PERÚ: Derrumbe del "gobierno de todas las sangres"
El movimiento de protesta contra el régimen de Alejandro Toledo, y que involucra a la población de varios importantes departamentos del Perú, configura una síntesis de un período de extrema agudización de la lucha de clases en este país. Esta lucha, que se inició el 12 de junio y que se extendió hasta el 19 del mismo mes, resume el descontento general de los peruanos frente a un gobierno, que como lo señalamos anteriormente, es la continuación del fujimorismo sin Fujimori. Ha bastado sólo 11 meses de este gobierno para que las masas pobres del Perú, constaten en carne propia que Alejandro Toledo, que se presentó como una alternativa popular frente a la mafia dirigida por Fujimori y Montesinos, es igual y en algunos casos peor que su antecesor de palacio de gobierno. Esta lucha pone de manifiesto también, que no basta que un individuo sea "cholo" para que represente y defienda los intereses del país y del pueblo.
Esta lucha pone al descubierto la esencia reaccionaria de la seudo democracia y el falso parlamentarismo que Toledo inauguró después de la caída de la mafia fujimorista. A través de estas movilizaciones se expresa también que el discurso demagógico y falso que utilizó Toledo para ganar el voto popular y llegar al poder a perdido completamente su acción manipuladora. Las ilusiones que un sector del pueblo cifró en las elecciones burguesas y en el circo electoral, han concluido por lo menos en este periodo político. Esta lucha, al margen de la sinuosidad política de las personas y grupos que la dirigen, constituye un paso positivo en el reagrupamiento popular, y señala las perspectivas de las luchas futuras de los trabajadores peruanos.
Como se recordará Toledo ofreció en su campaña electoral instaurar un "gobierno de todas las sangres" y resolver los angustiantes problemas económicos-sociales de los pobres del Perú. Juró no privatizar las empresas públicas (como lo había hecho Fujimori); ofreció aliviar el hambre y la miseria de millones de ciudadanos; se comprometió a limpiar la gigantesca corrupción en el aparato del Estado. ¿Cumplió?. Todo sigue como durante el gobierno anterior. El Estado sigue en manos de funcionarios corruptos, las empresas públicas siguen en subasta, y la crisis económica sigue en bajada y cayendo sobre las espaldas de los pobres. Así en los 3 primeros meses de este gobierno (agosto-setiembre y octubre del 2001), más de 258 mil asalariados perdieron su puesto de trabajo cuyo resultando ha sido que un millón de personas pasaron a engrosar los rangos de los pobres extremos del Perú. El "gobierno de todas las sangres", se ha convertido en la alianza entre Toledo con los fuerzas más reaccionarias y antipopulares del país, llámese el Apra del corrupto Alan García Pérez, Acción Popular (AP), la cúpula de las Fuerzas Armadas, los restos de la organización política de Fujimori, o la misma Izquierda Unida, cuyos dirigentes son ministros, altos funcionarios y activos defensores del actual gobierno.
La lucha se inició cuando el 12 de junio, Juan Manuel Guillen, alcalde de Arequipa y siete alcaldes distritales se declararon en huelga de hambre exigiendo que el gobierno deje sin efecto la venta de dos empresas eléctricas del Estado: Egasa y Egesur. Estas empresas fueron subastadas por 167 millones de dólares a la transnacional belga-francesa Tractabel. Los huelguistas exigían un "referendo para consultar a los arequipeños y a los habitantes de otros pueblos del sur" sobre la venta de las dos empresas públicas. El gobierno respondió acusando a los reclamantes de ser "terroristas". Un día antes (el 11 de junio), en palacio de gobierno en torno a una bien nutrida y sabrosa mesa se realizaba un "almuerzo de trabajo" entre Toledo y los representantes de los partidos políticos que actúan en el Congreso. En la reunión estuvieron presentes Alan García (Apra), Lourdes Flores de Unidad Nacional, el presidente Valentín Paniagua (Acción Popular), Alberto Andrade de Somos Perú, Aldo Estrada de Unidad Popular Democrática, y otros de partidos menores. El cónclave tuvo como objetivo ponerse en línea con el "Acuerdo Nacional" entre la "oposición" y el actual gobierno.
El 13 de junio, ante la negativa gubernamental para dar marcha atrás en el remate de las dos empresas, el Frente Amplio Cívico de Arequipa, decretó un paro regional que fue acatado por toda la población. Toledo dijo refiriéndose a esta medida de lucha: "A PESAR DE LAS PROTESTAS SEGUIREMOS LAS PRIVATIZACIONES"
El 14 de junio, la lucha se generaliza y las masas salen a las calles. Bloquean carreteras, invaden locales del Estado. La ciudad es completamente paralizada y ni si quiera los aviones pueden despegar del aeropuerto de la ciudad. Inmediatamente a la explosión de la lucha, el 16 de junio el gobierno decretó el "estado de emergencia" en este departamento. Por un plazo de 30 días las Fuerzas Armadas asumían el control político y el orden interno en el departamento. Toledo desde palacio de gobierno reafirmó la decisión de su gobierno de seguir adelante en la privatización de las dos empresas. Según el gobierno los actos "vandálicos" de los primeros días dejaron una perdida de cerca de 100 millones de dólares al Estado.
