LA POLITICA Y LOS POLITICOS EN ARGENTINA DURANTE EL NUEVO MILENIO. SU DESPRESTIGIO: UNA MIRADA ECONOMICA Y PSICOPOLITICA

Dr. Angel Rodriguez Kauth ^(*)

1-INTRODUCCION:

Tanto el mundo político y financiero -nacional e internacional- conocen que Argentina atraviesa una profunda crisis institucional, que algunos analistas, con visión apocalíptica, han calificado de "terminal". La misma le fue adjudicada a una severa situación de crisis económica, lo que hace que no se pueda salir de la recesión, con el cual se aumenta el círculo vicioso del drama de la desocupación y el peligro inminente de la cesación de pagos a los acreedores externos, todo ello hace aumentar la tasa de interés en función del "riesgo país" -concepto éste último sobre el que volveremos a tratar- que se que abonará por nuevos endeudamientos para pagar antiguos vencimientos de capital más intereses.

Es necesario tener en cuenta que las crisis económicas y financieras, que con menos intensidad recorren cual un "fantasma" (Marx y Engels, 1848) al planeta, no son más que un síntoma patológico que desequilibra al organismo, tanto individual como social -cual un estado febril- del Nuevo Orden Internacional.

Una lectura lineal -e ingenua- de lo que ocurre en Argentina, deja ver que la crisis económica es la causa de la crisis política institucional. Esto es falso, la relación es a la inversa, vale decir, la crisis política ha arrojado al país a la crisis económica. Valga una anécdota ilustrativa: en el Siglo XVII, el Ministro de Luis XIV, Jean B. Colbert (1619-1683) afirmaba que para tener una buena administración financiera y económica, era preciso tener por encima un excelente plan político de gobierno; lo cual significa que el caballo tiene que estar atado adelante del carro y no empujarlo; en este caso no vale el axioma matemático de que "el orden de los factores no altera el producto". Y los fundamentalistas del "mercado" han invertido el orden de los factores y por ello se hace tan difícil superar la crisis.

2-MIRADA ECONOMICA:

Pese a lo dicho, iniciaré el análisis de la situación en el orden inverso al propuesto anteriormente. Argentina es, un país paradójico. Muchas riquezas naturales acompañadas de una densidad demográfica envidiable por cualquier país europeo y, sin embargo, pobre económicamente. Las palabras de moda en el vocabulario nacional son, entre otras, riesgo país, recesión, desocupación (Sevares, 2000; Rodriguez Kauth, 2001), marginamiento, exclusión social, corrupción (Grondona, 1993; Rodriguez Kauth, 1999), exceso de cargos y gastos políticos, etc. En realidad, todas ellas devienen de una sola causa: la corrupción, que invade enmarañadamente al tejido social y, en particular, a la clase política. Ellos son los que dan la tónica y marcan el ritmo en ése quehacer poco sano para la salud pública de la Nación. Pese a eso, la ciudadanía -en su mayoría, salvo pequeños grupos autoritarios- se empeña en crear soportes para sostener vigentes las instituciones políticas, a fin de superar sus carencias y encontrar caminos que le ofrezcan fiabilidad y credibilidad en el sistema democrático.

En 1999, el electorado creyó en una "salida mágica" a sus desvelos eligiendo un nuevo estilo gubernamental que aseguró modificar el modelo parafernálico; más sus esperanzas no se hicieron realidad: continúa vigente el miedo a la devaluación de la moneda y los ahorristas locales se refugian en los dólares -aunque pierdan varios puntos de interés en sus depósitos bancarios- y no se ha podido superar la recesión económica que lleva más de tres años y ha hundido al país en la crisis más larga de su historia, en tanto que el Estado no logra bajar el gasto público y la desocupación.

Es que las soluciones mágicas, desde una lectura política, no son soluciones democráticas, ya que la ciudadanía deposita sus esperanzas en los mensajes y proyectos del mesías de turno. La democracia es mucho más que eso, es la participación y el protagonismo en la toma de decisiones de los habitantes, ya sea a través de quienes los representan como desde los diversos movimientos de reivindicación social que encausan la satisfacción de necesidades y aspiraciones comunitarias. Solamente si reconoce esta revalorización de la política, será posible trascender la zozobra en que nos deja inmersos la incertidumbre. Y, desde una lectura psicológica, la soluciones mágicas de los mesiánicos arrastran consigo dos consecuencias ineludibles: a) el "misterio" que rodea a las mismas y cuya develación está en los poderes "sobrenaturales" del mesías, que jamás revelará las mismas; y b) el temido retorno al golpe de Estado autoritario, que en el caso argentino, sería de orden civil, ya que los militares están devaluados en la consideración pública.

