(*)CHILE: LOS NEGOCIOS DEL PRESIDENTE FREI
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Por Cristian Opaso (**)
_____ Edmundo Pérez Yoma, ex ministro de Defensa, lo planteó en una entrevista publicada en la revista Caras en abril de 1993: «Creo que los empresarios, cuando actúan en política, tienen que ser muy cuidadosos respecto de los posibles conflictos de intereses. En el caso de Frei, cuando decidió entrar en política, abandonó todos sus negocios, porque hay un potencial conflicto de interés. Y eso se debe evitar a toda costa»_____
Frei no abandonó el sector privado para dedicarse por completo a la política, como informó a la opinión pública. Al contrario, mantuvo importantes capitales y activos en una sociedad denominada Inversiones Saturno S.A. Uno de sus principales operadores es el abogado Alberto Coddou, quien integra el directorio de Provida, empresa que está entre los doce principales accionistas de Endesa. Por primera vez en su milenaria historia, las torrentosas aguas del Biobío fueron detenidas artificialmente. «Chile nunca debe renunciar al desarrollo de proyectos hidroeléctricos por razones estratégicas», señaló el Presidente Eduardo Frei cuando inauguró oficialmente la central hidroeléctrica Pangue, en marzo de 1997, y dio ese tácito apoyo a la construcción de la segunda represa, Ralco, planificada unos pocos kilómetros aguas arriba, en el corazón de los cordones montañosos habitados por las comunidades mapuche-pehuenches. Apenas un mes más tarde, el 22 de abril, Frei destituyó al director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Mauricio Huenchulaf, quien se había manifestado opositor al proyecto de Endesa, que de concretarse significaría el desalojo forzado de cientos de pehuenches de sus tierras ancestrales. Muy poco después, el 6 de junio, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), aprobó la construcción de la central Ralco, en circunstancias que un año antes el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía había sido rechazado por el organismo. A escasos días de que la Conadi debiera resolver respecto de las solicitudes de permutas de tierras pehuenches, el 6 de agosto de 1998, el Ejecutivo destituyó a los consejeros nacionales Mylene Valenzuela y Cristián Vives. Y casi inmediatamente después Frei removió de su cargo al director, Domingo Namuncura. «Si no está de acuerdo tiene que irse», fue la lacónica explicación del Presidente. Todos esos funcionarios se habían manifestado contrarios a la represa. En enero siguiente, la Corporación aprobó las permutas, sin importar la ausencia de los consejeros que representan a los pueblos originarios. Por fin, el 10 de marzo del 2000, último día del mandato de Frei, la Contraloría General de la República despachaba finalmente el decreto que otorgaba la concesión eléctrica para la construcción de la central Ralco, último permiso administrativo pendiente para seguir adelante con la obra. La revista «América Economía Internacional» había señalado a comienzos de marzo pasado: «El Presidente Eduardo Frei no quiere despedirse de su país sin dar antes luz verde al proyecto eléctrico de Endesa en la central Ralco. La compañía española cuenta desde hace dos años con el apoyo del mandatario saliente». A estas alturas está claro que Frei fue un aliado clave, quizás el principal, de Ralco. Lo que muchos se han preguntado por años es la razón de este apoyo a un proyecto que no sólo ha provocado controversia con grupos ambientalistas e indígenas, sino con parlamentarios, equipos técnicos y altos funcionarios de la propia Concertación.La historia oficial cuenta que el ex Presidente Eduardo Frei habría renunciado a fines de los 80 a todos sus negocios. Por esa época, el ahora desaforado senador Francisco Javier Errázuriz, osó emplazar públicamente al Presidente respecto a dónde había invertido el dinero que recibiera por la venta de su participación en la empresa privada. En lugar de aclarar el asunto, el Presidente dijo que no se dignaba responder las bajezas del senador: «No voy a entrar en ese tipo de bajezas, acá se me ha atacado gratuitamente», declaró. Tras meses de indagaciones en diversas fuentes públicas, como el Diario Oficial, Dicom, el Registro Comercial, Archivo Judicial y Conservador de Bienes Raíces, se concluye que Frei no se desligó completamente del sector privado. De hecho, existe una Sociedad de Inversiones que no aparece registrada a nombre del ex Presidente ni en el Diario Oficial ni en Dicom, se llama Inversiones Saturno S.A., domiciliada en Santa Lucía N° 280, oficina 12, sociedad anónima cerrada RUT N° 96.541.350-2.
