Diciembre de 2022
Lucha contra las drogas: ¿hacia un cambio de paradigma? Opinión La Jornada
La reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo colombiano, Gustavo Petro Urrego, se coronó con mensajes que dan cuenta del gran momento de la relación bilateral, con el primero afirmando que la palabra “hermandad” resume el vínculo entre ambos pueblos y gobiernos, y su invitado caracterizando el encuentro de “fecundo”.
El comunicado conjunto dado a conocer horas más tarde enumera los 16 acuerdos concretos alcanzados en las cuatro horas de plática. Entre las acciones, que habrán de guiarse por los principios de soberanía, integración, desarrollo y migración, se incluyen aspectos relevantes como el avance en la implementación de un convenio para aliviar las trabas que en los últimos años han padecido los viajeros colombianos al ingresar a nuestro país, la revisión del Tratado de Libre Comercio suscrito en 1992, el reforzamiento del comercio y la cooperación a través de la Alianza del Pacífico (a la que también pertenecen Perú y Chile, con Ecuador como candidato a sumarse), el trabajo común en la mitigación del cambio climático, el impulso de la soberanía alimentaria, o la aceptación de México a ser Estado garante en la Mesa de Diálogos entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), último grupo guerrillero activo en la nación.
Sin embargo, el punto que adquiere mayor relieve es el décimo tercero, en el cual se reconoce “el fracaso de la lucha contra las drogas y la vulnerabilidad de nuestros pueblos ante esta problemática”, y se anuncia la convocatoria a “una Conferencia Internacional de Mandatarios de Latinoamérica con el objetivo de rediseñar y replantear la política de drogas”.
Esta breve declaración de intenciones supone la posibilidad de crear un parteaguas en el tratamiento de una de las problemáticas más acuciantes para la región. Si se materializa la conferencia, y si de ésta se desprenden acuerdos multilaterales positivos, podría constituir la tan anhelada oportunidad para dejar atrás la inservible y contraproducente política punitiva en torno a las drogas impuesta por Estados Unidos al resto del mundo a partir de la década de 1970, la cual ha causado una incuantificable destrucción humana y material. En México, se encuentra probado que el consumo de estupefacientes comienza a una edad cada vez más temprana, el consumo aumenta entre adolescentes y mujeres, y no hay ninguna reducción en la oferta de sustancias ilícitas; todo ello pese a que la criminalización y persecución dejó 375 mil homicidios, 300 mil personas desplazadas de sus hogares y más de 30 mil desaparecidos entre 2006 y 2019.
Cifras como las anteriores no permiten dudas sobre la perentoria necesidad de un cambio de paradigma. Éste es un elemento central tanto en el discurso como en la agenda de Petro, y se halla plasmado en el Plan Nacional por la Paz y la Seguridad del gobierno mexicano. En dicho documento se postula la insostenibilidad de prohibir ciertos estupefacientes, la carencia de justificación moral de que el Estado determine cuáles sustancias pueden consumir los ciudadanos, la discrecionalidad y arbitrariedad con que algunas sustancias se prohíben y otras se permiten, la ineficacia de la prohibición desde la perspectiva de la salud pública y la multiplicación de oportunidades de negocio para el crimen organizado que acarrea dicha prohibición.
La actual constelación de gobiernos de signo progresista en América Latina permite abrigar esperanzas de que la región, finalmente, rompa con la nefasta senda marcada por Washington y emprenda un camino hacia la atención de las prioridades auténticas: respeto a los derechos humanos de las personas usuarias de estupefacientes, reconducción del problema de las adicciones a la esfera de la salud pública, desarticulación de los grupos del crimen organizado a partir de sus estructuras financieras y salida pacífica a la crisis de violencia. México está llamado a jugar un papel de primer orden en este empeño, tanto por ser, junto con Colombia, uno de los países más heridos por la insensata “guerra contra las drogas”, como por la consonancia del rediseño propuesto con las premisas de la Cuarta Transformación.
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