En Argentina, el mesías que apareció en escena es el Súper Ministro D. Cavallo -de triste experiencia a su paso por la función pública durante la última dictadura militar dónde estatizó la deuda externa privada y, luego, como Súper Ministro del menemismo en que, paradójicamente, privatizó la mayor parte de las empresas estatales, tanto las deficitarias como las que dejaban ganancias- y lo más curioso de esto si se lo lee psicopolíticamente es que un 60% de la población aprobó su ingreso al Gabinete, aún desconociendo sus fórmulas de reactivación, pero cuando se le otorgaban poderes por vía de excepción, cuando los mismos son potestad del Parlamento. Es que ante la precariedad y pauperización de las condiciones de vida, la "gente" considera cualquier canto de sirena que se presente como una mejoría bajo la certeza de que se trata de una luz de esperanza ante tanta desesperanza. Por otra parte, la miseria y precariedad en que se vive hace caer psicológicamente de manera drástica los niveles de aspiración de la población afectada por esas condiciones.

Todo esto provoca un sentimiento generalizado de desprestigio de la política y sus instituciones -el sistema republicano- que no han sabido dar respuestas válidas a las legítimas demandas de los sectores más afectados por la etapa posterior a la crisis capitalista, cual es la depresión (Makarova, 1986), con lo cual se corre el riesgo -históricamente avalado- del ya citado Golpe de Estado constitucional que, por resolver de manera paliativa tales demandas, instala en la población el síntoma de la alienación, tanto subjetiva como colectiva, el cual nuevamente nos pondría al borde del abismo, en este caso político, lo cual reafirmaría nuestra tesis primigenia de que la crisis que se vive es de orden político y no económico, como pretenden hacer creer los vendedores de imágenes. Más, para poder poner en marcha tal planificación "desde arriba", es preciso que la misma se inscriba sobre arcaicas estructuras no racionales, como son las místicas y mágicas que están en la base de las "ilusiones" (Freud, 1927; Castoriadis, 1993) estructuradas tanto en la subjetividad individual como colectiva, lo que en el caso particular argentino lo agrava por su inveterada tendencia a manifestarse por el caudillismo y los personalismos, elementos que vienen desde antaño en nuestra historia (Ingenieros, 1918).

La Argentina está endeudada externamente -aproximadamente en unos 170 mil millones de dólares- y con un PBI muy bajo; diciéndolo sin eufemismo alguno, somos un país pobre. Si se repartiera el monto de la deuda externa entre sus habitantes, cada uno debe U$S 3.500 y, el monto total, asciende cada hora en un millón y medio de dólares. Pero, tan grave como el endeudamiento externo -aunque para los economistas fundamentalistas del "mercado" que pululan por los despachos oficiales (Falcón, 2001) haya que poner el acento de nuestros males en ése punto ^(1)- es el de la "deuda interna", endeudamiento al que se le presta poca atención desde los cenáculos del poder. Pruebas de ello: a) jubilados que sobreviven con 150 dólares mensuales; b) un sistema sanitario perimido que no provee mínimamente las necesidades de la población media y excluída; c) un sistema educativo dónde el 40% de sus docentes viven por debajo de lo que los economistas definieran como "por debajo de la línea de pobreza" (Calcagno, 1994; Rodriguez Kauth, 1998) y -como efecto o como causa de aquello- un alto desgranamiento escolar y un escaso aprendizaje en el alumnado; d) más del 15% de la población económicamente activa está desocupada y, otro tanto, subocupada -según estimaciones oficiales- lo cual suma a un tercio de la población viviendo en condiciones de miserabilidad. Esto adquiere mayor gravedad cuando aparece el fenómeno de la "privación relativa" (Stouffer, 1949), el que se manifiesta con la parafernalia de lujos en que se mueve la farándula de los políticos que han hecho banalizado su quehacer (Rodriguez Kauth, 1997), merced a un exhibicionismo enfermizo que apunta a rebajar al pueblo a la categoría de triste observador de cómo es humillado (Sade, 1795); e) una profunda recesión económica que ⁽²⁾ ningún economista ortodoxo encuentra la fórmula de superación, lo que podría salvar buena parte de lo expresado hasta aquí; y e) un estado de sospecha generalizado sobre la "clase política" de corrupta, que a diario envuelve a alguno de ellos. Esto último no es un hecho menor, ya que la corrupción afecta al tejido social. Para ejemplificar, valgan los casos del escándalo en la Cámara de Senadores (Rodriguez Kauth, 2001c) por sobornos recibidos para sancionar una ley, sobornos que provinieron del Poder Ejecutivo y en el mismo estaba implicado el propio Juez que tuvo la causa, lo que provocó la renuncia del Vicepresidente Carlos Alvarez; el caso de la "mesa de dinero" ⁽³⁾ en la Tesorería de la Cámara de Diputados de la Nación; y, para concluir con lo más reciente, la asignación de subsidios y pasantías -creadas para desocupados- a estudiantes afiliados a Franja Morada ⁽⁴⁾ lo cual si bien es otro episodio de corrupción, se agrava debido a que desde el Poder se corrompe a lo que se supone es el "futuro" del país: la juventud (Ingenieros, 1916); y f) caben muchos más ítems, pero no es cuestión de agotar al lector con datos apabullantes de lo que ocurre por aquí y que provocan el fenómeno psicopolítico que nos interesa, ya que la subjetividad -individual y colectiva- se ve atravesada por un estado de malestar crónico.

