Chile: La Corrupción en la Medida de lo Posible
Raúl Blanchet
Raúl Blanchet
Corrupción y probidad son palabras de moda por estos días. Pese a ello, pocos se preguntan lo que existe tras ellas y contemplan como una extraña procesión el desfile de escándalos y denuncias.
Pese a lo cuestionable de actos que son públicamente repudiados, una verdadera maquinaria bien montada parece funcionar sin que importe la indignación o perplejidad ciudadana.
La imagen de un país devorado por la corrupción inunda los noticieros, la prensa, y se hace sentir en cada rincón del país.
Escándalo tras escándalo, la población observa cómo le es arrebatado el patrimonio público, en trozos de todos los portes.
Sin embargo, pocos perciben que la corrupción cuenta en Chile con terreno especialmente abonado, incluso con una legislación que le proporciona rango institucional. A eso, pocos se refieren en medio de las denuncias. El doble discurso y un perverso culto a la mentira impiden que sean abordados aspectos esenciales que hacen de la corrupción un integrante mas de la vida nacional, que resulta condenable en la medida que se está fuera de la mordida.
La presidenta del CDE, Clara Szczaranski, definió hace tiempo la corrupción como una desviación de una conducta pública o privada de los parámetros legales. Un comportamiento en que la persona se aleja de las obligaciones normativas que impone el interés publico.
Una ley para corromper
El 14 de diciembre de 1999 se dictó, con el número 19.653, la ley de probidad administrativa en las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y concebida como una de sus máximas realizaciones.
Destinada a poner coto a la extensa cadena de actos de corrupción que golpearon a la opinión pública desde el primer gobierno de la Concertación, la nueva ley creó importantes espacios para que aquellos se continuasen perpetrando, pero ahora dentro de un marco institucional.
Una muestra categórica de ello se expresa en el artículo 64, número 5, que prohibe "solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza". Pero en seguida agrega: Exceptúase de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación". Es decir, que para todos los funcionarios públicos es permitido recibir cualquier regalo, no importando su valor, magnitud y procedencia, según lo autoriza "la costumbre y buena educación", lo que abre un campo ilimitado de posibilidades e interpretaciones. Y por cierto, queda excluido objetar intenciones y compromisos que de tales expresiones de "educación" puedan surgir.
Otra perla de esta obra maestra de orfebrería es la desregulación de los contratos a honorarios.
El artículo 54 de la ley de probidad contraviene abiertamente el Estatuto Administrativo que norma el desempeño, las funciones y emolumentos de los servidores públicos, por cuanto considera que: "los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa". De una plumada deja fuera de tales obligaciones a los funcionarios a honorarios, aquellos que con o sin contrato extienden boleta de servicios, los que según el Estatuto Administrativo son considerados bajo las mismas obligaciones y también probidad, porque según establece estos servidores pueden trabajar de planta, a contrata (cuyo contrato no excede un año calendario, pudiendo ser renovado al finalizar cada período, teóricamente) y a honorarios.
Así las cosas, como demuestran escándalos actuales y anteriores, la normativa permite que los ministros se intercambien la contratación de familiares con sus pares de otras carteras, por ejemplo, o que un operador político de las directivas de los partidos oficiales acceda a honorarios por diversos servicios en diferentes reparticiones fiscales.
Y también que funcionarios públicos puedan recibir obsequios como el legendario "caballo Copeva", del ministro Hermosilla, titular de Vivienda y Urbanismo, de parte de la empresa de ese nombre dedicada a construir viviendas sociales. El hecho se reveló luego que se desencadenara el drama de las casas Copeva o casas de nylon, durante el invierno de 1997.
Señales
En agosto de este año se conoció el caso de Macarena Concha, ex jefa de gabinete de la ex gobernadora de Concepción, que mantenía contratada en los planes de empleo gubernamentales a familiares suyos. Descubierto el hecho, no pudo ser sancionada porque ella misma era contratada a honorarios por la gobernación, y no pudo ser acusada de nada pues no estaba bajo las exigencias de la ley de probidad.
Es el caso de Alejandro Chaparro actualmente en prisión por el caso coimas, el que percibía un sueldo de dos millones y medio de pesos, como jefe de gabinete del ministro de Obras Públicas, en contraste con lo que percibe cualquier funcionario que ingresa de planta por un sueldo de 250.000 pesos. En casos como éstos, el contrato suele ser un decreto firmado por el subsecretario respectivo, en representación del ministerio.
El caso de Macarena Concha representa una potente señal de los alcances que puede tener la desregulación establecida, que las autoridades simplemente ignoraron.