El 6 de diciembre de 1988 se celebró la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Saturno S.A., omitiéndose la normal publicación de la reunión a través de la prensa, por haber estado los accionistas en antecedentes de la reunión. Entre las 9 y 10:15 AM de ese día, en Santa Lucía N° 280, oficina 12, con la asistencia del notario público Raúl Undurraga, se reunió el secretario Alberto Coddou con «todos los accionistas», que resultaban ser Marta Larraechea, con 50 acciones, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle con otras 50. Ese día la sociedad resolvió aumentar su capital social de un millón de pesos, dividido en 100 acciones nominativas, a $450.000.000 de pesos divididos en 45.000 acciones nominativas «que serán ofrecidas preferentemente por el plazo de 90 días a los actuales accionistas de la sociedad». Lo concreto es que la suma de U$ 2.631.000 dólares (valor de 1988, que equivalen a unos U$4.264.861 de agosto del 2000, es decir unos 2.321 millones de pesos) que el Presidente Frei obtuvo por la venta de su participación fueron destinadas a inversiones al sector privado. Sin considerar el eventual incremento que esa cifra pudo experimentar por las inversiones realizadas en los doce años transcurridos desde la venta, unos 2 mil millones están hoy en Inversiones Saturno.
Se supone que la Ley de Probidad Administrativa brindaría mayor transparencia en la función pública y serviría como prevención de los conflictos de intereses. Lo que se puede leer en la declaración de intereses del ex mandatario y ahora senador vitalicio es que participa en «una sociedad anónima cerrada, en que es socio exclusivo con su cónyuge doña Marta Larraechea Bolívar, denominada Inversiones Saturno S.A. dedicada exclusivamente a bienes raíces de uso familiar e inversiones en depósitos a plazo tomados en diversos bancos e instituciones financieras». «Además, esta sociedad es dueña de acciones equivalentes al 10% de Almacenes de Depósitos Nacionales S.A. (Almadena), las cuales están en proceso de venta a terceros. Notario Raúl Undurraga». ¿Desde cuando Inversiones Saturno participa en Almadena? Esta pregunta da pie para la segunda parte de este reportaje, donde se contará las amistades del Frei empresario, sus contactos y algunas actividades de ex ministros de su gobierno. Lo concreto es que la empresa inició sus operaciones en 1979 y que uno de sus directores es Francisco Frei Ruiz-Tagle, quien además es gerente general. La empresa tiene oficinas en Santiago e Iquique. Entre sus socios está también Comercial Franja S.A. e Inversiones San Nicolás S.A. Recordemos que Francisco Frei es hermano del ex Presidente y miembro del directorio y actual gerente general de Inversiones Saturno S.A. No es todo. Almadena es propietaria de la empresa argentina de cereales Almade S.A., una de las nueve autorizadas a operar con el instrumento warrants (con el Banco Rio), con oficinas en calle Reconquista de Capital Federal. Estuvo asociada con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cual en 1999 vendió su parte. Ciertamente no es un delito ni un hecho ilícito que el mandatario tenga intereses en el sector privado. El problema es otro: ¿por qué cuando en su momento fue emplazado el ex Presidente por el senador Francisco Javier Errázuriz no aclaró todos estos asuntos? Intentamos preguntarlo, pero no fue posible.