Esta situación anómala -reflejada tanto en los indicadores macroeconómicos como en el bolsillo del pueblo llano- llevaron a tal estado generalizado de "malestar" (Freud, 1930) en amplios sectores de la población, especialmente los más desfavorecidos y los estratos medios que ven con angustia un futuro oscuro. El malestar se manifiesta de múltiples maneras, que van desde la desconfianza mutua entre las personas hasta un descrédito masivo por "los políticos" y su quehacer. El primer tema es de abordaje psicosocial y el segundo es para el análisis psicopolítico, por lo cual nos ocuparemos de él con la profundidad que el caso merece.

3-DATOS PARA EL MALESTAR:

Las encuestas de empresas privadas -como las realizadas por el propio Estado- reflejan de modo uniforme el clima social descripto: un profundo malestar por parte de la "gente" (Magallanes, 1993) para con los políticos e, incluso, para con la política. Es como si se hubiera abierto un enorme hiato entre el pueblo y sus dirigentes, cuando entre ellos debiera -según la teoría política, fáctica (Scmhitt, 1932) o normativa (Platón o Aristóteles) a la que se recurra- existir comunión de intereses.

Tal "malestar" no es patrimonio exclusivo de los dirigentes y la política, de hecho todas las instituciones sociales han caído en el mismo lugar confuso para la opinión pública, ya que ellas -Iglesia, Fuerzas Armadas, Sindicatos, Justicia, etc.- cayeron en la trampa de aceptar los "favores" prestados por los políticos a los servicios brindados por alguna de las mismas. Salvo el periodismo independiente, para la población llana no existe interlocutor válido creíble, esto debido a que los periodistas son los únicos que permanentemente están en la labor de destapar la suciedad que atraviesa a las instituciones; mientras los otros se mantienen en componendas que pretender tapar dicha suciedad.

Los profesionales de la política, en particular los de los partidos mayoritarios -peronismo y radicalismo ^(5)- que hace más de medio siglo se alternan en el poder democrático -salvo las interrupciones provocadas por el "Partido Militar"- han utilizado la similar metodología corrupta del soborno y el cobro de dádivas en su gestión. A todo ello debe unirse la común incapacidad de los dirigentes para encauzar al país en una vía de desarrollo y crecimiento económico y social sostenido. Más esto no debe extrañar, es simultáneamente causa y efecto (Mac Iver, 1942) de lo anterior.

No somos miembros del Primer Mundo que el menemismo nos vendió como pertenecentes a él. Los dirigentes políticos parecen no tomar en cuenta los indicadores mencionados. Ellos viven como reyes y le cuestan al erario público más de diez veces lo que cuesta un político en países desarrollados de Europa Occidental, o de los EE.UU. Pruebas de lo que afirmo. La provincia de Formosa gasta por legislador siete veces lo que le cuesta al land alemán de Baviera, que tiene una población 24 veces mayor, en tanto produce una riqueza 150 veces superior a la de la provincia argentina, esto tomado en términos comparativos del PBI ^(6). Asimismo, los diputados formoseños son los más caros del país, cada legislador le cuesta al Estado provincial 1.600.000 pesos al año, los que se distribuyen entre dietas, personal, viáticos, "gastos reservados", etc.

La Provincia de La Rioja -de la que es oriundo Menem y por ello se vio favorecida con subsidios del Tesoro Nacional- tiene un gasto de 14.000.000 de dólares al año para sus 30 legisladores y su PBI es de $1.650.000.000. Si se lo compara con la legislatura de Kansas, dónde se gastan $12.000.000 al año para 165 legisladores, pero que posee un PBI de $59.000.000.000 entonces se tomará la auténtica dimensión del dislate que atraviesa la política local. Asimismo, se puede añadir que la Provincia de Tucumán abona salarios a legisladores provinciales y comunales que en muchos casos rondan los 20 mil dólares mensuales entre sueldos y un rubro curiosamente enigmático que se ha inventado para que cobren más: "gastos reservados", el cual es más propio del lenguaje utilizado en el espionaje que de la política (Pastor Petit, 1996). En la Provincia del Chaco, cada legislador ha nombrado a 46 empleados ^(7). Comparado con lo que ocurre en Cataluña -con más de seis veces de población- se ve que su gasto legislativo es menor al del Chaco, aunque allá hayan 134 legisladores, en tanto que su referente de comparación tiene solo 32 y, lo más grave, el PBI Catalán es 40 veces mayor al del Chaco.

Más estos ejemplos no son solamente el producto afiebrado de dirigentes provinciales que miran en pequeño la realidad que los rodea, sino que el mismo resultado es posible observarlo en la estructura política nacional ^(8).