Para peor, su afirmación de que no la afectaba la ley de probidad fue corroborada por el propio Contralor General de la República, quien declaró a un matutino en julio pasado que tampoco existiría nepotismo en los casos de varios ministros de la Corte Suprema en cuanto a que mantendrían familiares en determinados cargos.
De este, modo la ley otorga vida orgánica constitucional al desarrollo de la corrupción, más que luchar efectivamente contra ella.
El sistema de honorarios se convierte en un importante mecanismo al servicio del gobierno de turno, para premiar a dirigentes y operadores políticos, como a todo aquel al que se deba un "favor". Los parlamentarios saben que con esto pueden otorgar remuneraciones a todo su equipo político.
Este sistema de sueldo permite además multiplicar varias veces el sueldo mínimo de la Administración Pública, por la vía de obtener varios contratos por otras tantas prestaciones de servicios en diferentes reparticiones simultáneamente, como quedó demostrado, tras el escándalo por las coimas, por los honorarios visados por Patricio Tombolini cuando ejercía como subsecretario de Transportes.
A comienzos de 2002, se presentó otra señal de importancia respecto a la relación probidad-corrupción. El incendio comenzó cuando el directorio de la empresa Telefónica presentó una demanda contra el Estado debido a las medidas adoptadas para regular el cobro de tarifas de parte de la transnacional, lo que ésta consideró lesivo a sus intereses y demandó ante la justicia los daños producidos por la disposición oficial sobre sus cobros tarifarios.
Apareció en titulares el nombre de Fernando Bustamante, a la sazón presidente de la estatal Metro S.A. y a la vez integrante del directorio de Telefónica. El escándalo se produjo tras conocer el doble vínculo de Bustamante y el alegato acerca de la incompatibilidad existente en su conducta, por cuanto la propia ley de probidad declara incompatibles para autoridades o funcionarios públicos "la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado". Ciertamente, Bustamante representaba a terceros, los accionistas de Telefónica CTC, en una demanda contra el Estado del que era principal representante en la empresa Metro S.A. que, por ser empresa pública, se rige por la ley de probidad. En tal circunstancia, transgredió lo dispuesto por esa ley. La vulneración de la normativa y las medidas que se intentó aplicar para proporcionar "normalidad" a la actuación de Bustamante fueron interpretadas incluso por numerosos personeros oficialistas como una burla contra la ciudadanía, que en su totalidad se ve sometida a todas las disposiciones legales vigentes.
Bustamante estuvo a punto de renunciar a la presidencia del Metro, según dio a conocer la prensa, pero Ricardo Lagos se encargó de persuadirlo de que desistiera de la decisión y continuó en el cargo.
Entre coimas y honorarios
En medio de las denuncias de coimas que afectan a personeros PPD, radicales y DC, emergen como una prueba más de lo pernicioso que resulta la contrata liberada del peso de la ley de probidad, los polémicos honorarios cancelados por el ministerio de Transportes a personas como Cesar Parra por asesorías comunicacionales, por $2.777.778 mensuales; Francisco Romero, por $1.500.000, sin función conocida; Arnoldo Mora, para asesorías jurídicas, por $1.000.000; Francisco González por $555.600 al mes para apoyar la comisión Nacional de Seguridad en el Tránsito, que es contratado además a fines de 2001 para apoyar en fiscalización, por otros $555.6000 mensuales; Rodrigo Troncoso, por $1.100.000 para asesoría en Secretaría Ejecutiva de la Conaset, sin que se conozca su verdadera función. En la extensa lista aparecen Ramiro Stefani, contratado a honorarios por $555.556 mensuales en fiscalización, pero además es jefe de Administración y Finanzas del INP. Claudia Espínola, contratada por tres meses, a razón de $1.000.000 por mes, en programa de fiscalización, aunque se desempeña en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Eric Leyton - detenido por el caso coimas-, contratado por todo 2002 como asesor del Programa de Fiscalización, por $1.000.000 mensuales, en circunstancias que cumplía al mismo tiempo el cargo de Jefe de Administración y Finanzas del Sence. El es quien cobró el Vale Vista por 15 millones de pesos extendido por el empresario Carlos Filippi para pagar, según su declaración, a Patricio Tombolini.
Las comisiones investigadoras
El escándalo suscitado por el pago de indemnizaciones millonarias en diversas empresas públicas - Correos, la ENAP, entre otras-, obligó a la Cámara de Diputados a crear a comienzos de 2001 una comisión que las investigara.
El trabajo desarrollado por la Comisión en pos de aclarar los hechos, llegó a tales resultados que la Cámara de Diputados se vio obligada a alcanzar un proyecto de acuerdo que corrigiera parcialmente el informe surgido de la investigación, que dejaba al descubierto el escaso esfuerzo investigativo de la comisión parlamentaria, sin que cumpliera los objetivos propuestos.