El Estado de emergencia no atemorizó a la población que siguió luchando como el primer día. En respuesta a esto, la III Región Militar de Arequipa, que dirige elgeneral Oscar Gómez de la Torre, decretó el toque de queda entre las 22.00 horas y las 05.00 de la mañana. Será abaleado el que salga a la calle durante el toque de queda, dijo un portavoz militar. La población siguió luchando y el movimiento se extendió a otros departamentos. En Tacna la población salió a la calles y se decretó un paro indefinido que fue acatado por la totalidad de los trabajadores. El alcalde de Ilo y 6 regidores se declararon en huelga de hambre en respaldo de la lucha en Arequipa. En Juliaca y Puno se realizó un paro general indefinido. Los pobladores de las islas flotantes de Los Uros del lago Titicaca se sumaron a la lucha. Por su parte el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho se sumó con una huelga de hambre indefinida en el atrio de la catedral de esa ciudad, como un primer paso para exigir el cese de las privatizaciones. Demandaron la renuncia del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, a quien responsabilizan de la violenta represión en Arequipa y exigieron que se levante la declaratoria de emergencia en esa ciudad. La población del Cuzco se plegó a la lucha, y las autoridades de esta ciudad, prohibieron la visita de Eliane Karp, la esposa belga-judia de Alejandro Toledo. La orden fue impartida por el municipio. La señora Karp, amante de los juegos artificiales y de los montajes teatrales (léase show políticos), pretendía estar presente en el Cuzco el 21 de junio (fiesta Inca del sol) para "presentar en sociedad" y públicamente la resolución que le otorga la nacionalidad peruana. De esta manera el palacio Koricancha del Cuzco se vistió de fiesta, pero sin la presencia carnavalesca de la "primera dama del Perú." En Ayacucho, el Frente Regional convocó a la lucha y movilización contra la privatización en Arequipa. El mismo fenómeno ocurrió en Moquegua, Juliaca y Loreto, donde las poblaciones se sublevaron contra las autoridades gubernamentales y realizaron compactas movilizaciones.
Por su parte, el gobierno nombró una "Comisión de Alto Nivel" dirigida por el arzobispo Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio para negociar con los insurrectos. La comisión se traslado a Arequipa, y apenas llegó al aeropuerto de esta ciudad, una nutrida concurrencia la recibió a pedradas. El ómnibus recibió varios impactos de gruesas piedras que rompieron los vidrios de las ventanas, el cura tuvo que refugiarse bajos los asientos. Más por venganza que por animo de negociar, el cura Vargas declaró a una emisora radial; "que no se puede dar marcha atrás en las privatizaciones porque eso ya está oleado y sacramentado por el gobierno". Por su parte el embajador de los Estados unidos en Lima, John Hamilton anunció que su gobierno apoya "el proceso de privatización que lleva adelante el gobierno de Alejandro Toledo", agregando que estas privatizaciones "marchan por el camino correcto" y calificó la administración de Toledo de "excelente y que cuenta con un buen equipo ministerial". Al mismo tiempo, el representante de la compañía belga Tractebel, Klaus Huys, afirmó que no estaba en condiciones de garantizar que no habría despidos de trabajadores de las empresas eléctricas Egasa y Egesur.
Finalmente el 19 de junio, los insurrectos y el gobierno llegaron a un acuerdo y pusieron punto final a varios días de movilizaciones y lucha. Firmaron lo que se conoce como la "Declaración de Arequipa", cuyo contenido es tan ambiguo y falso como la misma actitud de los que gobiernan hoy el Perú. Por ejemplo no se deja sin efecto la privatización de las empresas Egasa y Egesur, materias del conflicto, sino que solamente se "suspende" (la venta consumada) hasta tener el veredicto de los jueces respecto a este problema. Es ingenuo, por decir lo menos, confiar en los jueces peruanos, que como se conoce actúan al margen de la ley, cuyas tarifas se calculan en dólares constantes y sonantes. La declaración pone de manifiesto también que los intereses de los dirigentes, están bastante lejos de los intereses de las masas que salieron a la calles a luchar contra las fuerzas represivas del gobierno, no sólo contra la privatización de dos empresas del Estado, sino también contra la política antipopular de Toledo. Así, en tono conciliador la Asamblea de Alcaldes y el Frente Amplio Cívico de Arequipa, llamaron a cesar de inmediato los "actos de violencia" de las masas, en tanto ello, "obstruyen el camino hacia la paz social, la estabilidad democrática del país y el anhelado desarrollo nacional". Además la Declaración de Arequipa, no toma en cuenta las reivindicaciones de los otros pueblos que se solidarizaron con el movimiento de Arequipa. Por esa razón, el Frente Patriótico de Tacna desconoció dicha declaración, y decidió seguir luchando por su propia cuenta.
En todo esto, quedan dos estudiantes universitarios muertos por la policía, más de 100 ciudadanos detenidos, y cerca de 200 heridos distribuidos en diferentes hospitales de la región. Queda también un ministrodefenestrado, que de "izquierdista", se convirtió en un experto en masacrar estudiantes y población desarmada. Fernando Rospigliosi, fue obligado a renunciar al ministerio del Interior. Rospigliosi, ha sido un antiguo activista de lo que se conocía como Izquierda unida (IU) y fue también durante muchos años articulista de la revista Caretas. El año 2000, con el mismo estilo de todos los jefecillos izquierdaunidistas, se declaró militante toledista y de ahí se catapultó al alto puesto ministerial. Se vio forzado a renunciar para calmar la ira de las masas que lo sindican de ser el principal responsable de la brutal represión contra los manifestantes, y de ser el principal responsable del asesinato de los dos estudiantes universitarios.