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Estados Unidos, Colombia y sus vecinos:
Los desafíos externos de la "seguridad democrática"
Arlene B. Tickner y Rodrigo Pardo
De Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2003

Resumen: La estrecha relación de Colombia con el gobierno de George W. Bush no ha probado ser tan efectiva como se esperaba. La ayuda financiera fluye con facilidad, pero en los hechos el Plan Colombia no ha cumplido las expectativas en cuanto al combate de las drogas. En cambio sí ha tenido efectos negativos en sus relaciones con los países vecinos.

Arlene B. Tickner es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia. Rodrigo Pardo es subdirector de El Tiempo y fue ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.

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La elección de Álvaro Uribe el 26 de mayo de 2002 fue señal de un profundo viraje en la política colombiana. El nuevo presidente cambió las costumbres electorales al evitar la segunda vuelta y obtener una amplia victoria con 53% de los votos, tras haber comenzado su campaña con sólo 20% del electorado a su favor. Para la mayoría de los analistas su participación en esta contienda formaba parte de una estrategia política de largo plazo que tenía por finalidad darse a conocer.

El triunfo amplio y sorpresivo de Álvaro Uribe fue interpretado como un mandato de cambio frente a la política de paz de su antecesor, Andrés Pastrana (1998-2002), quien dedicó gran parte de su administración a buscar una solución política al conflicto interno. Con el lema de "Mano firme, corazón grande", Uribe interpretó el hastío de la opinión pública frente a los "excesos" de su antecesor y, sobre todo, ante la arrogancia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que nunca dieron muestras convincentes de su disposición a negociar el fin de su lucha armada de más de 40 años.

La campaña electoral del año 2002 giró en torno al tema de la guerra. La percepción mayoritaria de que el proceso de paz había fracasado fue canalizada por Uribe en su condición de principal crítico de la política de Pastrana. Su discurso y su programa de gobierno eran reflejo de una "línea dura" que el electorado acogió con un entusiasmo sin precedentes en la hasta entonces predecible tradición electoral del país.

En consecuencia, desde sus inicios el 7 de agosto de 2002, la columna vertebral de la presidencia de Álvaro Uribe ha sido la definición y la ejecución de una política de seguridad, que contempla una guerra frontal en contra de los actores armados que no estén dispuestos a negociar según los términos anunciados por el gobierno. La "política de defensa y seguridad democrática" fue propuesta durante la campaña electoral como un plan integral de consolidación del control del Estado sobre el territorio nacional y como garantía de la seguridad de la población.

Hasta la fecha, las medidas implementadas por el gobierno de Uribe en aplicación de su política son: 1) la ampliación y modernización de la fuerza pública; 2) el cobro de un impuesto único de 1.2% al patrimonio de los colombianos más adinerados para financiar lo anterior; 3) la intensificación de la "guerra contra las drogas" y de la "guerra contra el terrorismo"; 4) la instauración de zonas de rehabilitación y consolidación bajo control militar; 5) la creación de redes de informantes; 6) el reclutamiento de efectivos campesinos; 7) la organización de caravanas colectivas por las principales carreteras del país, y 8) la presentación de un estatuto antiterrorista que implica una reforma constitucional.

Aunque la política de seguridad democrática recalca la necesidad de garantizar el estado de derecho, en la práctica uno de los obstáculos más grandes de esta estrategia es la reconciliación de la seguridad con la protección de los derechos y las libertades fundamentales de la población. En una carta al presidente colombiano del 26 de agosto de 2002, Mary Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestó su preocupación por el crecimiento del paramilitarismo en Colombia, así como la posibilidad de que algunas de las medidas de excepción adoptadas por el gobierno podrían ser incompatibles con el derecho internacional, con los derechos humanos y con el fortalecimiento de las instituciones civiles del Estado. De hecho, el informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU señala que el conflicto armado colombiano se degradó mucho más en 2002. Por su parte, la iniciativa legislativa contra el terrorismo busca otorgar a la fuerza pública colombiana facultades extraordinarias para combatir este fenómeno que podrían prestarse para abusos contra las garantías fundamentales de la ciudadanía. Lo anterior se combina con algunas afirmaciones recientes del presidente Uribe en el sentido de que los grupos guerrilleros y paramilitares no se pueden calificar como combatientes sino como terroristas, lo cual tiende a borrar la distinción que establece el derecho internacional humanitario entre la población civil y las personas en armas.

RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS: DE LA NARCOTIZACIÓN A LA TERRORIZACIÓN

Si bien en el plano interno la administración de Uribe ha marcado grandes diferencias respecto de su antecesor Andrés Pastrana, entre los dos gobiernos han existido amplios grados de continuismo en su relación con Estados Unidos. Gran parte de ello se atribuye a la continuidad en el cargo del embajador en Washington, Luis Alberto Moreno, quien ha desempeñado una función protagónica y cuya inusual permanencia fue anunciada por Uribe antes que cualquier otro nombramiento de su gabinete. Para muchos, la aprobación del paquete estadounidense correspondiente al Plan Colombia en 2000 no se hubiera logrado sin la sofisticada campaña de cabildeo montada por la embajada colombiana, que permitió convencer a los miembros del Congreso estadounidense de la magnitud de la crisis. Después de la ruptura del proceso de paz con las FARC en febrero de 2002, Moreno también se convirtió en uno de los voceros principales de la idea de que el conflicto colombiano constituía la mayor amenaza terrorista en el hemisferio occidental.

El objetivo principal de la política exterior de Uribe ha sido vincular el conflicto armado con la cruzada internacional encabezada por el gobierno de George W. Bush contra el terrorismo. La identificación de los tres principales grupos armados colombianos como organizaciones terroristas con alcance global por parte del Departamento de Estado estadounidense, así como la comprobada participación de las FARC y de las AUC (los grupos paramilitares antiguerrilleros Autodefensas Unidas de Colombia) en diversas etapas del negocio de las drogas, facilitó este proceso. Un efecto inmediato de dicha estrategia, que comenzó a ponerse en marcha durante los últimos seis meses del gobierno de Pastrana, fue el levantamiento de algunas de las restricciones asociadas con el uso de la ayuda militar estadounidense en Colombia. En su solicitud de financiamiento suplementario de 27000 millones de dólares para la guerra contra el terrorismo y la defensa de la seguridad nacional, presentada el 21 de marzo de 2002, el presidente Bush pidió la autorización del Congreso estadounidense para que las ayudas antinarcóticos que Colombia ya había recibido por medio del Plan Colombia pudieran utilizarse en la lucha contra el terrorismo.

Un segundo efecto de la inserción del conflicto armado colombiano dentro de la lógica antiterrorista tiene que ver con la financiación directa de parte de Estados Unidos de actividades no relacionadas con la lucha contra las drogas en Colombia. En su solicitud presupuestal para el año 2003, el gobierno de Bush también incluyó, dentro de los 532 millones de dólares solicitados, unos 98 millones para financiar un programa de protección militar para el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el cual la empresa estadounidense Occidental Petroleum tiene amplios intereses.

Para asegurar la continuación y la flexibilización de la ayuda estadounidense, Álvaro Uribe ha asumido una postura activa y enérgica de subordinación ante Washington, la cual se ha reflejado en la adopción de medidas aún más estrictas en la lucha contra las drogas, así como en una alineación con las posturas de Estados Unidos en el ámbito global, en especial en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo.

La columna vertebral de la alianza bilateral contra las drogas está constituida por un enérgico programa de erradicación de cultivos mediante la fumigación aérea. Los primeros resultados de esta estrategia se dieron a conocer en marzo de 2003, cuando los gobiernos de los dos países informaron sobre una reducción de 15% en las hectáreas dedicadas al cultivo de coca. Entre mediados y finales de 2002 la administración de Uribe levantó toda restricción respecto de la fumigación; además de incrementar el área de zonas fumigadas, la concentración del glifosfato utilizada en dichos operativos aumentó 30%. Lo anterior explica la reducción del área cultivada en el sur del país, en donde se concentra la fumigación. No obstante, se ha afirmado que una porción de los cultivos simplemente se ha trasladado del Putumayo y el Caquetá hacia Amazonas, Arauca, Guainía y Vichada, o a lotes más pequeños que son difíciles de detectar. Otra porción de las siembras erradicadas ha sido compensada por aumentos de los cultivos durante el año 2002 en Perú y Bolivia.