El informe final cosechó duras críticas de todos los sectores de la sociedad, por no reflejar la magnitud del abuso y porque además contó con la negativa del oficialismo a solicitar un ministro en visita que investigara las responsabilidades civiles y penales que implicaba el caso. Tampoco fueron contempladas las responsabilidades políticas de los ministros respectivos. Antes de que el hecho alcanzara el nivel de un nuevo escándalo, la Cámara de Diputados arribó a un proyecto de acuerdo que al menos estableció las responsabilidades políticas de los ministros respectivos, enmendando parcialmente lo obrado por la Comisión.
Ahora una nueva Comisión se apresta investigar el caso coimas, que representa una transgresión a la ley de probidad, encabezada por el diputado RN Arturo Longnton. Entre los 13 integrantes figuran el UDI Cristián Leay, el PPD Guillermo Ceroni y el radical Samuel Venegas.
En 1994, otra comisión parlamentaria se abocó a investigar si la actuación del entonces director general de aduanas, Benjamín Prado, había cometido faltas de probidad. El desempeño de la Comisión arrojó resultados contradictorios, como constatar que el personero no había incurrido en actitudes fraudulentas o faltas de probidad y, acto seguido, señalar que hubo "vínculos de amistad e intencionalidad para favorecer intereses reñidos con las normas y la transparencia a que deben ceñirse las relaciones entre funcionarios públicos y particulares". Dicha Comisión, presidida por Guillermo Ceroni e integrada entre otros por Cristián Leay y tres diputados RN encabezados por Arturo Longton, no produjo mayores resultados que brindar una salida airosa al impasse, pese a las conclusiones consideradas negativas contra Prado, pero que no alcanzaron mayor repercusión en lo político y mucho menos en lo civil y penal. La nota alta fue dada por los diputados RN, que se retiraron de la Comisión antes que concluyera su labor argumentando falta de garantías para investigar, lo que ciertamente debilitó los esfuerzos para cumplir el cometido. Se estableció un itinerario para una salida que no resultara deshonrosa para el funcionario, en medio de intensas negociaciones entre las cúpulas concertacionistas.
El antecedente es digno de ser considerado en momentos que sectores concertacionistas consideran que se juega la credibilidad de todo el sistema en lo que haga esta comisión investigadora. Pero la verdad es que se asemeja más a un libreto vastamente ensayado y aplicado que, posiblemente entre exabruptos y nuevas revelaciones, finalmente reduzca el perfil de los hechos para no arriesgar una institucionalidad que hace posible tan sabrosos beneficios para quienes sirven lealmente al oficialismo.
Ranking increíble
Según Tranparency International, ONG con asiento en Alemania dedicada a combatir la corrupción y con representación en más de 60 países, Chile se ubica actualmente en el lugar número 17, entre 102 países evaluados respecto a su índice de corrupción. El mismo que ocupaba en 1996, aunque en 1995 ocupaba el lugar 11. Según la ONG, nuestro país era comparable a países desarrollados y una excepción en América Latina, pese a que hubo más de 150 denuncias de irregularidades en 1997, provenientes de diversos ámbitos. En 1998 calificó en el lugar 21, entre 55 países analizados, para establecer cuales eran las naciones "más limpias". Los resultados de estos sondeos chocan con la cantidad y dimensión de las denuncias que estremecen al país.
Por cierto que la impunidad vigente sobre centenares de casos de corrupción alimenta una atmósfera de permisividad sobre comportamientos ilícitos, anómalos e incluso inmorales.
Una breve reseña para recordar. Según El Mercurio del 11 de agosto
de 1998, en 1994 se registraron pérdidas por $13.500.000.000 en la entonces estatal Esval (mas tarde privatizada), producto de asesorías irregulares y manejo indebido de fondos públicos.
Al cabo de tres años, no se registraba responsabilidad política sobre lo ocurrido. El gobierno designó nuevo directorio y la contraloría General de la República determinó que no existió delito.
En 1993 fue denunciada una estafa por pagos irregulares en la Refinería de Petróleo de Concón, RPC, por 456 millones. No se estableció responsabilidades políticas y sólo fueron removidos el gerente general y directorio de la compañía. La Contraloría solo estableció la existencia de malas prácticas administrativas y ninguna penada por la ley.
Dentro de las mismas características se inscriben hechos ilícitos acaecidos en el Servicio Nacional de Aduanas, Emporchi, Empremar, Codelco, Digeder, Dipreca, Instituto Nacional de la Juventud, entre otros. En todos no hubo responsabilidades políticas y tanto los sumarios como investigaciones judiciales establecieron en su mayoría irregularidades administrativas menores.