El abogado Alberto Coddou Claramunt es hoy director de Inversiones Saturno S.A. y además fue quien constituyó la sociedad en 1988. Al respecto, es importante destacar que Santa Lucía N° 280, oficina 12, domicilio de la sociedad de inversiones de Frei, y lugar donde se realizó la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas, corresponde al estudio jurídico del profesional. Fue presidente del directorio de la Sociedad La Epoca S.A. El archivo periodístico de ese desaparecido diario hoy pertenece al diario electrónico «El Mostrador», cuyo director responsable y presidente del directorio es el abogado Federico Joannon Errázuriz, quien comparte estudio jurídico con Coddou en la ya señalada dirección de Santa Lucía N° 280, oficina 12. En agosto de 1998, Qué Pasa indicaba que Coddou había participado en la recolección de dineros para la campaña presidencial de Eduardo Frei «de quien es amigo y asesor legal». Añadía la publicación que «asesora informalmente a Justicia en materias relacionadas con la reforma (procesal penal) y en el caso Prats. También es abogado de la Fundación Tiempos Nuevos de la Primera Dama y come con el Presidente cada dos meses». Más tarde, en julio de 1999 la revista señalaba que Coddou es «abogado personal de Frei y asesor del Ministerio de Justicia», y que su esposa Eugenia Plaza de los Reyes era «asesora de Marta Larraechea». Asimismo, Capital informó en marzo pasado que «entre los amigos-amigos de Eduardo Frei están figuras como Alberto Coddou». Lo más significativo es que Coddou fue miembro del directorio de AFP Protección. Según la memoria de 1998 de Endesa, esa AFP estaba entre «los principales accionistas que se encuentran en el Depósito Central de Valores», con un 2,29% de participación en la propiedad. En enero del año siguiente, Protección se fusionó con Provida y ésta se transformó en la administradora de fondos de pensiones más grande del país, controlando el 40,2% de los afiliados al sistema y el 32,6% de los fondos administrados. Hoy Alberto Coddou continúa en el directorio de Provida. Según la memoria de 1999 de Endesa, con un 3,41% de participación y 279.556.755 acciones Provida está entre los doce mayores propietarios de la compañía. En la misma memoria se menciona a Ralco como uno de sus principales proyectos. Reportajes Los buenos negocios de los amigos de Frei. La construcción de la central Ralco, respaldada por Eduardo Frei, fue cuestionada por funcionarios de esa Administración. No fueron escuchados y terminaron siendo removidos de sus cargos. En cambio, otras figuras de ese Gobierno mantuvieron, directa o indirectamente, lazos con Endesa o el holding Enersis. En el documento preparado por Eduardo Frei a la Comisión de Economía de la Cámara Baja, con motivo de la investigación de las millonarias indemnizaciones otorgadas a ejecutivos de empresas públicas, el ex mandatario aludió al «índice de la percepción internacional de la corrupción elaborado por la organización no gubernamental denominada Transparency International, de aceptación y reconocimiento mundial». Al respecto, aseguró: «Durante todo mi período, Chile fue percibido como el país más probo y transparente de Iberoamérica». Sin embargo, que Chile no es precisamente uno de los países menos corruptos del hemisferio es algo que incluso reconoce el Gobierno de los Estados Unidos, como lo demuestra el contenido de un cable secreto escrito en 1996 por la embajada de este país. El informe confidencial, escrito a principios de ese año por un funcionario de la Embajada en Santiago, dedica parte importante de su contenido a lo que se ve como la particular práctica de corrupción que se estaría dando en el país: los conflictos de intereses.
El documento, parcialmente obtenido por este periodista en Washington DC, detalla 43 puntos en los que se analizan los «severos problemas ambientales que afectan a Chile». El punto 15 del cable señala textualmente que «un informe difundido recientemente por Transparencia Internacional, una organización alemana, señala a Chile como el segundo país menos corrupto del hemisferio, después de Canadá». En el siguiente punto del cable se indica: «Desafortunadamente, la definición chilena de corrupción (y aparentemente aquella de Transparencia Internacional) no incluye el concepto de conflicto de interés. En Chile, los conflictos de intereses son un estilo de vida. El problema es particularmente severo en los asuntos ambientales, donde el reducido número de profesionales y la creciente demanda por sus servicios ha permitido que sea fácil que las personas asuman varios roles, en ocasiones contradictorios». Como ejemplo, el informe cita el siguiente caso: «La gente de Gestión Ambiental frecuentemente usa tres o más sombreros en forma simultánea. Jaime Undurraga por ejemplo es, durante el día, el relacionador publico de Codelco (la poderosa empresa estatal de cobre). En las tardes es consultor de Gestión Ambiental ante la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), consultor del Gobierno en materias ambientales durante la noche y negociador del NAFTA para el Gobierno de Chile (¿en las mañanas?)». Este mismo Jaime Undurraga tuvo tiempo a principios de 1997 para ponerse aún otro sombrero: ser una de las personas que conformaron un panel de «expertos» para revisar el Plan de Relocalización de los pehuenches. Concluyó que este era más que adecuado, sin considerar la opinión de los afectados que, de acuerdo a los resultados del proceso de participación ciudadana financiado y organizado por el Gobierno, no querían dejar sus tierras.