Si bien los gobiernos de Bogotá y Washington han registrado reducciones consecutivas en los cultivos de amapola en 2001 y 2002, en abril de 2003 se reconoció que dichos cultivos producen hasta tres veces más heroína de lo que se pensaba y que abastecen un porcentaje considerable del mercado de heroína en Estados Unidos. En el caso de ambas drogas (cocaína y heroína) los precios de venta en las principales ciudades estadounidenses han permanecido estables o, incluso, han bajado.

La fumigación aérea masiva ha creado problemas de salud pública, contaminación de aguas y destrucción de cultivos lícitos. Estudios realizados por la Defensoría del Pueblo en 2001 y 2002 indican que se han afectado las siembras de productos legales en las zonas en las que ésta se efectúa, y que se han causado problemas de salud asociados con la inhalación del plaguicida o su contacto con la piel humana. La fumigación incrementa la destrucción ambiental que de por sí causan los cultivos ilícitos: al obligar a los cultivadores a reubicarse, genera un círculo vicioso de fumigación y expansión de los cultivos hacia otras zonas no fumigadas. El carácter potencialmente nocivo de la fumigación con esta práctica fue reconocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en junio de 2003, cuando ordenó la suspensión de la fumigación aérea hasta que sus efectos se estudien más a fondo.

La interrupción del proceso de paz, en combinación con el contexto global posterior al 11 de septiembre, produjo un acercamiento aún mayor entre Colombia y Estados Unidos. El apego del gobierno colombiano a las políticas de Washington evidencia la convicción de que la ayuda militar estadounidense constituye un elemento indispensable en su propia lucha contra el terrorismo, uno de los ejes principales de la política de seguridad democrática. Además de la aplicación estricta de la "guerra contra las drogas", la administración de Uribe se ha alineado con Washington en su "guerra global contra el terrorismo". El presidente colombiano se sumó a la coalición de países que respaldaron a Estados Unidos en la invasión de Irak. Según dijo Uribe, "Colombia ha pedido al mundo apoyo para derrotar al terrorismo y no puede negarse a apoyar la derrota del terrorismo dondequiera que se exprese". El 18 de marzo de 2003, el subsecretario asistente para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Tom Shanon, se refirió al primer mandatario colombiano como el "Tony Blair" de América Latina.

Al cumplirse el primer año de su cuatrienio, Uribe ya había hecho tres visitas a la Casa Blanca: una como presidente electo y dos de carácter oficial. El propósito fundamental de su gobierno ha sido el de propiciar un mayor nivel de injerencia de la comunidad internacional (y en particular de Estados Unidos) en el combate a los grupos armados ilegales, en especial las FARC. En este complejo terreno, y más allá de la ayuda militar mencionada, Colombia ha logrado que el país del norte apoye desde el punto de vista político su estrategia de mano dura.

Recientemente algunos líderes de estos grupos fueron solicitados en extradición por haber participado en el narcotráfico. Tal fue el caso de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, jefes máximos de las AUC. En cuanto a las FARC, la justicia estadounidense abrió procesos penales contra Jorge Briceño (alias el "Mono" Jojoy, jefe militar de la organización), Henry Castellanos (alias "Romaña", jefe del Frente 16, con presencia en la región de Sumapaz, cercana a Bogotá) y el "Negro Acacio" (quien opera en el oriente y está acusado de haber construido lazos con narcotraficantes de Brasil para exportar estupefacientes).

También ha habido una inusual intervención de Estados Unidos en el incipiente proceso de negociación iniciado con los grupos de las AUC. A raíz de la solicitud de extradición de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, circularon versiones que planteaban la poco factible posibilidad de que dichas personas se sometieran directamente a la justicia estadounidense. Por último, en Estados Unidos el Departamento de Estado reconoció la existencia de contactos que en ningún caso incluían la negociación de la extradición sino esfuerzos para reiterar la política de la Casa Blanca de cumplir las obligaciones legales. La embajadora Anne Patterson anunció la disposición de su gobierno de apoyar, incluso con financiamiento, el proceso de diálogo con los paramilitares.

