LA REMILITARIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA
EL PLAN COLOMBIA, PLAN DIGNIDAD Y EL PLAN PUEBLA PANAMÁ
Robinson Salazar Pérez (*)
Investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa
robinsson@mzt.megared.net.mx
Resumen
Los planes que se han establecido en América latina, lejos de intentar erradicar el narcotráfico, tienen dos objetivos claros: crear las condiciones propicias para privatizar los recursos públicos que tengan que ver con el agua, la energía y corredores biológicos; incrementar el paramilitarismo para custodiar las futuras inversiones y crear programas de limpieza social para eliminar la posibilidad de protestas en la región.
The plans established in Latin America, instead of eradicating the drug traffic, have two clear objectives: to create the propitious conditions to privatize the resources public related to the water, the energy and biological route; to increase the paramilitaries to guard the future investments and to create programs of social cleaning to eliminate the possibility of protests in the region.
La instrumentación de los tres planes intervensionistas de nuevo cuño por parte de los EE.UU. en el territorio latinoamericano tiene intereses preclaros de carácter económico-financiero, de innovación de recursos de control social que legitimen los nuevos negocios, las privatizaciones de los patrimonios públicos, la desigualdad y exclusión social, conllevando todo esto a estructurar un nuevo campo de poder en la región donde se anclan los planes Dignidad, Colombia y Puebla Panamá.
Justamente cuando se está agotando el modelo de dominación tradicional que tenía como protagonista al empresario criollo, patrimonialista, lactado por el Estado y protegido por las fuerzas oficiales del orden y, al momento que se desanudan las formas de control social (partidos políticos, sindicatos, asociaciones corporativizadas por el Estado, cuerpos policiales, etc.) aparecen los Planes con la intención de recuperar el orden con acciones novedosas que coadyuven a la política neoliberal privatizadora que apunta hacia el control de los recursos del agua, el ecosistema y la energía.
La parte operativa de los tres Planes no ha sido tarea fácil, ha encontrado resistencia en los pueblos indígenas y la población campesina, especialmente en la zona del Chapare, Bolivia, y en el sur de Colombia; no obstante la violencia ha existido como el recurso más eficaz para resolver las diferencias y los conflictos de intereses, muchas veces al margen del ámbito estatal pero más cercano a la esfera paramilitar, a causa de que al encontrase en una reestructuración las distintas fracciones y grupos de la vieja clase dominante, los controles político-sociales se han desajustado y no funcionan con eficacia, por lo que han echado mano a los a la conformación, contratación y operatividad de los grupos paramilitares para resolver toda contingencia que ponga en riesgo los intereses de las empresas y los nuevos propietarios.
De esta manera funcionan el Plan Colombia y el Plan Dignidad, pero ya se asoman los mismos recursos paramilitares y de violencia en el corredor del Plan Puebla Panamá, lo cual nos indica que nos acercamos a una problemática compleja donde la violencia provocada por grupos armados que actúan al margen del estado va ir incrementándose en la medida que vayan aplicándose los recursos de la privatización de las empresas que manejan el agua, la energía y en las poblaciones donde se sitúan los bancos biológicos.
La identidad de los Tres Planes:
El Plan Dignidad, El Plan Colombia y El Plan Puebla Panamá
Los tres planes tienen una identidad, fueron elaborados por iniciativa de los EE.UU., con el soporte de organismos internacionales supeditados a intereses geopolíticos y militares y asesorado por agentes norteamericanos. Ninguno de los tres planes ha pasado por una etapa de discusión previa en las instancias camarales, sino que llegó por iniciativa del ejecutivo y se impuso.
El Plan Colombia remplazó el inicial Plan de Paz que propuso Andrés Pastrana Arango y sin mediar discusión alguna.
El Plan Colombia por naturaleza es atentatorio contra la vida, la política, la sociedad y las leyes de Colombia, dado que su nacimiento fue un acto anticonstitucional en la medida que remplazó, sin que el congreso interviniera, el Plan de Desarrollo que previamente se había aprobado. Lo más insólito fue que el documento del Plan Colombia no se presentó en español, sino en inglés, bajo el asesoramiento del Departamento de Estado de los EE.UU. y con un argumento que no embona con la realidad, puesto que el mayor énfasis está dirigido a combatir una guerra con criterios belicistas; construye unas hipótesis que no concuerdan con la realidad pero sí con la estrategia intervensionista norteamericana, en tanto que induce a que Colombia acepte la existencia de una guerra ligada al narcotráfico, lo cual vulnera la región, de ahí que sea indispensable la combinación de instrumentales de guerra, logística e inteligencia, asesoradas con personal experto norteamericano.
Producto de lo anterior, la inteligencia estratégica del ejército colombiano ha sido remplazada por un grupo elite de asesores norteamericanos que se han posesionado de las bases militares y desde ahí orientan la guerra contra las fuerzas insurgentes. Sustentado en una base tecnológica de radares, aviones y telefonía para detectar y dar seguimiento a las incursiones bélicas de los grupos guerrilleros.
La visión geopolítica del Plan Colombia se observa a través de las adecuaciones tecnológicas que se han hecho en varios sitios del país con el objeto de modernizar la capacidad de acción del ejercito colombiano y profesionalizar cuadros en varios puntos del territorio nacional.
RADARES Y BRIGADAS DE ACCIÓN RÁPIDA EN COLOMBIA
Radar de asiento en la Isla de San Andrés
Radar de asiento en Riohacha
Radar y base terrestre en Marandúa, Vichada
Brigada 24 del Ejército en el Putumayo
Brigada Oriental del Ejercito en Pto. Carreño y el Dpto. de Vichada
Radar y base terrestre en San José del Guaviare y Escuela de entrenamiento de Barrancón.
