historiador egresado del Departamento de Historia
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
de Guadalajara; se ha especializado en el movimiento guerrillero pro-socialista
de la década de los setenta del siglo XX en el occidente del país.
CITAS
Adolfo Gilly, México: el poder, el dinero y la sangre, México, editorial Nuevo Siglo, 1996.
Hago alusión a movimientos de rebelión y de lucha como los cristeros, jaramillistas o henriquistas por que los tres fueron enfrentados con mecanismos de guerra semejantes por el estado mexicano posrevolucionario. La guerra cristera fue un levantamiento armado dirigido por las Iglesia católica mexicana, ante las prohibiciones que decretó el estado sobre la organización y los rituales de los católicos; el efecto fue la rebelión y los cristeros fueron sus ejecutores en los años que fueron de 1927 a 1929. Rubén Jaramillo organizo la rebelión de campesinos cañeros en el estado de Morelos en el año de 1944. Los jaramillistas fueron perseguidos por el ejército mexicano hasta que el líder fue asesinado junto a su familia el 23 de mayo de 1962. Por otra parte, los henriquistas aparecen a principios de los años cincuenta como parte de la lucha por la presidencia que se daba dentro del Partido Revolucionario Institucional. Miguel Henríquez Guzmán encabezó un movimiento electoral que lo enfrentó al candidato oficial del PRI, Adolfo Ruiz Cortines en 1952. Mientras la prensa y las instancias electorales le daban en triunfo a Ruiz Cortines, los henriquistas se quejaron de fraude a la vez que celebraron extra-oficialmente su triunfo el mismo día de la elección. La policía y el ejército mexicanos llegaron con la orden de interrumpir la celebración y en la acción fueron muertos cerca de 200 henriquistas.
Elisa Servín, El movimiento Henriquista y la reivindicación de la Revolución Mexicana, CIESAS, en página , última revisión 1 de septiembre del 2008.
Francisco Pérez Arce, 1968-1988: años de rebeldía, México, ITACA, 2007, p. 28
Héctor Eladio Hernández Castillo, en ¿Qué es un comando de resistencia popular?; escrito en noviembre de 1972 mientras se encontraba recluido en la Penitenciaría de Oblatos.
Jürgen Habermas, La Lógica de las ciencias sociales, Tecnos, Madrid, 2000, p. 391
Ídem.
Con la pretensión de inhibir el avance del comunismo, desde las décadas de los cuarenta, se difundieron varias formas de propaganda en su contra, entre ellas, la que Franz Neumann califica como la Teoría de la conspiración comunista. No hay que olvidar, que aun antes de la aparición en forma de los grupos armados hacia 1973, ya corría por el ambiente nacional, la idea de la conspiración comunista. Esto desde que el gobierno de la república acusó a intereses extranjeros de estar detrás de los disturbios del 68. La finalidad de la teoría es clara: la angustia potencial se actualiza con la referencia a los conspiradores diabólicos: la conspiración amenaza a la república, la propiedad, la moral, la religión. La angustia se convierte fácilmente en angustia persecutoria neurótica, que a su vez, bajo ciertas circunstancias puede llevar a un movimiento de masas totalitario. Franz Neumann, El Estado democrático y el Estado autoritario, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 266.
Francisco Pérez Arce, citado, p 29
Tan sólo remito al lector a una de las hipótesis del libro La Charola de Sergio Aguayo (citado), en la cual el fundamenta que la guerrilla nunca fue una amenaza real, pero que fue utilizada por el Estado mexicano tanto para conseguir de Estados Unidos fondos para la lucha anticomunista, y para justificar un aparato de represión permanente.
En su Enciclopedia Política, Rodrigo Borja establece que: en estricto sentido, república no es una forma de Estado, sino de gobierno, con sus peculiares características. Se entiende por república la forma de gobierno caracterizada por la división de poderes del Estado, en el marco de un régimen político electivo, representativo, alternativo y responsable. Rodrigo Borja, Enciclopedia Política, FCE, México, 1997, p.1205.
El Diario de Guadalajara, México, 16 de Septiembre de 1977.
Jürgen Habermas, Jürgen Habermas/John Rawls. Debate sobre el liberalismo político, Madrid, Paidós, 1988, p.66.
Jürgen Habermas, Facticidad y validez, citado, p. 413.
Seyla Benhabib, "Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas," in Habermas and the Public Sphere, England, Ed. Feminism, the public and the private Oxford University Press, 1998, pp. 65-99.
Uno de los argumentos que aquí se utilizan para explicar la severidad con que se persiguió al movimiento armado, se funda en el hecho de que la república, como sistema de gobierno, contiene elementos despóticos que adquirió en su proceso de formación a principios del siglo XIX, los cuales le permiten operar bajo una serie de acciones autoritarias. La gestación de la república se da en oposición al modelo monárquico heredado de la Colonia, que para la década de los veinte del siglo XIX, estaba siendo abandonado luego de la guerra de Independencia. El proyecto de unidad nacional republicano aboga desde sus orígenes por la cohesión en tanto concibe a la estructura social como un cuerpo que debe operar en una sola dirección: la trascendencia de la nación ante sus enemigos, sean estos externos o internos. Elías José Palti ubica esta aspiración unanimista como legado del antiguo régimen monárquico: Para Véronique Hébrard, por ejemplo, el unanimismo tiene raíces absolutistas, antes que corporativistas; el mismo es, en realidad, un resultado del proceso del poder operado por los borbones. La soberanía única e indivisible del monarca será entonces transferida a las nuevas autoridades. Elías José. Palti, La transformación del liberalismo mexicano en el siglo XIX. Del modelo jurídico de la opinión pública al modelo estratégico de la sociedad civil, Cristina Sacristán y Pablo Picatto coord., en Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en la ciudad de México, México, Instituto Mora/UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2005, p. 70.
Lorenzo Meyer, Liberalismo Autoritario, México, Océano, 1995, p. 23
Ibid.
Jürgen Habermas, La necesidad de revisión de la izquierda, España, Tecnos, 1993, p. 238.
Jürgen Habermas, La constelación posnacional, España, Paidós, p. 51.
Jürgen Habermas, Facticidad y Validez, p. 46.