La acción de Estados Unidos, sin embargo, no ha estado exenta de generar roces con Colombia a pesar de la intención de la Casa Blanca de apoyar la política de seguridad democrática del presidente Uribe. En concreto, se han presentado incidentes por casos que involucran a militares de alto rango con el narcotráfico y la violación a los derechos humanos. Al almirante Rodrigo Quiñónez le fue retirada la visa para entrar a Estados Unidos debido a supuestos vínculos con narcotraficantes por los cuales había sido exonerado por la justicia colombiana. En junio de 2003, el general Gabriel Díaz fue dado de baja en medio de un confuso escándalo originado en la captura (y posterior pérdida) de un cargamento de dos toneladas de cocaína, encontrado gracias al aporte de tres informantes de la Drug Enforcement Agency (DEA, agencia para el control de drogas estadounidense), dos de los cuales fueron posteriormente asesinados. Versiones de prensa indican que el gobierno, al llamar a calificar servicios al general Díaz, lo hizo por petición de la embajada estadounidense. Aunque en ninguno de estos episodios hubo discrepancias públicas entre los dos gobiernos, la decisión del Congreso de Estados Unidos de congelar 37 millones de dólares hasta que el segundo caso no se investigara a fondo, junto con el efecto que tiene este tipo de medidas sobre la moral de las fuerzas armadas, evidentemente han suscitado inconformidad en el estamento militar y en el propio gobierno.

Un punto más de desacuerdo surgió en septiembre de 2002, cuando Estados Unidos solicitó la firma de un tratado bilateral con Colombia para asegurar la inmunidad frente a la Corte Penal Internacional del personal y los ciudadanos de ese país que estén en Colombia. La administración de Uribe consideró que dicha inmunidad estaba contemplada en un tratado firmado en 1962 y actualizado recientemente a raíz de la adopción del Plan Colombia. Esta alternativa fue rechazada por el gobierno de Bush, y el 1┬║ de julio de 2003 anunció la suspensión de la ayuda militar que quedaba por entregar a Colombia este año fiscal (unos 5 millones de dólares) y la posible congelación de la que corresponde al año 2004 si el gobierno colombiano no cambia de posición frente al tema.

COLOMBIA COMO "AMENAZA": LAS RELACIONES CON LOS PAÍSES VECINOS

De la misma forma en que el Plan Colombia de Andrés Pastrana fue visto por Europa y los países latinoamericanos como una iniciativa antidrogas de Estados Unidos en la cual no estaban interesados en participar, Álvaro Uribe, a pesar de manifestar su compromiso con una agenda de seguridad común en el hemisferio, no ha podido convencer a los países vecinos para que se comprometan con la "guerra contra el terrorismo" que se vive en Colombia.

Los vecinos continentales del país (Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá y Brasil) han tomado medidas militares para proteger sus fronteras de los potenciales efectos del "contagio" de la crisis colombiana, producto no sólo de la agudización del conflicto armado sino de la implementación de estrategias antidrogas. A raíz de estas preocupaciones el gobierno de Bush promovió una estrategia regional para el año 2002, denominada Iniciativa Regional Andina, por medio de la cual Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá y Perú recibieron mayor asistencia. A pesar de ello, la regionalización de la violencia ha tenido el efecto de suprimir otros temas importantes en las relaciones subregionales, por ejemplo el comercio, al tiempo que ha facilitado el aseguramiento, conocido con el término técnico de "securitización", de las drogas y con ella, la obstaculización de esquemas distintos, basados en los graves problemas sociales, políticos y económicos que estos países comparten, para hacer frente a este tema.

La naturaleza polarizadora del discurso antiterrorista de Álvaro Uribe es otro factor que permite entender los obstáculos que ha encontrado el gobierno colombiano a la hora de buscar aliados regionales para la "guerra" contra las drogas y la insurgencia. Uribe ha abogado por la creación de iniciativas regionales contra el terrorismo. En septiembre de 2002, propuso reformar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para incluir la lucha contra el terrorismo y las drogas. También ha buscado que los países vecinos clasifiquen formalmente a las FARC como grupo terrorista. Luego del atentado contra el Club El Nogal en Bogotá, en febrero de 2003, el gobierno colombiano logró que el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo Permanente de la OEA, así como los presidentes de América Central, condenaran formalmente a las FARC como responsables de este acto. Asimismo, los gobiernos de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, Venezuela y Brasil firmaron un acuerdo el 12 de marzo de 2003 por medio del cual se comprometieron a hacer un esfuerzo conjunto para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo. Posteriormente el Grupo de Río, en su cumbre presidencial de Cuzco, en Perú, y la Asamblea General de la OEA en Santiago de Chile, solicitaron a la ONU contactar a las FARC, indagar sobre su disposición a dialogar y, si ésta no se diera, apoyar al gobierno de Colombia a manejar el problema por otras vías. Lo que no ha sido posible es que algunos de los países vecinos de Colombia, entre ellos Venezuela, Ecuador y Brasil, declaren explícitamente a las FARC como terroristas. Ello daría lugar a la aplicación de medidas contempladas por la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, como la congelación de las finanzas de grupos terroristas y la persecución activa de sus miembros. Los tres países han argumentado que esa medida implicaría entrometerse en los asuntos internos de Colombia, y que su voluntad de ser mediadores viables en el caso de reanudarse las negociaciones con dicho grupo se vería obstaculizada.