Brigada del Ejercito en Caquetá
Base Militar Tres Esquinas, Putumayo
Brigada de patrullaje fluvial en Puerto Leguízamo, Putumayo
Radar con base terrestre en Leticia, Amazonas
Base militar de Tolemaida, en Tolima con 18 helicópteros HV-1N
Es digno destacar que algunas de estas Brigadas, especialmente las que se encuentran situadas en las cabeceras de los ríos Amazona y Orinoco, realizan pruebas de las fumigaciones que se aplican en Bolivia, Perú y Colombia bajo el pretexto de erradicar el cultivo de la hoja de coca, ocasionando graves daños en la salud de los habitantes y en otros cultivos de vital importancia para las comunidades, puesto que el Glifosato y el Hongo Fusarium oxysporum tiene efectos nocivos sobre los pobladores.
Estos sitios en su mayoría no están comunicados por vía terrestre con el centro y resto del país, pero sí vinculados a través de la urdimbre de la guerra, pero ello no es impedimento para la estrategia del Plan Colombia, porque no fue concebido ni instrumentalizado para un país, su intención es abarcativa, regional y con un interés geopolítico, por ello los brazos extendidos del Plan llegan a otros países, de ahí que veamos movimientos en Panamá (266 Km de frontera) en la región donde habitan los indígenas Payas y Panuza en Panamá, cerca del Darien y una pista de aterrizaje en Metetí, destinada para la aviación norteamericana y especial para el arribo de aviones Hércules.
Hacia el Sur, en Ecuador (586 Km de frontera) se conecta con la Base Manta, ocupada por 5000 soldados y seis naves P3 de 4 turbinas y doce militares estadounidenses, desempeñando labor de espionaje a través de captación de imágenes satelitales, interceptaciones telefónicas y apoyo logístico a los ejércitos de Perú y Colombia para contrarrestar a los narcotraficantes y guerrilleros. A partir del 9 de marzo del 2002, se congregaron grupos militares en retenes permanentes y acordonamiento desde la base Militar Ciro Alegría hasta El Milagro en Bagua, frontera con Colombia; desde Caballococha hasta Inquitos y Pijuyal, cercando toda la parte amazónica.
En Perú (1,625 KM de Frontera) en varios puntos fronterizos se desplazan cerca de 2.000 militares que se encuentran en movilización permanente; sin embargo, en la frontera con Brasil (1,645 Km) la colaboración no es estrecha entre los dos gobiernos, debido a que Fernando Henrique Cardoso se resiste a involucrarse en el conflicto y prefiere patrullar y vigilar de manera independiente las ciudades norteñas de Tabatinga y San Gabriel a través del Sistema de vigilancia amazónica (SIVAM) y la base militar recién establecida en la zona descrita, la cual se suma a las bases aéreas de Boa Vista (Roraima) y Manaos (Amazonas)
Con respecto a Venezuela (2, 219 Km de frontera) el Plan Colombia ha tenido serias dificultades de extenderse hacia ese país porque el comportamiento y posición de Hugo Chávez confronta con la visión militar de los guerreristas norteamericanos y colombianos. A este factor ideológico, se le suma el interés económico estratégico que existe entre Brasil y Venezuela a partir del acuerdo que permitió tender 676 kilómetros de cables que transportan energía de 200 megavatios hora de Guri a Roraima, lo que le aportará a Venezuela 9 millones de dólares anuales por venta y 800 mil más por costo de operación, y se firmó el acuerdo con una vigencia hasta el 2020.
No obstante, el interés de la administración Bush sigue vigente porque tanto Colombia como Venezuela son países que tienen frontera con la costa caribeña y la zona andina y en esa región existe gas en abundancia que llama la atención de diversas empresas norteamericanas. Asimismo, el factor Chávez propicia una situación incómoda por el triunfo de Lula en Brasil y el potencial subversivo de los indios en Ecuador; además, Venezuela es un suministro de petróleo seguro que puede aliviar la economía norteamericana en una eventual guerra con Irak y la vulnerabilidad de Arabia Saudita.
Con base a lo anterior, es entendible que la convulsión que vive Venezuela en la segunda mitad del año 2002 no es un hecho fortuito, sino parte del cometido del Plan Colombia que trata de extender sus tentáculos hasta el territorio bolivariano, acompañando a los empresarios, los militares y al pool de los medios de comunicación para que generen una situación de caos para que renuncie Chávez o adelante las elecciones, lo cual configuraría un mejor cuadro político para las aspiraciones de los estrategas de la administración Bush.
Los soportes financieros y los ganadores de los Planes
La esfera bélica de los planes en ejecución es el verdadero negocio de la guerra, puesto que detrás de cada incursión de carácter militar está una empresa y un grupo de inversionistas que lucran con el dolor de los pueblos latinoamericanos.
El soporte militar está dividido en dos aspectos, los que proporcionan el equipo de software y el hardware. Veámoslo
Las cifras nos indican que la guerra también es un negocio próspero, principalmente para los EE. UU. y particularmente las empresas asociadas a la producción, asesoría y mantenimiento de dispositivos bélicos, por ello cada aplauso, defensa, consentimiento o aprobación que hagamos del Plan Colombia, Plan Dignidad y Plan Puebla panamá, es una pequeña, pero significativa ayuda para que las empresas vinculadas al exterminio, a la paz sepulcral sigan posesionándose del cuerpo de nuestros pueblos latinoamericanos.
El eje estratégico de los Planes
El Plan Colombia se conecta hacia al sur con el PLAN DIGNIDAD, el cual se inició en abril de 1998 hasta el 2001, destinado a la erradicación de los cultivos de la coca en la región del Chapare, pero fue prolongándose sin mediar justificación alguna, lo que hace presumir que se va a prolongar otros años más.