4-LA RESPONSABILIDAD DE LOS POLITICOS:

Los dirigentes políticos deben asumir la grave situación del gasto público y es preciso que den señales a la ciudadanía desde sus propias conducta. Esto se logra con austeridad y probidad cívica. Y, no es mucho lo que disminuirá el gasto público, pero será una señal a la población de que se acabó la dilapidación de dineros que son de todos. Más que de una medida financiera es un gesto político, lo cual no es poca cosa en tiempos de desconfianza y desesperanza.

Existen unos 10.000 cargos electivos, entre ellos gobernadores y vices; diputados y senadores -nacionales o provinciales- y ediles municipales ^(9). El gasto político del Estado -sumando nacional y provincial- se estima en unos U$S 20.000 millones -según cálculos del analista R. Fraga- representando el 40% del presupuesto de los gastos anuales. Tamaña cifra se diluye en sueldos; dietas ^(10); y, más grave aún, es el número -casi ilimitado- que tienen los legisladores de nombrar colaboradores en puestos públicos con los que se gratifica a parientes y amigos o punteros políticos, los cuales se desempeñan como asesores en algo en lo que se supone que son expertos, aunque en realidad muchos no lo sean, ya que existieron "asesores" con sólo 17 años ^(11); otorgar pensiones graciables, que -como su nombre lo indica- no son más que una "gracia", de tipo monárquico en una República ^(12); choferes particulares; pasajes en avión que usan para regalar a quienes deben favores políticos; uso de teléfonos celulares; y un largo etcétera que serviría para enhebrar un extenso collar de prebendas y corrupción asociadas.

Volviendo al caso alemán, allá un diputado solo puede nombrar un asistente y una secretaria. Los bloques partidarios proveen de los demás servicios de asesoramiento; contratando así a los mejores expertos en cada especialidad, con lo cual no solamente se reduce el gasto político, sino que aumenta la calidad de sus tareas.

El clima de desesperanza y pesimismo en que se vive es posible que sea la resultante de la desilusión originada en la fantasía ⁽¹³⁾ de que modificando el estilo de conducción política, saldríamos bien parados de la situación en que vivíamos. Muchos de quienes depositaron su voto por la Alianza en 1999 lo hicieron hastiados del estilo banalizador imperante -hasta entonces- por el menemismo.

En el primer párrafo de este escrito me he referido a un término que en la actualidad conmueve a los argentinos: "riesgo país". Se trata de un constructo que elaboran las consultoras o agencias que califican a los países en función del riesgo que representan para sus clientes en la posibilidad de invertir en ellos. La calificación debe ser tomada en cuenta por los inversores extranjeros ya que la mayoría de los fondos de inversión de EE.UU. y Europa están limitados por sus estatutos a invertir en papeles con calificación de "investment grade" aceptable que, en la actualidad es cuatro veces mayor al que obtiene Argentina. En realidad, tales calificaciones componen una mixtura de elementos objetivos y subjetivos. Entre los primeros están los datos referidos a la circulación monetaria, créditos impagos, recesión económica, crecimiento de la economía, etc.; mientras entre los segundos se encuentra la percepción que a la distancia tienen las consultoras acerca de la estabilidad política y la credibilidad de los gobernantes, datos que no necesariamente se condicen con la situación que se vive en el país en cuestión. Hecha esta breve descripción de lo que significa el riesgo país, ahora entraré de lleno a las consecuencias psicológicas en la población vernácula que tales evaluaciones externas traen aparejadas.

En las sesiones del Congreso Argentino de Psiquiatría, realizado en el primer trimestre de 2001 en Mar del Plata, se concluyó que constructos originales como el que venimos de tratar, tienen la capacidad de generar patologías psíquicas, ya que arrastran no solamente a los inversores, sino a grandes masas poblacionales a vivir pendientes de las noticias de última hora acerca de si ha crecido o disminuído tal "riesgo". Ya que el aumento del mismo trae aparejados riesgos más cercanos y domésticos a cada uno de los actores sociales. El aumento de la calificación en el rubro riesgo país viene asociado con riesgos menores, que hacen a lo personal y que acucian hace tiempo al colectivo de la población argentina, especialmente los trabajadores, como son los de perder el espacio laboral y a sabiendas de lo difícil que es conseguir un nuevo empleo en las condiciones precarias en que nos movemos; los de las identificaciones vicarianas con los corruptos, que han pasado a ser personajes admirados por el éxito que los acompaña; la desesperanza por la falta de alternativas válidas en el futuro inmediato y mediato; la exclusión social de los nuevos pobres (Minujín y Kessler, 1995) que alguna vez transitaron por la extendida clase media nacional; la desesperanza que se transmite en los rostros de la "gente" ante la incertidumbre; el maltrato cotidiano al que se ve sometido el ciudadano que pretende hacer algún reclamo por la defensa de sus derechos; etc., etc.