Sin duda los mayores impedimentos que ha encontrado el gobierno de Uribe en el contexto subregional se han presentado en relación con Venezuela. La cooperación militar entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez ha sido poco menos que un imposible. La relación entre los dos mandatarios está afectada por una evidente crisis de confianza, pues cada uno considera que su homólogo es un aliado de los grupos internos que buscan derrocarlos. Chávez ve al gobierno Uribe como una oligarquía que mantiene lazos con la oposición venezolana, y cita como indicio la presencia en Colombia de Pedro Carmona, el ex presidente de Fedecámaras que ocupó por unas horas la presidencia venezolana en el fallido golpe del 11 de abril de 2002.

A su vez, en Colombia hay sospechas de que el presidente Chávez tiene nexos con la guerrilla, y desde el proceso de paz durante la administración de Pastrana se ha presentado una larga lista de incidentes que incluye la fuga hacia Venezuela de un guerrillero acusado de secuestrar un avión; visitas a la antigua zona de distensión del actual ministro del Interior venezolano, Rodríguez Chaín; la presencia en un foro en Caracas de un representante "oficial" de las FARC, y la publicación en la prensa de reportajes que aseguran que había campamentos de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. La propia presidencia de Colombia, en un comunicado oficial, se refirió en febrero de 2003 a "los violentos de las FARC y el ELN que se esconden en Venezuela".

Lo cierto es que mientras la agenda de asuntos que deben tratar los dos países es, a todas luces, trascendental, la falta de comunicación y la desconfianza mutua hacen particularmente complejo su tratamiento. Al fin y al cabo, Uribe y Chávez representan posiciones opuestas en relación con la lucha armada, con el papel actual de Estados Unidos y con el modelo político de democracia deseable para América Latina.

CONCLUSIONES

La política exterior de Álvaro Uribe, en su primer año, refleja el programa prioritario de su gobierno: el fortalecimiento de la seguridad, la confrontación con los grupos guerrilleros y la legitimación del uso de la fuerza. En el plano diplomático, la búsqueda de la "seguridad democrática" define el discurso, las prioridades, las alianzas y los instrumentos utilizados. La estrategia internacional del actual gobierno colombiano parte de una estrecha alianza con Estados Unidos, país que antes de la llegada de Uribe había convertido a su país en el tercer beneficiario de ayuda militar después de Israel y Egipto. Esta relación especial con Washington implica priorizar la relación bilateral sobre la que se da con otros actores del sistema internacional: Europa e incluso los países vecinos, o instituciones como las Naciones Unidas.

En términos conceptuales, la administración de Uribe comparte la visión que tiene el gobierno de George W. Bush acerca de los principales problemas de la política internacional y, como en el caso de la guerra en Irak, está determinada a actuar en forma decisiva a su lado. Lo anterior ha conducido a la inserción del conflicto interno colombiano en la cruzada internacional antiterrorista. En consecuencia, los grupos guerrilleros son considerados en la actualidad como terroristas (y no como combatientes), lo cual genera efectos para su tratamiento desde el punto de vista de la no aplicación del Derecho Internacional Humanitario y, en cambio, podría convertirlos en blancos para la aplicación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, que contempla la aplicación de drásticas sanciones contra los grupos terroristas y medidas para asfixiar su movilidad y sus manejos financieros.

