Que No Queden Impunes(*)
Octavio Rodríguez Araujo
Considérese este escrito una carta abierta al presidente Vicente Fox Quesada con copia a Jorge G. Castañeda en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores.
En esta ocasión estoy escribiendo como presidente de la Confederación Internacional de Criminalística y Criminología, AC (CIDEC), ya que en esta asociación se presentó el caso de la mexicana María del Rosario Avalos Castañeda, asesinada, junto con su esposo (el argentino Bernardo Lejderman Konujowska), por el gobierno de Pinochet el 8 de diciembre de 1973. El conocimiento de los hechos fue ratificado por Ernesto Lejderman Avalos, hijo de Bernardo y Rosario.
El abogado del joven Ernesto, Héctor Salazar, asegura que el gobierno mexicano tuvo conocimiento del asesinato de la socióloga mexicana de 24 años de edad. Por información del abogado Salazar se sabe que en marzo de 1974, antes de que los gobiernos de Chile y México rompieran relaciones, la cancillería mexicana solicitó que el cuerpo de Rosario Avalos fuera exhumado. El cadáver, en efecto, fue localizado, pero volvieron a enterrarlo en el Cementerio General de Santiago de Chile. Sin embargo, la representación de México no interpuso jamás querella alguna. "No la ha habido nunca" --asegura Salazar. Han sido la cancillería argentina, las autoridades venezolanas y algunas organizaciones de derechos humanos, como Rettig, las que se han interesado en el caso. De parte de las autoridades mexicanas, jamás hubo nada". (Véase Crónica, 7/12/00)
El 4 de diciembre pasado, Ernesto Lejderman interpuso una querella ante el juez chileno Juan Guzmán. La autoridad judicial chilena ha aceptado que el gobierno de ese país ha mentido sobre la muerte de los padres de Ernesto. Pero, además, ha quedado claro que el jefe del regimiento de donde salieron los soldados asesinos fue el teniente coronel Ariosto Lapostol, que el responsable del pelotón que los ametralló fue Fernando Polanco Gallardo, y que uno de los participantes en el asesinato fue el entonces subteniente Mario Larenas Carmona, actualmente director de la Escuela Militar de Chile.
Se demostró, asimismo, que el matrimonio fue asesinado por motivos claramente políticos, lo que le da más fuerza a la querella. Si bien entre los implicados hay militares en activo, la fiscalía castrense de Chile congeló el caso con el argumento de la amnistía de que gozaron los militares hasta 1990. El gobierno mexicano, como ha hecho en otros casos similares (David Aguilar Mora y su esposa Eunice, por ejemplo), apostó al olvido y no hizo nada.
Senadores y diputados mexicanos del PRD y del PRI, además de varias organizaciones de derechos humanos, han intervenido enviando cartas al secretario Castañeda para que el gobierno de Fox tome el asunto en sus manos y acompañe, solidariamente, al hijo de la connacional asesinada, en su ya larga búsqueda de justicia y de castigo a los responsables del ajusticiamiento de sus padres. Gustavo Carvajal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ya expresó que las autoridades mexicanas deben prestar apoyo a Ernesto Lejderman y que, más allá de consideraciones legales, se tiene que hacer por cuestiones éticas, morales, de humanidad y "que permanecer ajenos es aceptar que asesinos como Mario Larenas o como el propio Augusto Pinochet continúen libres, sin castigo, impunes". (Crónica, misma fecha) En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), según algunas evidencias recogidas por la CIDEC, parece que los archivos están en desorden y no se encuentran los antecedentes del caso.
La senadora perredista Leticia Burgos, a diferencia de la senadora panista Cecilia Romero, declaró a la prensa que habiéndose enterado del caso de Rosario Avalos, como fracción de su partido se hacía eco de la demanda del joven Lejderman para que no haya impunidad. Declaró, asimismo, que no ha obtenido respuesta de Relaciones Exteriores, lo cual le ha resultado inaceptable. Lamentablemente, al declarar que no sabe si el gobierno mexicano puede hacer algo al respecto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina del Senado (Cecilia Romero) parece ignorar la no prescripción de los crímenes de Pinochet, Cavallo o de los nazis durante la pasada guerra mundial. Los asesinatos de Rosario Avalos y de su esposo, como los de otros miles de personas durante la dictadura de Pinochet, no prescriben con el tiempo. Por lo mismo, en el caso de una víctima mexicana en Chile, el gobierno de México está obligado a actuar solidariamente y en contra de la impunidad, independientemente de que los hechos hayan ocurrido hace 27 años.
Es obligación del presidente Fox, como bien declarara el senador Cárdenas Batel, agotar todas las posibilidades legales para que el asesinato de la ciudadana mexicana sea investigado a fondo. Es nuestro derecho, como ciudadanos, exigir que de la misma manera que nadie debe quedar impune por crímenes cometidos en nuestro país, tampoco haya impunidad en el extranjero, y menos si una de las víctimas es mexicana.
(*) Publicado por La Jornada, Mexico, bajo el tÃtulo "Cara abierta a Fox". http://www.jornada.unam.mx