Todos y cada uno de esos indicadores son provocadores de enfermedades mentales, aunque algunas de ellas se escondan detrás de síntomas psicosomáticos y se las confunda con gastritis o cosa por el estilo. Pero no son solamente quienes se han visto afectados de modo directo por alguno de aquellos síntomas socioeconómicos los que sufren el "malestar" sobre el que venimos insistiendo. También aquellos que todavía no han sido alcanzados por la mala fortuna expresan en voz alta su pesar por lo que les ocurre a sus prójimos y es que en estos momentos hacen su aparición los sentimientos de culpa (Aguinis, 1983) por poder disfrutar lo que otros han tenido que renunciar. Los mismos se testimonian de diversas maneras, pero siempre con la constante de la identificación empática con los que poseyeron y hoy son desposeidos. Esto se manifiesta con temor a la incertidumbre que genera el futuro sombrío que se avizora desde el presente ⁽¹⁴⁾ por lo que pueda ocurrir ante algún acontecimiento inesperado y que desestabilizaría a la economía familiar llevándola por el sendero de los renunciamientos, las pérdidas y las postergaciones de la satisfacción de necesidades que hasta entonces eran bien provistas.

Vale decir, el tan sonado "riesgo país" -que la mayoría de la población no sabe en que consiste- se ha convertido en un riesgo serio para la salud psíquica, física y, fundamentalmente, moral de la ciudadanía que no encuentra los caminos de la solidaridad a consecuencia que los mismos han sido obturados, los pocos puentes tendidos entre los habitantes han sido reemplazados con las vallas que utiliza el poder para reprimir las protestas sociales, cosa que realiza frente a su incapacidad de reconocer la legitimidad de aquellos y mucho menos tener los instrumentos con los cuales satisfacer las demandas de justicia social.

5-LAS PROPUESTAS DE CAMBIO. POSIBILIDADES Y DESATINOS:

En mayo de 2001 surgieron, desde distintos sectores sociales, propuestas de modificación de las pautas del quehacer político tendientes a modificar la percepción generalizada que atraviesa al imaginario social de corrupción e inutilidad de los políticos. Las mismas han sido hechas con el propósito inconfeso de que es la realidad la que afecta a la conciencia y no a la inversa ⁽¹⁴⁾ para que "la gente" -el pueblo de a pie- sienta y reconozca que los dirigentes políticos son útiles a la sociedad y las instituciones, poniendo especial énfasis en los legisladores y que éstos superaran la trampa corrupta de servirse de las mismas para su enriquecimiento ilícito. Así, se ha propuesto -de modo tal que algunos dirigentes recogieron el reto y en un afán demagógico lo hicieron suyo- una reducción -un recorte- del costo de la actividad política, lo cual serviría para mejorar la alicaída credibilidad de la ciudadanía sobre la dirigencia, lo que a su vez afianzaría el estilo de vida democrático ^(15). Aunque, nuevamente, no es más que otra "solución mágica", ya que con menos funcionarios y legisladores, nadie está en condiciones de asegurar la probidad de los mismos y los ahorros que se hicieran -si bien podrían disminuir los gastos a cerca de la mitad- no ofrecen garantía alguna de que no se sigan distrayendo los dineros públicos con fines espurios y egoístas amparados por la grosera impunidad que se moviliza en torno a la corrupción.

La solución a los problemas, tanto de financiación del quehacer político como de la falta de credibilidad en los políticos profesionales, no pasa su meollo por tener menos políticos; sino que la única solución posible es que quienes actúan en política lo hagan respetando la realidad que vive su electorado y que ellos también comiencen a ajustar sus cargas de costos en consonancia con lo que realiza el resto de la población, es decir, con sentido de austeridad y probidad republicana, a más de la responsabilidad lógica con que deben ejercer sus cargos ^(16).

Tal como es presentada la solución a la problemática planteada por quienes dicen querer "menos política", también ella es de naturaleza "mágica", debido a que no se toman seriamente los recaudos necesarios para llevarla adelante. Si bien es cierto no dejaría de ser prudente provocar la baja del gasto político disminuyendo el enorme aparato corporativo que afecta a las finanzas públicas y que es una de las claves -por cierto, de las menores- del grave déficit fiscal que permanentemente amenaza con la cesación de pagos, ninguno de los adalides de éstas propuestas han puesto el acento sobre el tema agobiante de la deuda externa, la cual, sumando vencimientos de capital e intereses, es la auténtica sangría del presupuesto nacional. Tratar sobre la deuda externa es un tema tabú, afrontar con seriedad la cesación de pagos -por voluntad soberana como país y no por la exigencia de los acreedores- pareciera que significa tocar los intereses sagrados del establishment y, ello, está por afuera de las pautas de quienes se mueven en la más rancia ortodoxia del llamado eufemísticamente neoliberalismo, es decir, y para andar sin eufemismos que esconden la realidad de los términos, los intereses del capitalismo.