En la letra se conoce que el Plan Dignidad intenta organizar una lucha contra el narcotráfico, sustentada en cuatro pilares: erradicación, interdicción, desarrollo alternativo y prevención, pero tras de su plataforma divulgada está el plan militar y terrorista que se ha venido desarrollando es el país boliviano desde hace varios años, recrudecidos en los últimos meses con el nacimiento del Movimiento al Socialismo (MAS) que tiene como figura principal al cocalero Evo Morales quien se opone férreamente al plan anticocalero.
Desde los primeros días del mes de Abril de 1998 a agosto del 2002, los habitantes de Amayapampa, Capasirca, Llallagua y el Chapare, han vivido un verdadero estado de sitio, en un claro proceso de militarización de la región. Cientos de efectivos policiales y militares han invadido violentamente las tierras del Chapare, cometiendo un sinnúmero de abusos y asesinatos que atentan contra los más elementales derechos y libertades individuales.
La intención de erradicar el cultivo de la hoja de coca y remplazarla por cultivos alternativos es la falacia que se maneja ante la opinión pública, porque en la práctica ha sido ineficiente y distorsionada con lo que dice en el documento oficial. Las comunidades que han aceptado el programa oficial del Plan se han quedado con la ayuda a medias, los productos del achote y la piña que han obtenido del cultivo no se pueden comercializar por falta de vías de comunicación, los mercados no son receptivos para ese tipo de producto, los micro créditos no fluyen, las fumigaciones dañan la salud y matan a los animales domésticos, lo cual irrita a los habitantes de esas comunidades, quienes vuelven a sembrar la coca como un retorno a las prácticas tradicionales.
Si observamos lo que dice el Plan Dignidad, no se diferencia del Plan Colombia ni del Plan Puebla Panamá y los tres se conectan con la estrategia que elaboró EE.UU. para el hemisferio.
El eje de los tres planes (Dignidad, Colombia y Puebla Panamá) está constituido por los siguientes conceptos Democracia, reducción pobreza, esfuerzos antidrogas, consecuencias ambientales del narcotráfico y apoyo a los Estados Unidos en su lucha antiterrorista; de ahí que en los tres documentos haya un énfasis por "Fortalecer las democracias frágiles, luchar contra la pobreza y mejorar la cooperación regional contra el tráfico de drogas", aunque no dicen cómo se instrumentalizaría la estrategia en cada uno de esos aspectos, sí se nota un fuerte incremento de paramilitarismo en las tres regiones, básicamente en Colombia con la administración Uribe, quien ha incorporado a la población civil campesina y marginal popular en las labores de contrainsurgencia y de claque, fomentando el paramilitarismo disfrazado; de igual manera se ha notado la tendencia incremental de grupos civiles armados que atacan permanentemente a los municipios libres y a los dirigentes zapatistas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero; en Bolivia la represión ha crecido a partir de la fuerza que ha mostrado el MAS después de las elecciones de este año.
La propuesta Bush no es distinta a la que predominó con la Iniciativa Regional Andina (ARI) que se presentó a los reporteros el 16 de mayo del 2001 en una sesión informativa en el Departamento de Estado. El enfoque del presidente Bush en relación con las dificultades sociales y económicas más urgentes de los Andes se basa en la admisión de que "todos estos problemas persistentes están relacionados entre sí" y "ninguno... puede atenderse por separado, lo que denota una persistencia de ligar todos los problemas al narcotráfico, lo que facilita el intervensionismo militar bajo el manto de la lucha contra la siembra ilícita, pero en el fondo busca contrarrestar los brotes de insumisión que están brotando en el agro de los países latinoamericanos, en especial los que se encuentran dentro de los tres planes.
La iniciativa de los planes, en la letra, promueve el crecimiento de largo plazo pero dentro del marco del modelo neoliberal y el libre comercio, lo que nos da a entender que por los pocos años que tienen los planes, menos de diez años, los efectos no llegarán pronto. Con respecto a lo de apuntalar las instituciones democráticas y apoyar medidas de las naciones anfitrionas para combatir la corrupción, reformar los sistemas judiciales y adoptar políticas fiscales sólidas, todo indica que debe darse una reforma profunda del Estado, pero no es así. De lo que se trata es de ir marginando a los partidos políticos de los debates sobre los asuntos económicos, dado que los acuerdos en este ámbito se dan fuera del país y con actores externos; ir minando la credibilidad de los partidos políticos en la medida que no participan ni deciden sobre los asuntos estratégicos de la nación, tales como reforma al sector eléctrico, apertura de los mercados, acuerdos bilaterales o regionales de comercio, privatización de recursos nacionales, endeudamiento con los organismos financieros internacionales, etc.; además, pone de relieve el papel del comercio liberalizado como estímulo económico y aboga por la renovación de legislación tal como la Ley de Preferencia Comercial Andina a fin de que embonen con la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA- que se pondrá en ejecución en el 2005.
Dentro del ALCA está un recurso de gran interés para los EE.UU. el gas boliviano, para lo cual se han iniciado los trámites correspondientes para que se limen las asperezas diplomáticas entre Bolivia y Chile a fin de interconectar las plantas bolivianas con el norte chileno (Arica y Iquique) zona que ha subsistido sin apoyo ni inversiones en los últimos años. Las pláticas anuncian resultados de una inversión inicial de 1.900 millones de dólares de un total de seis mil millones para financiar el gasoducto y las exportaciones del gas hacia suelo norteamericano.
La intención de promover la democracia liberal en Bolivia, Colombia y la zona del sur de México hasta Panamá, además de los intereses económicos y recursos naturales públicos, es la de marginar toda iniciativa política que nazca de las comunidades indígenas y/o populares porque no se encuentran institucionalizadas como partidos políticos ni se realizan dentro de ellos, lo que afectaría el fortalecimiento de las democracias nacientes y las instituciones vigentes.