A fines de los 90, el abogado Sergio Oliva, adscrito a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), interpuso un recurso en representación de ocho pehuenches, acusando a funcionarios de ENDESA e Ingendesa de estar ejecutando trabajos ilegales en la zona, ingresando a los predios pehuenches sin permiso y amenazando a los comuneros. «Irarrázabal y Figueroa... recorren en forma permanente las tierras del sector ribereño del río Biobío de Ralco-Lepoy y Quepuca-Ralco... amenazándolos para que desalojen las tierras y se trasladen a un fundo interior denominado El Barco», detalla el escrito presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción. Juan Ricardo Gallina, uno de los recurrentes recordaba haberle dejado saber a Gonzalo Figueroa Guzmán, uno de las personas individualizadas en el recurso, lo inapropiado que era que anduviera «engañando» a los pehuenches, amenazándolo con «amarrarlo a un palo» si insistía en visitar su tierra. Figueroa Guzmán, arqueólogo titulado en la Universidad de Chile, es hijo de Carlos Figueroa Serrano, ex ministro del Interior y ex Vicepresidente de la República. Según un documento entregado por Pangue a la Superintendencia de Valores y Seguros en octubre de 1997, Gonzalo Figueroa era además titular de 148.501 acciones de Pangue S.A. Desde agosto de 1997, cuando se denunció la presencia de Figueroa en el Alto Biobío, no se ha visto por la zona. Pero en noviembre de ese año, en una reunión entre el consejo nacional de la Conadi y representantes de ENDESA, con el fin de explicar el Plan de Relocalización que proponían para las familias pehuenches, se hizo presente como una de las diez personas del equipo de la empresa. Según una alta fuente, Carlos Figueroa se habría abstenido de pronunciarse en el tema Ralco, dado que su hijo estaba íntimamente involucrado en el proyecto. Pero no se requiere mucha imaginación para pensar en la posición de Endesa al tener entre sus filas al hijo del segundo hombre del Gobierno.
Otro miembro clave de la administración Frei, que aparece con vinculaciones cercanas al grupo Endesa, es el ex ministro de Defensa y ex embajador en Argentina, Edmundo Pérez Yoma, un personaje de considerable peso político y empresarial, ámbito donde ha incursionado con éxito en el área de la construcción y en cargos de alto nivel en diferentes firmas. En los últimos días se ha especulado en torno a su posible postulación a senador por la Tercera región. Entre 1990 y 1992, Pérez Yoma se desempeñó como presidente del directorio de una de las principales compañías del holding Enersis-Endesa: Chilectra Metropolitana. En las memorias de la compañía aparece que Pérez Yoma habría recibido 1.292.000 de pesos (US$ 4.349) de honorarios en 1990, primer año del gobierno de Aylwin, 13.061.000 de pesos (US$ 37.527) en 1991 y 18.720.000 de pesos (US$ 52.187) en 1992. Renunció formalmente a ese alto cargo el 10 de noviembre de ese año. En la cuenta anual de Chilectra de 1991, Pérez Yoma reconoció que la empresa se incorporó «como participante activo del grupo de trabajo natural en las principales ciudades del país enmarcado dentro del acuerdo de complementación económica suscrito por los Gobiernos chilenos y argentino». El abogado José Aylwin, hijo del ex Presidente Patricio Aylwin y uno de los autores de la Ley Indígena, aludió en 1998 a «las vinculaciones que en algunos momentos miembros del gabinete (de Eduardo Frei) han tenido con grupos económicos que llevan adelante este proyecto». Y aclaró: «Me refiero al ex ministro Edmundo Pérez Yoma, quien hasta poco antes de asumir el actual Gobierno se desempeñó como presidente del directorio de Chilectra Metropolitana, empresa que al igual que Endesa está vinculada al grupo Enersis. Señalo esto porque muchos en el período de dictadura criticamos las conexiones, conflictos de intereses o tráfico de influencias que existieron entre el mundo de los negocios y las autoridades».