Más, críticas ideológicas al margen -aunque siempre son precisas, ya que sin ellas se pierde el marco contextual desde el cual se dice el discurso- lo cierto es que bien se podrían reducir los costos políticos, en el corto plazo, reduciendo drásticamente los gastos de los funcionarios políticos -que en última instancia son servidores del Estado y no están para servirse de él- como así también el de un aparato burocrático ineficaz (Weber, 1922), que no solamente funciona como una kafkiana maquinaria de impedir el crecimiento social y económico, sino que ademas apabulla a los contribuyentes con sus demandas y apremios desmedidos en aras de una recaudación que sólo sirve para cubrir gastos corrientes, pero que no tiene proyecto alguno de inversiones de capital con lo producido por la recaudación impositiva.

Según opina el analista y politólogo M. Mora y Araujo (2000) "El altísimo costo del Estado, y en particular el de las instituciones legislativas, está en la raíz de la crisis argentina actual. Explica los problemas fiscales que nos acercan peligrosamente al abismo del default (cesación de pagos) y explica también el descrédito en el que han caído las instituciones de gobierno y el escepticismo ciudadano acerca de ellas". Esta explicación tiene dos partes: la primera es -en mi juicio, aunque sea compartida por los tecnócratas de turno- totalmente desacertada ^(17), debido a que al atribuir la posibilidad de la cesación de pagos -que pende cual la leyenda de la espada de Damocles sobre nuestras finanzas, desde finales del año 2000- la misma no se explica solamente por el alto costo de "las instituciones legislativas". Pero no se puede pretender que un analista del establishment vea que la posibilidad de cesación de pagos está en otro lugar, en el de la "inmoral deuda externa" (Castro, 1985) que se ha convertido en la causa de los muchos males que nos aquejan. En cambio, la segunda parte de su explicación es parcialmente atinada, sobre todo en cuanto se refiere a lo del descrédito y escepticismo de la ciudadanía por la política. Esto no es lógicamente disparatado -desde una lógica por afuera de la aristotélica- en tanto que de una premisa falsa se desprende una conclusión certera. Por otro lado, esta parte de su interpretación es sólo parcialmente certera, ya que la población no cuestiona los costos políticos de manera masiva y sin discernir acerca de la misma, sino que el descrédito y el escepticismo aludido tienen su origen en la falta de medidas superadoras por parte de los políticos, tanto de la oposición como gubernamentales. Fundamentalmente éstos últimos, que han hecho de la pasividad, la inacción y la complicidad con los acreedores externos, su norma de conducta ^(18).

Más, nuestro analista en cuestión continúa afirmando que "Durante la última década, la sociedad toda hizo un profundo ajuste competitivo. Se ajustaron las empresas -muchas hasta el punto de desaparecer-, se ajustaron las familias y se ajustaron las personas. El Estado no se ajustó. Los gobernantes instrumentaron las políticas públicas que llevaron a la inserción del país en el mundo globalizado y al camino de la competitividad. Pero el Estado no acompañó ese proceso". Esto también es simultáneamente parcialmente cierto y parcialmente falso. La primera parte de sus afirmaciones son verdaderas, el país, en especial los sectores más humildes, han saltado de un ajuste económico a otro (Rodriguez Kauth, 1994) a cada cual peor que el anterior; más es falso de falsedad absoluta que el Estado no haya hecho ajustes en su estructura. Pruebas de los hechos: durante la última década el Estado cumplió fielmente con los mandatos exigidos por el FMI y el BM de privatizar las principales empresas en poder del Estado, a todas ellas las vendió -a precio vil- a empresas multinacionales, lo que ha provocado dos fenómenos: a) el aumento considerable de la desocupación, ya que los nuevos patrones dejaron sin trabajo a centenares de miles de empleados y obreros; y b) en muchos casos -el caso de Aerolíneas Argentinas es paradigmático- el vaciamiento de las mismas merced a maniobras financieras dolosas y complejas de resumir aquí, pero baste como ejemplo citar los procesos de sobrefacturación en los productos importados por las casas matrices y, a la vez, la subfacturación de los que se exportaban en aquella dirección. Sin embargo, pese a haberse realizado las privatizaciones, ellas no aumentaron los ingresos fiscales -tales empresas también eluden sus obligaciones- con lo cual se hubiera enjuagado el déficit de caja del Estado. Es decir, el Estado hizo los ajustes que le ordenaron sus mandantes del Nuevo Orden Internacional, pero esto no es suficiente para los amigos del imperiocapitalismo y su política. Asimismo, existe otra falsedad cuando afirma que el Estado -menemista- había puesto al país en el camino de la competitividad. Tal afirmación se da de patadas con la realidad que nos atraviesa; no en vano el plan económico del Ministro Cavallo parte de la premisa de insertar la economía argentina en los senderos de la competitividad, tanto nacional como internacional, apuntando a favorecer a la industria nacional reduciendo los aranceles de exportación y aumentando los de importación en los productos de consumo, aunque no haciéndolo en los de ingresos con los de los insumos necesarios para la inversión de capitales de los industriales vernáculas.