Como se puede observar, la estrategia de los tres planes no está orientada a respaldar la nueva democracia que se está dibujando en América Latina, tampoco a estimular la participación políticas de los nuevos actores, sino que tiene una definición clara, fomentar el paramilitarismo para contrarrestar el auge de las protestas que se deriven de la exclusión y privatización de los servicios públicos, en especial el agua y la energía; detener por medio de la represión, no estatal, pero si paramilitar, los levantamientos de los actores insumisos que se revelan en el campo y en los sectores marginales de las ciudades; remplazar la ineficacia de los gobiernos, los partidos políticos y del modelo imperante para generar empleos, por agremiaciones que doten de un oficio a los pobladores de las zonas conflictivas en labores de espionaje contrainsurgente, de lanceros y vocinglero hasta que las personas terminen convertidos en felones sociales.
PLAN PUEBLA PANAMÁ (PPP)
Aparece como una parte o complemento del Plan Nacional de Desarrollo en México, pero involucrando a la región centroamericana y al Istmo de Panamá, lo cual hace que no sea propiamente nacional.
Su objetivo visible es ser facilitador y gestor para la inversión externa y privada con fin de contener los flujos migratorios hacia los EE.UU., a su vez abrir el compás para la privatización de los recursos públicos, principalmente las empresas que suministran agua, energía y telefonía en el área.
Es digno de destacar que la amplia región que abarca el PPP entre el estado de Puebla y el territorio panameño existe el banco biogenético más significativo, cuenta con grandes yacimiento y producción de petróleo en México, El Petén y reservas potenciales en Nicaragua y Costa Rica; maderas abundantes y finas, con recursos de agua abundante, la tierra es muy rica y fértil sirve para la agricultura y ganadería, pero esta habitada por población indígena y campesina.
La riqueza de los recursos ha despertado el interés en las empresas trasnacionales pero quieren esas tierras limpias de gente, principalmente de los inconformes o de los que cuentan con recursos orgánico-movilizador para contrarrestar las futuras inversiones.
He aquí el primer reto del PPP, cómo instrumentalizar una estrategia de limpieza social para fomentar las inversiones y para ello ha mirado varios proyectos para obligar a cientos de miles de pobladores a que abandonen su tierra de manera pacífica, promoviendo la siembra de cultivos de la palma africana, vainilla, flores entre otros que acaban ahogando la economía campesina por falta o distorsión provocada de mercado. Existe la estrategia radical que busca, bajo toda circunstancia, promover el paramilitarismo en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua para sofocar los conflictos que se engendren y garantizar una situación de estabilidad política, gerenciada por el miedo y el terror, que de ser persistentes en amplios sectores sociales puede desembocar en fobias, timidez, bajo grado asociativo y desconfianza en el otro.
Ahora bien, si posamos los ojos y nuestra atención en los debates más recientes en los países que integran el PPP, la temática gubernamental gira entorno a la apertura de los sectores de la electricidad, petroquímica, agua y telefonía, debido a que existe el marcado interés por construir 72 presas hidroeléctricas, 22 en Chiapas, las cuales se deben edificar con soporte de inversión privada.
Otro aspecto relevante es la deficiencia energética de los EE.UU. situación preocupante para la administración Bush, quien ha destacado la necesidad de
Norteamericanizar los mercados de energía, en los compromisos que asumió en
Québec al afirmar que "el precio del petróleo puede incentivar a las compañías norteamericanas a realizar labores de exploración en ambos lados de nuestra frontera; hay mucho trabajo para hacer juntos", dijo el mandatario. Agregó, ''Si los proveedores canadienses y mexicanos de petróleo y electricidad están buscando un mercado ya lo encontraron en Estados Unidos. Tenemos una deficiencia energética, requerimos más energía en nuestro país'', respondió el presidente Bush cuando fue interrogado en una conferencia de prensa sobre la iniciativa de crear un mercado continental de energía, contenida en el ALCA.
''Lo que puede hacer Estados Unidos es proporcionar mercados con mejores oleoductos, otorgando permisos transfronterizos, recibiendo los abastos de gas natural sin importar su país de origen'', estableció el presidente de Estados Unidos.
En particular, dijo que su país puede trabajar ''con nuestros amigos de México'' en
el desarrollo de proyectos de electricidad en la zona fronteriza común.
La pregunta que debemos hacernos es, quien garantiza la inversión en una región vulnerada por la violencia, donde la mayoría de los conflictos se han dirimido a través del recurso de la confrontación, provocando la consolidación de una cultura contestataria ante el vacío de autoridad legal y la proveniencia de enclaves autoritarios (actorales e institucionales) que han desplazado la posibilidad de arreglos mediados por la legalidad.
El vacío institucional y la ilegitimidad de las autoridades en muchos lugares donde se piensa instaurar el PPP, no garantizan resolver las diferencias a través del marco normativo de un estado de derecho, lo que va a desatar innumerables conflictos armados y desplazamientos de numerosas familias, por lo que se avecinan dos fenómenos con características novedosas, desplazamiento migratorio interno por la confrontación paramilitar contra comunidades campesinas y desgarramientos internos por familiares que se incorporaren en las labores de fisgón en zonas conflictuadas.
El PPP envuelve a Panamá
Las cifras oficiales y las que se manejan en las investigaciones regionales indican que la economía panameña reciente una crisis económica que se agudiza, producto de los vaivenes de la economía mundial y del perfil económico del istmo, cuya característica principal es el comercio; además los Estados Unidos, muy sutilmente ha desatado una ofensiva contra ese país, presionándolo para que negocie un acuerdo de "fuerzas visitantes" que permitan a los militares de EE.UU. utilizar abiertamente Panamá como base de operaciones.