A mediados de 1996, Vivianne Blanlot, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), no alcanzó a firmar oficialmente el Informe Técnico de Calificación de la central Ralco, elaborado por un Comité Revisor de 19 servicios públicos del Gobierno, que durante meses había estudiado la evaluación de impacto ambiental entregada por Endesa. El informe era categórico: «Las deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental se traducen en que el proyecto no se hace cargo, ni siquiera ligeramente, de sus efectos más relevantes... lo que implica que no se cumplen los requisitos de aprobación... Por lo tanto, el Comité Revisor recomienda el rechazo del proyecto presentado». Sin embargo, finalmente Ralco fue aprobado por CONAMA y Blanlot salió del cargo. Por los días de la controversia, Jorge Rosenblut ejercía como subsecretario en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del cual depende la CONAMA. Tiempo después fue alejado de su cargo y se le ofreció una comida en el Circulo Español. Según la revista electrónica Contacto Sur, allí habría compartido mesa nada menos que con José Yuraszeck y Ricardo Solari, por entonces alto dirigente del Partido Socialista y hoy ministro del Trabajo, quien junto a Jaime Undurraga y otros notables habían conformado el grupo de personas encargadas de revisar el programa de relocalización impuesto por Endesa a los pehuenches. Hoy Rosenblut está sentado en el sillón del presidente del directorio de Chilectra Metropolitana. Días después de la inauguración de Pangue en marzo de 1997, muy preocupados por la obvia intervención de altos funcionarios en la aprobación de Ralco en la CONAMA, el diputado socialista Juan Pablo Letelier, decidió, junto a otros 39 parlamentarios, citar a una sesión especial de la Cámara de Diputados para indagar lo que estaba sucediendo. El entonces ministro secretario general de la Presidencia, Juan Villarzú, se encargó de convencer a los diputados oficialistas para postergar la sesión. Esto lo hizo en tres oportunidades distintas. Finalmente la sesión se realizó a principios de junio de 1997, seis días después de que la CONAMA anunciara que aprobaba el proyecto Ralco. Hasta hoy está pendiente la votación del informe que fuera discutido en una comisión investigadora de la Cámara Baja. Para el diputado Letelier la presencia de una intervención desde La Moneda fue innegable. «Yo tengo la convicción que sí la hubo», declaró por esos días Letelier.
El 18 de octubre de 1988 en la Notaría de Raúl Undurraga Laso, ubicada en Mac Iver N° 225, oficina 302, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, carné de identidad 4.100.738-9, se retiró de las siguientes empresas: Ingeniería y Maquinarias Limitada, Viviendas Económicas Inmaq, Sigdo- Koppers Comercial Limitada, Ingeniería Sigdo-Koppers Limitada y Sigdo-Koppers Forestal Limitada. El día anterior, en la misma notaría, se suscribió la escritura pública que detalla el precio por la venta de sus derechos a otros socios. El precio total fue de 149.887 UF por 50 mil acciones de la sociedad (US$ 2.631.000 dólares, valor de 1988, que equivalen a US$ 4.704.000 valor actual). Sin embargo, el mismo día que Frei se retiró de esas sociedades, y en la misma notaría, dos abogados, Juan Esteban Correa y Alberto Coddou Claramunt, constituyeron una sociedad anónima cerrada denominada «Inversiones Saturno S.A.», cuyos objetivos sociales son por una parte la compra y venta de toda clase de bienes raíces y muebles y, por otra, «la inversión en acciones, derechos en toda clase de sociedades, bonos debentures y todo tipo de instrumentos financieros, bancarios y mercantiles». La sociedad declaró un capital de $1.000.000 de pesos (U$ 4.052 de la época) dividido en 100 acciones. En los informes comerciales de DICOM no aparece esta sociedad como propiedad del ex Presidente. En cambio, aparecen antecedentes de una transacción por la cual, por escritura pública del 31 de agosto de 1994, Frei y su esposa aparecen VENDIENDO a Inversiones Saturno todos sus derechos en una de las sociedades en que hasta entonces tenían participación: Inversiones y Servicios Batzan. Inversiones Saturno quedó «como continuadora de su giro, responsable de sus obligaciones y exclusivo dueño de todos sus bienes». Lo curioso es que, revisando el archivo judicial, se descubre que los accionistas de esta sociedad son precisamente el ex Presidente y su señora.
* Texto publicado en La Firme, N° 242, marzo 2002
** Periodista titulado en San Francisco State University de Estados Unidos, país donde se desempeñó como periodista de radio y televisión. Fue compilador y traductor de "Frei, Allende y la mano de la CIA" (Editorial Ornitorrinco, 1991). Trabaja hace ocho años con el Grupo de Acción por el Biobío (GABB). Este reportaje investigativo es un trabajo independiente.