DE DOHA A CANCÚN, LOS CIMIENTOS DE BARRO DE LA GLOBALIZACIÓN

Germán A. de la Reza*

Los avances en la apretada agenda negociadora de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), sugieren que el fracaso de Seattle, las movilizaciones de la sociedad civil y los efectos fragmentacionistas del 11 de septiembre del 2001, no han sido suficientes para debilitar el apetito de los países industrializados por las reformas globales.

En sólo doce meses, la OMC dio inicio a la primera etapa de las negociaciones ordenadas por la Reunión Ministerial de Doha en noviembre de 2001 y sus grupos de trabajo elaboraron gran parte de la agenda de la Reunión Ministerial de Cancún en 2003. A mitad de camino, los ministros de comercio de 23 países definieron en Sydney los compromisos básicos de la segunda y decisiva etapa de las negociaciones multilaterales. En noviembre, el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA dio a conocer en Quito el segundo borrador del Tratado y procedió al traslado de las negociaciones a Puebla, sede de la etapa final de la creación del acuerdo hemisférico. En ambas instancias se espera arribar a acuerdos definitivos antes del 1 de enero de 2005, previsión alentada por la aprobación de la autoridad fast track en Estados Unidos, la cual ya permitió en diciembre de 2002 la firma del Tratado de Libre Comercio con Chile, el primero que suscribe el país del Norte desde 1994.

Este Tratado es importante no sólo por los significados que tiene para la economía de ambos países, sino porque establece con relativa precisión algunos de los suelos negociadores del ALCA. En materia de propiedad intelectual promueve el refuerzo de los instrumentos y normas de control de las patentes, además de la protección de marcas y el combate a la importación de copias de productos farmacéuticos. Este último aspecto contiene una velada advertencia a la industria de fármacos de la Argentina y el Brasil, bajo presión permanente de parte de Estados Unidos. El capítulo agrícola, sector estratégico de Chile, pero también de la Argentina e importante para Colombia y Centroamérica, permitirá la liberalización inmediata de pocas frutas (uvas y peras), la otras teniendo que esperar 12 años. Otro tema en el cual Estados Unidos hizo avanzar sus posiciones fue la eliminación de los controles al capital extranjero, distintivo de la política financiera chilena. Según el acuerdo, los mecanismos regulatorios tendrán una vigencia de un año y en caso de obstaculizar las salidas de capital los inversionistas podrán exigir compensaciones después de 6 y 12 meses dependiendo del tipo de inversión.

No obstante el dinamismo negociador y sus resultados, puede decirse que el avance pactado en la apertura de mercados, el flujo de inversiones y la solución de controversias no ha implicado un progreso en las posiciones de los países en vías de desarrollo, en particular de América Latina. El balance de tres de sus demandas respalda esta afirmación.

El tema tradicional de la agenda latinoamericana, la reducción de los subsidios a la agricultura, todavía no cuenta con un entorno favorable en la OMC ni en el ALCA. Ante este hecho, los representantes de la región resolvieron vincular el avance en este tema al desarrollo de las negociaciones en la OMC. A pesar de esto y sobre todo porque la Unión Europea no prevé un mandato claro para desbloquear el tema de la agricultura en la OMC, es casi seguro que las negociaciones en una y otra instancia estén paralizadas durante el 2003 o que se limiten a definir las alternativas al incumplimiento de los países industrializados de los acuerdos antisubsidios que remontan a la Declaración de la Ronda Uruguay de 1994.

Otra de las preocupaciones mayores de América Latina, el proteccionismo del sector de textiles y vestimenta, podría tener un desenlace ligeramente distinto. En el marco del ALCA se esperan modestos avances condicionados a la adopción del mecanismo de reglas de origen propuesto por Estados Unidos, que busca forzar a los exportadores latinoamericanos a fabricar prendas de vestir con insumos estadounidenses. Es probable que en la OMC este tema no registre desarrollos significativos en el cumplimiento de los programas de reducción de cuotas aprobadas en 1994, con la salvedad de que la reciente admisión de China, el mayor y más competitivo exportador de textiles del mundo, contribuya a la modificación de la relación de fuerzas.

La tercera y más antigua demanda latinoamericana, el reconocimiento del menor desarrollo con el fin de aligerar sus compromisos en materia de liberalización, no presenta mejores perspectivas. La reducción arancelaria, según han observado decenas de estudios, le impone al mundo en desarrollo un esfuerzo productivo y fiscal sin precedentes, ya que tiene que igualar el promedio arancelario de los países industrializados (5%) partiendo de un nivel tres veces más elevado (15%). Esto, sin que por ello se garantice el acceso de sus bienes a los mercados mayores, protegidos por los sistemas de cuotas, el frecuente recurso a las medidas antidumping o a las reglas de origen estrictas, los excesivos controles fitosanitarios y una barrera emergente, que la Unión Europea desea se constituya en uno de los temas centrales de la OMC: los requisitos medioambientales vinculados al comercio.

La principal facilidad otorgada a los países de menor desarrollo en el ALCA y la OMC, los calendarios de desgravación más prolongados, aparece en este contexto falto de significado en razón del aumento o la permanencia del proteccionismo en los productos que en ocasiones son esenciales para su oferta exportadora. Una segunda facilidad, la asistencia técnica, revela indirectamente el estrecho margen de maniobra de los países más pobres. Este apoyo busca resolver las muy reales limitaciones de los países para hacer frente a la complejidad y variedad de los temas de negociación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene de crear en el hemisferio un programa de seminarios de asistencia técnica para las delegaciones de Centroamérica, el Caribe, la Comunidad Andina y el MERCOSUR que atienden las negociaciones del ALCA y la OMC. Sin embargo, aunque su necesidad es incuestionable, no se entiende cómo el adiestramiento técnico permitirá enfrentar por sí solo la negativa de las economías industrializadas a abrir sus mercados y, menos aún, de qué manera facilitará la tarea de los gobiernos que tienen que explicar a sus sociedades al borde del colapso económico las razones de la participación en un proceso inequitativo.

Más aún, dado que los programas de asistencia intervienen en la fase final de ambos procesos y que, por lo tanto, su impacto habrá de ser modesto, cabe preguntarse si estas acciones no están motivadas tan solo por el deseo de apuntalar el maltrecho andamiaje de la globalización, así sea sobre cimientos de barro.

*Germán A. de la Reza es especialista en integración económica y asesor de negociaciones comerciales.

 

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