Aunado a lo anterior, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos cerró las pinzas y sancionó a Panamá rebajando a la aviación panameña a categoría 2, lo que se traduciría en un desastre comercial para las empresas panameñas que no podrían tener vuelos a territorio estadounidense y tendrían que utilizar conexiones con aerolíneas que sí puedan entrar a ese país. La "sanción" ha sido apelada por las autoridades panameñas debido a que la medida ha sido sorpresiva, inconsulta y represiva, pero todo conduce a doblegar la actitud pasiva del gobierno de Mireya Moscoso ante el pedido de colaboración que le ha solicitado EE.UU. para que coadyuve en la aplicación del Plan Colombia, principalmente en la zona del Darien, territorio por donde se desplazan algunos grupos insurgentes colombianos.
Las presiones contra Panamá llevan a la administración Moscoso a aceptar el PPP pero no tanto en su versión de libre comercio y apertura de mercados, porque eso ya acontece en el país desde hace muchos años, puesto que Panamá fue el primer estado latinoamericano que vivió los directamente la globalización, su enclave estratégico lo ha convertido en el país de América Latina más vinculado al comercio internacional. Lo que le interesa a los EE.UU. y donde Panamá se siente más incómodo, son los asuntos militares que trae el PPP, pero velados por la lucha antinarcóticos. Unas de las medidas que se han aplicado son las imposiciones de medidas bancarias y restricciones financieras, supuestamente antinarco lavado pero que en el fondo agravan la crisis económica y ponen en un predicamento el desenvolvimiento de las finanzas del país por lo que tienen que acudir a los "buenos" oficios de su embajada ante el Departamento de Estado norteamericano para que oxigene las presiones a cambio de acuerdos político-militares.
Tales acciones buscan imponer al país una mayor y más activa participación en el Plan Colombia y la guerra que se libra en ese país vecino, aunque la Embajada de E.U. haya negado todo interés en reabrir una base militar en suelo panameño, existen fuertes indicios y pruebas que esto no es cierto, porque las pistas en Matetí y los movimientos en la zona del Darien nos dicen todo lo contrario de lo que asevera la parte norteamericana.
LOS ACUERDO EN PANAMÁ
El Gobierno Nacional firmó, sin publicarlo ni presentarlo a la Asamblea Legislativa, un acuerdo negociado en secreto con el Gobierno de Estados Unidos de América, llamado Arreglo Complementario 2002, cuyo propósito es una ampliación del Arreglo de 1991, que tampoco fue presentado a la Asamblea ni analizado públicamente, que menoscababa los intereses panameños. El Arreglo Complementario 2002 da paso al sobrevuelo sin control por todo el país de aviones militares norteamericanos y el abordaje de sus soldados en barcos de bandera panameña y de otros países en alta mar, al igual que en aguas panameñas.
Otro acuerdo que se firmó entre EE.UU. y el gobierno anterior a Moscoso ( Pérez Balladares) bajo el secretismo que se utiliza en la política panameña, fue el de establecer un Centro Multilateral Antidrogas, (CMA) cuyo fin era contener el flujo de drogas que transitaban por el país con destino a Norteamérica, que buscaba bajo toda circunstancia entregar la conducción de esta política a personal de la DEA (Drug Enforcement Administration) lo cual ha sido cuestionada por el poco éxito en la lucha contra las drogas, pues la efectividad del rastreo de naves aéreas o marítimas es relativa, ya que el narcotráfico utiliza otras vías terrestres y marítimas, aprovechando la liberalización del comercio; además, la solución no está en la militarización de esa lucha, sino en la restricción de la demanda y en otras formas de restringir la oferta
MOVILIZACIÓN MILITAR EN NICARAGUA
Este país centroamericano tiene una particular percepción sobre los militares norteamericanos, construida a partir de la guerra que vivió durante 10 años de la administración Sandinista; no obstante, la necesidad de ir sensibilizando a la población para que sea receptiva a este tipo de movilizaciones y desplazamientos militares, la Embajada Norteamericana en Nicaragua ha armado arreglos con la administración de Arnoldo Alemán y la recién instalada de Bolaños para que contingentes militares visiten el país y desarrollen labores comunitarias, cuyo fin es el de despertar los hilos sensitivos de los campesinos para que vean en los soldados extranjeros un depositario de sus confianzas, toda vez que le está resolviendo problemas y necesidades que han demandado desde hace años.
Es conocido en el ámbito de los académicos y especialistas en asuntos de guerra y conflictos, que en Centroamérica las zonas más violentas son las rurales, porque han vivido en un entorno vacío de estructuras institucionales y carente de leyes que posibiliten arreglos al margen de la confrontación. Este déficit ha descomprimido las fuerzas contestatarias y los impulsos emocionales hasta colocarlos en un plano donde se resuelven los conflictos de manera directa, confrontativa y muchas veces aplicando la justicia por su propia mano.
Indudablemente que esta situación no es la optima para las pretensiones de los inversores que están tras del PPP; además, los ímpetus y emociones pueden ser redireccionados y pueden atacar, en algún momento, a los representantes de las empresas que tienen interés en aplicar sus recursos en el área, lo que podría en riesgos las inversiones o las expropiaciones de tierras a los campesinos.
Teniendo presente la potencial situación, los agentes norteamericanos han puesto en marcha el plan de visita comunitaria con cuatro mil militares de Estados Unidos para que ingresen al país, con el compromiso público de construir escuelas, centros de salud y proporcionar asistencia médica gratuita a las comunidades marginadas del campo.
A fin de que el plan vaya a la par de los cabildeos del PPP, la Asamblea Nacional autorizó el ingreso escalonado al territorio nacional de un contingente de 3.665 efectivos militares y personal médico de Estados Unidos quienes atenderán e irán a las poblaciones de los municipios de Juigalpa, Santo Tomás y Bluefields, claro está coordinando sus acciones con el alto mando del Ejército de Nicaragua.
