RECRUDECE LA CRISIS ARGENTINA
Anton Borja, Martín Aguirre
(Profesor de la EHU-UPV y doctorado en la EHU-UPV, respectivamente).
Los autores argumentan que la crisis económica y social que sufre Argentina no sólo no se ha terminado, sino que ha aumentado en las últimas semanas. Sería necesaria la adopción de una batería de medidas para poder mirar con cierta esperanza al futuro de este país americano
Como se sabe, con la llegada de Duhalde a inicios del 2002, se devaluó el peso rompiendo la paridad «un peso, un dolar» y se realizó la moratoria de la deuda pública con el FMI, de 140 mil millones de dólares. El FMI, si bien no reaccionó frontalmente ante esta suspensión de pagos de la deuda, en el fondo reitera su estrategia, expresando su advertencia de que cualquier tipo de ayuda futura que se le solicite, está condicionada a la previa aplicación de un plan económico «razonable, serio y sustentable», el cual, advierte, no estará exento de «sacrificios».
Si bien las dos «medidas» antes enumeradas podían indicar algún cambio de rumbo, a la hora de enfocar las medidas concretas, el gobierno ha seguido los pasos y la trayectoria marcada por el FMI, beneficiando a grupos económicos muy determinados. El caso del «corralito» es claro. Este, consiste en una serie de restricciones para disponer libremente de los fondos que se puedan tener como ahorro o que ingresan al sistema bancario como es el caso de salarios o giros comerciales. Pues bien, los ahorradores tenían 40 mil millones de dólares en el momento de la llegada de Duhalde, y se les pesifican dichos ahorros a 1,4 pesos por dólar, por lo que se convierte dicho monto en 57.000 millones de pesos (y que además continúan sin ser de libre disposición para sus titulares). Como en el mercado libre el dólar se estableció muy por arriba de ese 1,4, en aquel momento dicho monto tenía un valor de 80.000 millones de pesos. Por lo tanto, los ahorradores han perdido 23.000 millones de pesos con la pesificación así dispuesta. En el caso de los deudores (básicamente las grandes empresas) que tenían deudas con bancos por un valor de 47.000 millones de dólares, con la pesificación siguiendo la misma lógica pero en dirección inversa a los ahorradores dejaron de pagar 19.000 millones de pesos. Además, el Estado va a apoyar a los Bancos para favorecer el pago de las deudas, transfiriéndoles 14.000 millones de dólares (debido a la diferencia existente en el cambio peso-dólar). La resolución del gobierno, por tanto, fue una gran transferencia desde los ahorradores y el Estado hacia grandes empresas y bancos con lo cual, de paso, se apuntala un sistema financiero que ha demostrado servir para muchos fines, menos a impulsar la tarea productiva.
El FMI está de acuerdo con la devaluación, que tiene como consecuencia una caída del poder adquisitivo de los salarios y una congelación de las deudas de los grupos económicos, además de las transferencias económicas antes señaladas. Otro hecho relevante fueron los 20 puntos clave de política económica anunciados por el Gobierno en el mes de febrero, donde además de mantenerse que los depósitos en dólares se convierten a pesos a 1,40, se tomaron otras medidas de tipo financiero no alterándose, en lo fundamental, la senda seguida hasta entonces. Es cierto que se plantean algunos objetivos sociales, de modo que para empleo habrá una partida de unos 1200 millones de pesos anuales como subsidios para parados, lo que supone una ayuda mensual de 150 pesos (unos 70 euros). Pero en estos 20 puntos, llamó poderosamente la atención la casi total ausencia de medidas fundamentales para enfrentarse a la fuerte crisis económica existente: en los primeros meses la caída de la producción industrial ronda el 15,9% (en la construcción fue del 42,8%), y el número de empobrecidos sigue en alza. Al cabo de unos días se aprueban los presupuestos del Estado, y significativamente la recaudación prevista es de 38.000 millones de pesos, contra gastos previstos de 41.000 millones. Esto determina un déficit fiscal diferencia entre lo que se gasta y lo que se recauda de 3.000 millones de pesos. Si bien no figuran partidas para «pagar la deuda», en realidad 6.000 millones del presupuesto son para afrontar servicios de la misma. Para financiar parte de los gastos el gobierno emite nueva deuda pública por un valor de 3.500 millones de pesos, mantiene un recorte del 13% sobre el salario público y rebaja en un 13% las partidas para las provincias. El presupuesto también contemplaba partidas destinadas a paliar la situación social, pero nuevamente, estas son notablemente inferiores a las del servicio de la deuda externa.