En todo caso, aunque Mora y Araujo no lo diga explícitamente -quizás por confundir Estado con políticos- ha sido la clase política la que aún no hizo alguno de los ajustes esperables y ésa es una de las deudas que tienen para con el electorado en particular y la sociedad en general. Se trata de una señal, de un gesto, que la población espera ansiosamente para volver a confiar en las instituciones que les fueron encargadas a los políticos que están ocupando cargos en el gobierno o en la oposición.

Al avanzar en el tema, es preciso no confundir el desprestigio de los políticos con la estimación que se tiene acerca de las instituciones democráticas -que, por fortuna, aún gozan de amplio consenso público- ya que al hacer tal maniobra semántica se corre el serio riesgo de un retorno no deseado a épocas de dictaduras militares, siempre asociadas con grupúsculos de civiles que se han aprovechado de las mismas para sacar buenos réditos personales y llenar sus alforjas con actos de corrupción, amparados en la razón de la fuerza con que los protegen las armas.

Sin embargo, aquellas críticas provenientes de los nostálgicos de los golpes militares, no obstan para que desde el propio Estado -y también desde los protagonistas de la política- se inicie una campaña de reducción de gastos superfluos -que la mayor parte de las veces terminan en las faltriqueras de sus actores, siempre afectos a estar cerca de la corrupción monetaria- que bien podrían dedicarse a satisfacer las justas demandas sociales de los sectores más empobrecidos. Entre tales gastos superfluos, bien vale -por ejemplo- apuntar directamente a la supresión lisa y llana de las Cámaras de Senadores provinciales. Al efecto, y como argumentación legal, téngase en cuenta que los senadores, según la Constitución, representan a los gobiernos provinciales y no al pueblo -tal representatividad la tienen los diputados- y, entonces, cabe preguntarse ¿a quién representan los senadores provinciales?. La respuestas es simple: a nadie. Están por la sencilla razón de que es un forma más de generar cargos políticos rentados con los cuales pagar favores a algunos dirigentes provinciales.

En consecuencia, los datos presentados, que son de público conocimiento por la ciudadanía merced a la invalorable tarea de esclarecimiento que realiza el periodismo, son una fuente más dónde abreva el descreimiento y hasta el desprecio que siente la población por el quehacer político. Esto es así debido a que se ha entrado en la peligrosa vertiente del síndrome de la desesperanza (Martín-Baró, 1987); más aún, si se quiere un símil algo más gráfico y del decir popular, la actualidad encuentra a la población en una situación semejante a "como de brazos caídos", "vencidos", inmersos en una fatiga y pesimismo colectivo y no solamente sin esperanzas, sino que lo que es peor, con esperanzas de tragedia, al borde de un abismo imposible de atisbar por el manto de oquedad que lo cubre.

Los síntomas que reflejan tal situación son variados y abarcan desde las largas colas durante semanas y mese en las puertas de los consulados de España e Italia buscando con desesperación un pasaporte de la Comunidad europea que permita huir de la "peste" ^(19), entres cuyos integrantes se destacan jóvenes profesionales universitarios que -según una encuesta (Rodriguez Kauth, 2001)- dicen querer irse "porque aquí no hay presente ni futuro", a lo cual lo justifican con un dramático "sálvese quién pueda" expresado al mejor estilo de la filosofía popular de E. S. Discépolo testimoniada en sus tangos "Cambalache" y "Yira, Yira"; y a ellos se unen en las largas esperas de las frías madrugadas obreros jóvenes y otros que no lo son tanto. Es decir, se trata de buscar la salvación individual, a lo sumo la familiar, por eso de pensar en el futuro umbrío que les presenta el panorama nacional. A ése síntoma individualista se añaden medidas de política financiera que se pretenden tomar, como la mencionada de bajar el déficit fiscal reduciendo la cantidad de cargos de funcionarios políticos y legisladores. Esto último es el tema central que abordamos, ya que los síntomas restantes están bien reflejados en los periódicos e informativos radiales y televisivos, tanto en los nacionales como en los internacionales.

La atmósfera política que se respira en el ambiente está "enrarecida", pero no de contaminación ambiental, ya que el humo de las fábricas brilla por su ausencia, día a día van cerrando esos lugares de producción y trabajo. Desde el oficialismo se la atribuye -como es ya una tradición en la política local ante casos similares- a tenebrosas conspiraciones salidas de entre las sombras contra alguien o algo. Pero estas argumentaciones no son más que una estratagema infantil que a nadie engañan, ya que las autoridades, tanto actuales como del decenio anterior, no han sabido leer que la sociedad está sobre ascuas debido a que sus dirigentes se encuentran desconcertados y pareciera que han perdido el rumbo de la nave, al igual que en la leyenda escandinava del Mar de los Sargazos (Bayer, 1994). La realidad que no quieren ver -por ceguera oportunista- es distinta: la conducción, el liderazgo político, están en crisis, desconcertado ante sus desaciertos y, como dijera el ex Presidente Menem -refiriéndose a cómo superar la falta de gobernabilidad que nos embarga- en tono zumbón: "Muy sencillo, gobernando" (Rodriguez Kauth, 2001d) y, mal que nos pese, tiene razón. Gobernar es lo que no se hace en el país, se trata de un "como sí", pero falta voluntad política en la conducción. Más, resulta difícil -por no decir imposible- gobernar cuando faltan ideas y no se confía en otros colaboradores que no sean los parientes o amigos, cual es el estilo del Presidente De la Rúa.