El decreto establece que el primer contingente de quince efectivos ingresó al país entre el 23 de abril y el dos de mayo del 2001. Un segundo grupo de cincuenta efectivos permanecería en Bluefields del 21 al 29 de mayo, y un tercero, que sería de 3.600 militares, programaría su arribo el 12 de diciembre y partiría hacia Estados Unidos el 30 de junio del año 2002, con una rotación de 300 efectivos cada quince días hasta completar la totalidad.
Los boletines de prensa que han circulado en torno a este acontecimiento, consignan que se programaron la visita de 25 doctores militares que se desplazaron por Bluefields, con visitas de dos semanas, atendiendo a cinco mil nicaragüenses en consulta y medicina gratis. Fue un tipo de servicio comunitario les permitió conocer cómo se comporta y cuales son las necesidades del pueblo, aspectos fundamentales para realizar un trabajo de cooptación a futuro.
PARAMILITARISMO EN GUATEMALA
La práctica paramilitar en Guatemala data desde 1981, cuando el gobierno de Romeo Lucas García organizó, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), cuyo objetivo era el de aniquilar las comunidades indígenas y campesinas que brindaran apoyo a las fuerzas insurgentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)
Con la firma de los Acuerdo de Paz ( 29 de diciembre de 1996) las PAC fueron disueltas y el gobierno no les reconoció ningún estatus de cuerpo institucional, por lo que no fue depositaria de ningún beneficio compensatorio (jubilaciones o pensiones de guerra), viéndose forzados a retornar a sus lugares de orígenes, las fincas o poblados rurales.
Con el arribo del presidente Alfonso Portillo en el año 2000, respaldado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) las PAC se reactivaron con paros y bloqueos para forzar al presidente en turno a negociar y obtener un apoyo económico de 20 mil Quetzales por persona (2.500 Dólares), lo cual lograron, apoyados por la gestión del General retirado Efraín Ríos Montt, quien hoy preside la mayoría del congreso de ese país. La relación de las PAC con el FRG y Ríos Montt es pública y de intereses fácticos de poder, por ello de cara a las elecciones y el negocio que ofrece el PPP, las PAC han revestido su accionar y al amparo del gobierno reactivaron su comportamiento paramilitar en zonas del Petén, Mazatenango, Alta Verapaz y Huehuetenango, actuando de forma conjunta con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), organización conservadora estructurada por ex soldados y patrulleros.
Desde 1999 a la fecha, la tendencia de las actuaciones paramilitares es incremental, expropiando terrenos, secuestrando a campesinos y lideres comunitarios, quemando ranchos, robando animales, ajusticiando a los delatores y querellantes que se han atrevido a entablar juicios contra los atropellos militares.
No sólo actúan en Guatemala, los brazos del sicariato llegan hasta Chiapas, México, donde ofrecen sus servicios a propietario de fincas de café y ganaderos para confrontar a los simpatizantes del ELN.
Los puentes del Plan Colombia con el PPP
En Colombia se ha iniciado un proceso de privatización acelerado en 13 electrificadoras donde el estado era el accionista mayoritario. Los pretextos que se esgrimen son las dificultades de inversión por el gobierno, la demanda creciente de energía por parte de la población, los atentados en las torres de conducción de energía que ha ocasionado la guerrilla y el interés de empresas norteamericanas por invertir en el país, aunque esto último es curioso, porque mientras la prensa desacredita los destinos turísticos colombianos por el grado alto de inseguridad y ola de secuestros, por otra parte presiona por la vía diplomática para invertir en el país.
Las compañías en venta, en la Fase Uno, y que han sido objeto de inversión foránea se encuentran ubicadas en la zona centro y centro sur de país, lugares donde se dirime el conflicto y son la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), Empresa de Energía de Cundinamarca y las electrificadoras del Quindío, Huila, Meta y Caquetá.
La Segunda Fase se concentrará en la capitalización de las centrales Eléctrica de Norte de Santander, Electrificadora de Santander, Centrales Eléctricas de Nariño y Electrificadora de Cauca.
Lo relevante en este proceso de privatización es que la Fase Uno se encuentra ligada de manera fronteriza con la Zona de Distensión en la administración Pastrana, creada el 7 de noviembre de 1998, lo cual fue un ingrediente determinante para que se rompieran las negociaciones los días 20 y 21 de febrero del 2002.
En esta zona se encuentra enclavada la Base Militar de Tolemaida, colindando con Cundinamarca, conformada por tres brigadas móviles de 1.200 hombres armados; en Neiva, Capital del Huila, existe la XII Brigada del Ejército con 3.000 soldados, fuerzas especiales y una flotilla de tanques Cascabel. A estas fortalezas militares se le agregan los corredores estratégicos de Florencia con 2.000 soldados, la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur en el Putumayo con 5.000 personas y la Séptima Brigada con sede en Villavicencio.
La Fase Dos contempla los Departamentos de Santander, Santander del Norte, Nariño y Cauca, zona oriental y sur occidental de Colombia, respaldada militarmente por la colindancia con Ecuador y sede de la Base Militar Manta.
El armamento que se utiliza en cada acción bélica varía, pero el arsenal tiene un repertorio amplio, desde lancha Pirañas, helicópteros Black Hawk y Arpía, aviones Hércules y C-130, OV-10 y Avión Plataforma.
Como podemos ver, las privatizaciones en el ramo eléctrico no tienen riesgo porque se encuentran resguardada por el ejército nacional, las acciones del gobierno de Álvaro Uribe y por la recién creada Red de Informantes, que son paramilitares oficializados. La pregunta que asalta la razón es ¿Seguirá marcando esta tendencia la instrumentación del Plan Puebla Panamá?