Desde el punto de vista temático, el discurso internacional de Uribe está dominado casi del todo por el problema de la seguridad. Los planteamientos y propuestas formulados en distintos escenarios se circunscriben a esta agenda, como se vio con la convocatoria en Bogotá a una cumbre regional sobre seguridad, las propuestas planteadas al Grupo de Río y a la OEA para que conminen a la ONU a ejercer un papel activo en el acorralamiento político de las FARC, y las iniciativas llevadas a la propia ONU dirigidas a buscar un esquema de participación "a la colombiana". En forma paralela, y hasta ahora fallida, el gobierno colombiano ha acudido a la ONU para que intervenga en el conflicto con mecanismos que se apartan de su tradición: los cascos azules no se envían por solicitud de un gobierno sino por la de todas las partes de aquellos conflictos que amenacen la paz internacional y con posterioridad a la firma de acuerdos entre éstas, con el objeto de asegurar su cumplimiento o el mantenimiento de la paz. Dicha postura ha generado roces públicos por las críticas del gobierno de Uribe ante la falta de una respuesta rápida y positiva a las solicitudes formuladas a esta institución.

La apuesta del presidente Uribe es alta y no está exenta de riesgos. Al parecer, el gobierno colombiano considera que el contexto global actual, junto con el deterioro de la crisis nacional, no sólo obligan sino que hacen rentable una estrategia de subordinación. En efecto, sería difícil argumentar que la subordinación no ha traído algunos beneficios tangibles: entre 2000 y 2001 solamente, la ayuda estadounidense al país ascendió a la cifra histórica de alrededor de 1300 millones de dólares, y los montos correspondientes a 2002, 2003 y 2004 siguen evidenciando el elevado nivel de compromiso de Estados Unidos con la situación de Colombia.

Sin embargo, hasta el momento la puesta en operación del Plan Colombia no ha arrojado resultados notables en la lucha antidrogas (a excepción de la polémica reducción de cultivos, en especial en algunos departamentos como el Putumayo), y ha producido una serie de efectos negativos paralelos: por ejemplo, ha repercutido en el deterioro de las relaciones colombianas con los países vecinos y ha posibilitado la creciente intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia. Así, los únicos resultados visibles de la "subordinación agresiva" característica de las relaciones del gobierno de Uribe con Estados Unidos han sido el gradual fortalecimiento de las fuerzas armadas, el levantamiento de las restricciones sobre el uso de la ayuda militar estadounidense y, en menor medida, el aseguramiento de fondos limitados para iniciativas de fortalecimiento institucional y desarrollo alternativo en el país. Sería viable argumentar que el gobierno colombiano hubiera podido obtener los mismos logros sin haberse subordinado completamente a los designios de Estados Unidos. El hecho de que Washington tenga amplios intereses en juego que dependen de la situación nacional hace difícil pensar en el retiro de su ayuda en el futuro cercano.

Al preservar un mínimo de autonomía en su relación bilateral, Colombia podría fortalecer espacios de interlocución con otros actores internacionales cuya participación en la resolución de la crisis sería fundamental desde el punto de vista de varios objetivos: 1) el fortalecimiento de su capacidad de negociación frente a Washington; 2) la introducción de visiones diferentes de las de Estados Unidos en temas como el narcotráfico y los derechos humanos, sobre los cuales Europa, por ejemplo, tiene perspectivas que podrían enriquecer el conjunto de alternativas de políticas por seguir; 3) un alivio en las difíciles relaciones con países vecinos, y en especial con Venezuela; 4) una protección contra un eventual aislacionismo en el contexto latinoamericano, en el que Colombia podría caer como consecuencia de su alejamiento de los esfuerzos que están haciendo los nuevos gobiernos de Brasil y Argentina para fortalecer la integración del sur, y 5) la participación de otros actores en un posible proceso de paz.

La alianza especial que ha construido el presidente Uribe con George W. Bush podría enfrentar una serie de desafíos durante los próximos meses. Si bien hay pruebas contundentes sobre la voluntad política de los dos gobiernos de mantener intacta esta relación, hay otros elementos que muestran que existen algunos problemas. Las últimas votaciones en el Congreso estadounidense sobre temas que tienen que ver con la ayuda a Colombia manifiestan señales de fatiga. En particular, un grupo demócrata de la Cámara de Representantes considera que antes de mantener los niveles actuales de ayuda debe evaluarse la efectividad del presupuesto ejercido, y compararlo con otras necesidades más apremiantes de la política interna y externa de Estados Unidos. Además, se inicia un año electoral, en el que el presidente Bush buscará no solamente su reelección sino el incremento de las mayorías republicanas en el Senado y en la Cámara, lo cual podría ser un escenario poco fértil para defender el gasto de recursos en temas tan lejanos para los votantes estadounidenses.

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