Aprovechando la coyuntura de las protestas citadas de aquellos grupos nostálgicos de desprestigiar a la política, el gobierno se ha sumado a las voces airadas de reclamos -más en un acto de oportunismo que de "oportunidad" política- por los inmensos gastos de los políticos y, como consecuencia de ello, ha enviado al Parlamento un Proyecto de Ley en el que se proponen modificaciones -de tipo cosméticas- sobre el estilo de hacer política. Pero ¿no resulta ingenuo pretender que los propios implicados en faltas se condenen por aquellas y sean los que se apliquen las penas?.

Una encuesta reciente reveló que el 90% de los entrevistados está en total acuerdo con que se reduzcan los sueldos de funcionarios y las dietas de los legisladores, lo que no significa que estén en contra de la política, solo debe leerse este dato como un indicador del reclamo por gestos de austeridad por parte de quienes conducen en momentos que se transita por una profunda crisis económica que afecta a la población toda. Al respecto, ya han habido gobernadores de algunas provincias que resolvieron por su cuenta y riesgo reducir los salarios de sus funcionarios -incluyendo el propio- a la par que han instado a las legislaturas, magistrados y municipios a hacer otro tanto en sus presupuestos. Más estas son medidas aisladas y huelen más a demagogia que a una auténtica voluntad de satisfacer las demandas populares. Solamente han hablado de reducir salarios en un 20 y hasta un 30%, pero nada han dicho de la dilapidación de dineros públicos en diferentes rubros y, fundamentalmente, en el oscuro lugar de los "gastos reservados", que es como un gran agujero negro del cosmos por dónde la energía que entra -léase dinero- es tragada por aquél y no se la puede ver salir por lado alguno.

6-CONCLUSIONES:

Hablar de temas políticos en Argentina, es para el analista una cuestión casi insalubre; los acontecimientos superan la posibilidad de su lectura a velocidades vertiginosas. Al terminar estas páginas, se ha producido la detención del ex Presidente Menem y de algunos de sus ministros acusados en una causa por asociación ilícita ⁽²⁰⁾ para contrabandear armas a países que estaban en conflicto, como lo fue Ecuador -en su guerra fronteriza con Perú- y a Croacia que tenía un embargo internacional para la compra de pertrechos belicoso. Esto que podría aparecer como un síntoma de independencia de la Justicia ante el poder político amenaza con convertirse en un problema institucional grave, ya que la falta de memoria de la mayor parte de los argentinos, como así también la urgente necesidad que tienen de acceder al Poder para lucrar con él, hace que algunos de ellos estén "golpeando las puertas de los cuarteles". Los militares también están desprestigiados, pero se han puesto a estudiar el "clima social" ante un probable Golpe de Estado para restablecer la gobernabilidad en un país cuyo gobierno ha perdido el rumbo. Y en esto el desprestigio de la clase política provoca que hayan señales positivas de la población a los devaneos militares que aseguran que vienen para restablecer el orden e intentan quedarse en medio de un baño de sangre y horror.

El tema-problema que hemos presentado suscintamente da para mucha más especulación, pero no existe lugar para ello -la tiranía de los editores- y, solamente diremos que, desde la Psicología Política se advierte no sólo la existencia de un malestar social respecto a la cuestión, sino que psicológicamente se lo puede leer como la resultante de la falta de conducción política que fije límites y proponga soluciones a los múltiples problemas que agobian a la población y la haga tomar en cuenta lo que en otros momentos no era motivo de preocupación ciudadana. Los que estamos en este quehacer tenemos la obligación -tanto profesional como cívica- de llamar la atención respecto a las voces de sirena que pretenden interpretar el sentir popular, cuando en realidad están preparando el caldo de cultivo a fin de despreciar el sistema democrático. Los partidos políticos ⁽²¹⁾ son necesarios para interpretar el sentir y el pensar de "la gente"; hasta la fecha son los únicos que conocemos que pueden hacerlo con legitimidad y autoridad, pero sin autoritarismo. Aunque para lograr eso es preciso que previamente se legitimen a su interior, es decir, modifiquen las pautas corruptas que los embargan y luego pueden lanzarse a recuperar la credibilidad que han perdido dentro de la subjetividad de la ciudadanía, la cual los necesita para hacer oir sus reclamos de una mayor y mejor participación y redistribución de la justicia social.

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