¿Se convertirá la Red de Informantes en un recurso político para aplicarse en las zonas donde nazca el conflicto por la ola de privatizaciones y expropiaciones de tierra? ¿Se acuerparán los campesinos desplazados y expropiados de sus tierras en un ejército de informantes para facilitar las tareas de los paramilitares? ¿Ante la escasez de empleo, será la Red de Informantes una oportunidad para obtener un salario? ¿Seguirán organizándose ejércitos paramilitares para actuar donde el estado no quiere comprometerse?
Esos interrogantes, por un lado, son preguntas de investigación que ha comenzado a tener respuesta por los acontecimientos en Chiapas, Guatemala y El Salvador. Por otro lado, se avizora un adelgazamiento de la sociedad civil colombiana frente a un incremento de la sociedad política, en la medida que se está incorporando a un grueso de la población en acciones militares, aunado a ello, está el llamado que hace a los 20 mil miembros retirados de la policía y a los reservistas menores de 45 años para que coadyuven en las tareas del estado para combatir a los insurgentes armados.
El futuro de la región, dado el soporte que nos brinda los datos obtenidos, es incierto, cargado de temor, lleno de violencia y desgarramientos al interior de la sociedad civil, sin que se asome un hálito de esperanza para los colombianos que desde hace años esperan el tranvía de la paz
Recursos militares del PPP
El Salvador: Base permanente de inteligencia y de monitoreo en la Embajada norteamericana de San Salvador, la cual es más grande que la de los demás países de América Latina.
El Plan Nuevos Horizontes de Estados Unidos para realizar ejercicios conjuntos de fuerza de tarea con el Ejercito de Guatemala en la región de El Petén, desde febrero-mayo del año 2000, frontera de México; este programa ya se ha realizado en El Salvador, participando Guatemala también.
La misión de Nuevos Horizontes es estrictamente de entrenamiento y de "apoyo" humanitario. No es operación antinarcóticos, pero sí una combinación cívico-militar. El ejercicio realizado en Chalatenango fue dirigido por el Coronel Clayde Leavelle, quien 1990 estuvo en Arabia Saudita en la Operación Tormenta del Desierto y se desempeñó como oficial ejecutivo de batallón. Este Coronel Leavelle es especialista en artillería, defensa aérea, paracaidismo y combate aéreo de fuerza rápida.
En El Salvador la operación cívico militar se denominó Fuerza de Tarea Conjunta Santa Fe, en el contexto de Nuevos Horizontes 2000 y de penetración comunitaria, para ello se construyeron dos cocinas, una clínica; se perforaron diez pozos y se rehabilitaron caminos; se atendieron en consulta 30 mil personas y 10 mil animales.
Para el ejercicio del 2001, ya realizado, se eligió El Petén como lugar idóneo.
Y los proyectos planificados fueron:
|
Construcción de una escuela y un pozo en Yaxal y El Porvenir; escuela en Redentor, El Arrozal y Morales; pozos en Zocotzal, Panorama y La Granja, y asistencia médica en Las Cruces, Rancho Alegre, La Libertad, El Chal, Dolores, La Máquina, El Zapote y El Remate. |
En las fronteras de Honduras con Nicaragua, previo a las elecciones de noviembre del 2001, y ante una contingencia que diera el triunfo al FSLN, se activaron los grupos paramilitares desde finales de julio del presente, los cuales estaban conformados por exmilitares y ex policías que se han aglutinado alrededor de unos "Comités de Defensa Cívicos" y funcionan como factor coadyuvante de los cuerpos oficiales.
Actúan en zonas fronterizas con Nicaragua, cuentan con entrenamiento militar y desarrollan labores como autoridades; no hay que olvidar que la Base Militar de la época de los "Contra" aún existe: Palmerola.
Se agregan a Palmerola las bases militares de San Pedro Sula, Cucyagua, Tegucigalpa, San Lorenzo, La Ceiba, Trujillo, Puerto Lempira y Dursuna. Esta por construirse la base militar en Los Cayos Miskitos en el litoral norte.
|
El armamento de los militares hondureños
ARMAMENTO : 40 aviones de combate; no helicópteros armados
Aviones Caza de Ataque a Superficie: 2 Escuadrones:
1 con 13 aviones Cessna A-37B Dragonfly
1 con 10 aviones Northrop F-5E Tiger II, y 2 F-5F Tiger II
Aviones de Caza: 8 aviones Dassault Super Mystere B2
Aviones de Transporte: 5 aviones Douglas C-47, 1 Lockheed C-130A Hércules, 1 Lockheed L-188 Electra, 2 IAI-2O1 Arava y 2 IAI-1124 Westwind
Aviones de Enlace: 1 escuadrón con 1 avión Barón, 3 Cessna 172, 2 Cessna 180, 2 Cessna 185, 3 Rockwell 114 Commander, 3 Piper PA-31-235 Navajo y 1 Piper PA-34 Seneca
Helicópteros: 9 Bell 412P, 3 McDonnell Douglas Hughes 500D, 5 McDonnell Douglas Hughes TH-55, 13 Bell UH-1B/H (6 1B y 7 1H) Iroquois y 1 Sikorsky S-76 Spirit (VIP)
Aviones de Entrenamiento: 4 aviones CASA C-101 BB-03 Aviojet, 6 Cessna U-17A, 11 Embreaer
Av EMB-312 Tucano y 5 Cessna T-41A Mescalero |
En la frontera Guatemala-México, el desplazamiento de los Kaibiles guatemaltecos, desechados por el ejército de ese país por los Acuerdos de Paz, se ha dado hacia el estado de Chiapas a lo largo de la franja fronteriza de Las Margaritas y La Trinitaria y según testimonios recogidos, se emplean como fuerza paramilitar de los ganaderos y cafetaleros de la zona sin que sean divisado por la base militar del ejército mexicano de Amparo y Aguatinta; además, actúan como agentes amedrentadores en los municipios autónomos de Tierra y Libertad.