En esta lógica, el papel del Estado queda reducido casi exclusivamente a la administración del pago de los intereses de la deuda externa, con lo que otros gastos públicos como salarios, jubilaciones, etc. quedan reducidos, lo que impide el relanzamiento significativo del consumo, ampliando la desocupación y la precarización laboral que coexisten con grandes beneficios del sector financiero y ciertos grupos económicos junto con un malestar creciente de las Pymes. El punto de partida de previsión en aquel momento, era una caída del crecimiento de la riqueza PIB del 4,9% y una inflación del 15%. De acuerdo por tanto con el FMI, se busca la contracción del consumo, reduciéndose las importaciones y con la devaluación del peso, se busca aumentar las exportaciones, de modo que con el saldo obtenido pueda reiniciarse el pago de los intereses de la deuda pública y también pagar parte de las deudas privadas. Toda esta dinámica económica está produciendo un efecto devastador en el plano social, aumentando la desocupación y subocupación, la pobreza y la marginalidad. En el mes de febrero los despidos crecieron en un 3.200% respecto a igual mes del año anterior, alcanzándose en el primer trimestre del año- la cifra de 170.000. El deterioro de los servicios públicos como salud y educación también es vertiginoso. En una sola Provincia la de Buenos Aires, unas 150 mil niñas y niños que asistían a la escuela, se han dado de baja al inicio de este año escolar (Marzo). Esta impresionante deserción encuentra su causa directa en los recortes presupuestarios, y la consiguiente interrupción de las becas que esta provincia destinaba a cientos de miles de alumnos.
La inflación (que posiblemente se ubicaría alrededor del 30% para este año) al no haber signos de reactivación y de actualización salarial, poco a poco va carcomiendo el poder adquisitivo de los asalariados. A lo largo de estos meses, la devaluación del peso, que habría ayudado a reactivar la dinámica productiva si hubiera sido acompañada por otras medidas económicas (apoyo a las Pymes, a la promoción de la productividad, a elevar la calidad del empleo, etc.), en el contexto de las medidas neoliberales imperantes, se ha convertido en un fin en si mismo. En estos tres meses el peso, en relación al dólar, ha oscilado entre los 2,4 y 3,5 pesos por dólar, llegando en un pico a los 4. Ante esta evolución peligrosa del valor del peso, el gobierno se vio obligado a desprenderse de 150 millones de dólares en tan sólo un día de sus exhaustas reservas para tratar de que el dólar no se disparara. Pero frente a esta tímida medida, el FMI reaccionó señalando que el gobierno no debiera intervenir, aún a riesgo de soportar una mayor inflación, y que se debe dejar al libre juego del mercado la relación «peso- dólar». En esta lógica, se mejoraría la balanza comercial, dado que aumentarían las exportaciones, y por tanto, a través de unas retenciones impuestas a los exportadores, destinar parte de los recursos obtenidos a financiar planes sociales muy precarios que no generan empleo y que no impulsan ningún tipo de políticas industriales duraderas.
El gobierno plantea que el FMI le proporcione rápidamente una ayuda de 12.000 millones de dólares para hacer frente a la degradación económico-social, pagar con ellos 8.000 de deuda, y con el resto, ahora sí, destinarlos a objetivos sociales. Es decir se ha pasado de sostener, a principios de enero, que la estrategia de globalización del FMI era errónea y que había que tomar medidas de desarrollo económico endógeno, a impulsar, en abril, el pago de los servicios de la deuda, manteniendo la lógica financiera y dejando de lado la mejora del tejido productivo interno, y aumentando progresivamente el deterioro de los servicios públicos (educación, sanidad) así como el volumen de desempleo y la precarización social. Es cierto que se han tomado algunas medidas sociales, pero de muy baja efectividad, y que son perfectamente compatibles con los intereses y modelo económico planteado por el FMI. Es decir la supeditación a la lógica neoliberal internacional es, casi total.
En las últimas semanas el FMI ha planteado nuevas medidas de ajuste, que conllevan a una mayor dureza social. En primer lugar, reducción de gasto social que estaba previsto para las Provincias. A las cuales a su vez, les exige mayores recortes, pues según el FMI «sobrarían» (en un marco de 23% de desocupación) unos 348 mil empleos públicos. Junto a esta medida económica, aparece la exigencia por parte del FMI de frenar la investigación contra banqueros que habrían estado implicado en maniobras que perjudicaron a sus clientes. Asimismo, en lo social, el FMI plantea incrementar, aún más, la flexibilidad laboral. Este conjunto de «nuevas» medidas, esta vuelta de tuerca neoliberal, no deja apenas margen de maniobra a una hipotética política propia de gobierno, supeditando todo a conseguir una ansiada ayuda del FMI. Desde una lógica de desarrollo endógeno, Argentina cuenta con potencialidades para así hacerlo, tanto en recursos materiales como humanos. Estos últimos abarcan desde una mano de obra con una alta calificación hasta una masa de 16.000 científicos e investigadores. Pero estas potencialidades no son estáticas. Con una lógica que potenciara el consumo y la reactivación podría constituirse en el punto de partida para un crecimiento económico socialmente sustentable. Por el contrario, en la actual dinámica este potencial humano tiene como camino o bien la desocupación, o bien el trabajo informal (vendedores callejeros...), o bien la emigración al exterior.
La «ayuda social» debe ser reemplazada por una estrategia cualitativamente diferente, aquella que ayuda a combatir la pobreza de raíz: la creación de fuentes de trabajo, de las cuales se requiere en cantidad para contrarrestar una desocupación creciente. En esta línea, un plan de viviendas masivo contribuiría a varios objetivos, dada la característica de este sector. Además de la generación de empleo que conllevaría, este sector tiene un efecto multiplicador dado el gran número de industrias relacionados con él y tiene un objetivo social inmediato, como es el de satisfacer la necesidad insatisfecha de una vivienda digna de amplios estratos de la población. Esta generación de empleo, además, debe ir acompañada por una especial atención sobre el poder adquisitivo de los asalariados y las condiciones laborales, contribuyendo a que la irrenunciable redistribución de la riqueza, que se debe encarar, tenga carácter estructural. Los planes sociales que impulsa el gobierno de 150 pesos/mes para cabeza de familia desocupada, no llegan ni a la mitad de los ingresos mínimos para hacer frente a las necesidades básicas de una familia. Por tanto los planes sociales no deben bajar de 380 pesos/mes.
Dentro de la imperiosa necesidad de relanzar la actividad productiva, especial atención también debe otorgarse a las Pymes, que suponen más del 90% de las empresas argentinas. El papel del Estado debe promoverlas tanto en forma directa, como por medio de la promoción de la banca privada y cooperativa, con líneas de créditos de bajo tipo de interés, lo que supone realmente una reforma del sistema financiero actual. Los frutos de la reactivación económica deben ser destinados en su totalidad al reforzamiento y modernización tecnológica del tejido productivo. Tanto la deuda externa como los servicios de la misma deben estar sujetas a una moratoria, de al menos cinco años, para posibilitar la reactivación señalada anteriormente. Una reforma fiscal que tienda a elevar el nivel de fiscalidad (del 15% actual a un horizonte cercano al 40%), permitiendo cumplir al Estado con las crecientes exigencias que este debe hacer frente en cuestiones como educación, salud, generación de infraestructuras, etc., y que al mismo tiempo la convierta en socialmente equitativa.
Pero esta reforma sólo es posible plantearla sobre la base de que se esté creciendo económicamente, y no en un escenario de recesión como plantea el FMI. La estrategia del FMI, se refuerza «casualmente» con la de Estados Unidos respecto a América Latina. En estos últimos meses los EEUU potencia el ALCA, de corte neoliberal, lo cual debilita el desarrollo del MERCOSUR, que puede constituir un bloque de países integrados (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), con una autonomía económica y política suficiente en el actual marco de la globalización. Es evidente que la trayectoria que lleva el gobierno de Duhalde, sigue paralela a la las líneas básicas del FMI lo cual está provocando un mayor deterioro social y económico. La gravedad de la situación argentina, más allá de la crítica al modelo neoliberal existente, requiere la toma de conciencias de los movimientos sociales y organizaciones políticas en exigir medidas urgentes de desarrollo endógeno, como algunas de las señaladas anteriormente, para mejorar la situación económica y social. De lo contrario se recrudecerán las tensiones sociales y se habrá perdido una ocasión más para salir de la crisis, y seguirá la lógica vacilante del gobierno actual, lo que frustrará sustancialmente las esperanzas de la mayoría de la población.
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