Lo que preocupa a los inversores del PPP
El PPP por sus recursos petroleros y el potencial eléctrico es un bocado apetecido por las Corporaciones Multinacionales, toda vez que han decido innovar en el área de los nuevos negocios la fusión entre petróleo y sector eléctrico, conocido como petroeléctrica.
La nueva industria petroeléctrica que se pretende constituir en la región del PPP busca tesoneramente el retiro del Estado de esas áreas estratégicas, a fin de que los inversores extranjeros puedan ampliar las redes de producción y distribución de gas, petróleo y privatización de las compañías generadora de electricidad lo que redundaría en una mayor acumulación de capital y jugosas ganancias. No obstante, hay nubarrones que despejar para que el proyecto se instale en la zona.
Una de las preocupaciones, misma que tienen que resolver los Estados de cada país incluido en el PPP, es saber distribuir la población de 27.5 millones de habitantes, porque sólo un 35% está en posibilidad de ser incorporada en los programas de envergadura, el 65% restante será población residual; sin embargo la privatización de los servicios públicos (agua, energía, alcantarillado, carreteras, etc.) va a afectar a toda la población, a ello habría que sumarle el déficit de infraestructura en servicios de salud, vivienda, educación, vías de comunicación, y agua potable, lo que se convierte en una potencial bomba de tiempo para que estallen conflictos sociales.
Otro factor inquietante es que los gobiernos y partidos políticos centroamericanos han construido su poder y áreas de influencia a través de una política de concesión, paternalismo y corporativismo que les ha redituado beneficios en un corto plazo; sin embargo, el PPP tiene contemplado un acotamiento al papel de los gobiernos centroamericanos para que no sean protagonistas de primera línea, sino de interlocutores de mediación, porque las grandes decisiones estarán en los organismos financieros, los empresarios y el gobierno norteamericano. Todo ello abre una interrogante mayúscula ¿Cuál va ser el desempeño político de los líderes políticos centroamericanos cuando se vean marginados de los grandes negocios y con un perfil bajo en la política?
La reorganización de los ejércitos y las policías nacionales en Nicaragua, El Salvador y Guatemala pasó por un grado de dificultad en las negociaciones por la paz, se dieron concesiones a los grupos armados, en algunos casos, y en otros se abrieron espacios en la policía privada o bancaria para que se enrolaran, sin que esto haya desmontado las diferencias que existen; ahora se pretende agregar una policía regional que ataque los problemas de narcotráfico, tráfico de indocumentados y del terrorismo, pero bajo una coordinación de elite con agencias especiales de los EE.UU., entre ellas la DEA y los encargados de la política hemisférica del Departamento de estado. ¿Se podrá trabajar en conjunto conociendo la red y tráfico de influencia y corrupción que existe entre ellos?
Otra asignatura pendiente es de que manera se va a asegurar militarmente la custodia de la potencial conectividad eléctrica en la región, lo cual nos refiere al proyecto de inversión de alguna empresa transnacional que está dispuesta a incursionar en el mercado de generación eléctrica, y que sin duda llevará a la privatización de los últimos activos públicos como son las plantas geotérmicas e hidroeléctricas.
Por último, La construcción de carreteras y puentes podría ser beneficiosa para los consumidores y comunidades en algunos casos, en otros se lesionaran intereses comunitarios, aunque ello no es automático. Se va requerir mucha negociación ante las presiones y movilizaciones sociales sin violentar el marco jurídico e institucionales, lo cual no va a ocurrir, si nos atenemos a la experiencia de San Salvador Atenco, donde el conflicto estuvo de por medio para detener la expropiación irracional que pretendía el gobierno mexicano, vulnerando todos los derechos de una comunidad.
Así se muestra el PPP, complejo, conflictivo y militarizado pero con grandes ganancias para las empresas inversoras, aunque el dinero que brote de esas nuevas empresas va estar teñido de sangre campesina, de desgarramientos comunitarios y de violencia en muchos lugares de la región.
B I B L I O G R A F Í A
LAVIN JOAQUÍN.2002. "Quiere el gas boliviano, pero elude hablar del mar" entrevista realizada por Hugo Moldíz Mercado en revista COSAS, edición internacional, 10 de julio. Bolivia. PP. 20/22.
SALAZAR ROBINSON, 1998. "El escenario para la paz en Colombia y México", en Revista Theorethikos, No 06, Año 1. http://www.ufg.edu/therethikos/robinson.html
SALAZAR ROBINSON, 1998. "El sentido de la negociación por la paz en Colombia", en Revista THEMA, No 3, http://www.colombia-thema.org/sep98/robinson-negociacion.htm
SALAZAR ROBINSON, 1999. "El Imaginario comprado: un acto de desesperación de los paramilitares", en Revista Theorethikos, No 09, Año II, http://www.ufg.edu/theorethikos/reflexiones5.html
SALAZAR ROBINSON, 2000. "La Militarización en Colombia", Ponencia en el X Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Morelia, Mich.
SALAZAR ROBINSON, 2000. Actores imaginarios o imaginarios sin actores en la guerra de Colombia, en Revista Espiral enero /abril/ Volumen VI. Universidad de Guadalajara, Págs. 15/48
Salazar Robinson, 2001. Conflicto y violencia en América Latina, en Revista Reflexión Política, No 6, año 3, Bucaramanga/ Colombia, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Págs. 23/37
SALAZAR ROBINSON, 2001. " El Plan Colombia: Diáspora del conflicto en la región. Ponencia en el XI Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, Villahermosa, Tab.
Salazar Robinson, 2001. " Plan Colombia, Plan Dignidad y Plan Puebla Panamá, tres anillos para un solo dedo. Ponencia en el Congreso de Las América. Cholula, Puebla.
(Volver a página inicial)