Diciembre de 2022
Guerra judicial en Latinoamérica: ¿el nuevo Plan Cóndor del siglo XXI? Álex Ron
“Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”.
– Cristina Fernández de Kirchner
“No tengo pruebas, pero sí convicción sobre la culpabilidad de Lula da Silva”, fue uno de los argumentos esgrimido por el juez Sergio Moro para condenar al presidente electo de Brasil. Lula permaneció preso 580 días sin que exista ninguna prueba contundente sobre su participación en el caso Lava Jato.
Moro encarna la pobreza argumentativa de los tinglados pseudojurídicos con los que la derecha en Latinoamérica ha operado en el siglo XXI. El ‘acrisolado’ juez Moro, después de encarcelar a Lula y lograr que el Senado destituyera a Dilma Rousseff, fue Ministro de Justicia de Bolsonaro. Durante ese período fue acusado de colusión porque aparecieron chats suyos con fiscales, en los que daba instrucciones de cómo imputar a Lula.
El siglo XXI es un tiempo de guerra jurídica (lawfare), una nueva estrategia de colonización, no desde lo bélico sino desde lo jurídico. Esta guerra jurídica aparece en un momento de cambios políticos en Latinoamérica, porque nuestra región está buscando, desde lo político, a través de la democracia formal y las elecciones, alcanzar un cierto nivel de soberanía económica para mejorar la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes. Gisela Marziotta, diputada argentina, ha dicho acertadamente que el lawfare es el Plan Cóndor de nuestro siglo.
Uno de los pilares de lawfare, a nivel mundial, funciona sobre la base de un derecho internacional selectivo, cuya piedra angular es la “seguridad nacional”, de Estados Unidos, obviamente. En nombre de la “seguridad nacional”, EE.UU. invadió Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen…
En nombre de la seguridad nacional, fue apresado Julian Assange por develar los “wikileaks”. Assange transparentó las atrocidades más abominables de las invasiones norteamericanas y fue considerado el mayor enemigo de Estados Unidos.
Así mismo, el lawfare también ha servido para defender intereses de grandes corporaciones a través de los tratados bilaterrales de inversión (TBI). En nombre de la seguridad jurídica de los inversores, la transnacional petrolera Chevron destruyó miles de hectáreas en la Amazonía y fue defendida en los tribunales cuando se la acusó por destruir la selva. Siempre los derechos de los inversores por encima de los derechos de los ciudadanos. Siempre los derechos de los grupos financieros y mediáticos por encima de los derechos políticos del pueblo. La política es devastada por un despliegue de artilugios legales que sustituyen a la soberanía democrática.
En el siglo XXI, el lawfare, busca un mayor control geopolítico de Latinoamérica. No más golpes de Estado bombardeando palacios de gobierno, desde ahora todo se maneja desde una metafísica judicial etérea para realizar una cruzada contra la corrupción. Interesante narrativa, pero demasiado contradictoria, mientras Mauricio Macri atacaba a Cristina Fernández de Kirchner con el fiscal Luciani a la cabeza, aparecía Pandora Papers donde se develó que el impresentable expresidente argentino cuenta con 50 sociedades offshore. Obviamente, en esta cruzada contra este leviatán de la corrupción, no entraban en la lista de casos punibles, las sociedades offshore, una nueva forma de evasión de impuestos. Lo sucedido en Argentina sucedió en Ecuador con Guillermo Lasso quien apareció en Pandora Papers y no fue investigado por la justicia ecuatoriana.
Todo juicio requiere un principio motivacional que lo respalde, si ese principio no está presente en el proceso judicial, se rompe con el sentido de probidad e imparcialidad del sistema jurídico de cualquier país. Al entrar en un terreno extrajudicial simplemente caemos en un tipo de justicia politizada, secuestrada por intereses económicos, que obstaculizan a la democracia participativa.
El lawfare está funcionando, además de su ausencia del pricipio motivavional, de la contradicción argumentativa permanente y de la deleznabilidad de la prueba, es una aberrante creación de nuevas normas jurídicas. Según Fernando Oliván, “estamos hablando de normas que escapan a los cla?sicos sistemas de fuentes, lo que las convierte en normas con escasa o nula legitimidad democra?tica, mismas que surgen de los llamados comite?s de expertos, organismos deliberantes o consultivos, no pocas veces de cara?cter privado, carentes, en todo caso, de vi?nculo con la representacio?n popular y producidas, por lo tanto, fuera de los cauces propios constitutivos de los instrumentos normativos”.
Las sentencias condenatorias contra Lula, Correa y Kirchner coinciden en la existencia de un sistema delincuencial donde el cabecilla de la banda es un ser con poderes supra naturales que “irradia” órdenes o influye psíquicamente en sus subordinados para que cometan delitos sin que este ser omnipotente aparezca en ningún documento jurídico.
Las pruebas esgrimidas por las corporaciones financieras y mediáticas son frágiles, pero al ser parte de un juego mediático basado en la repetición infinita de una narrativa apocalíptica sobre la inmoralidad de los líderes populares, adquieren cierta credibilidad. En el caso Kirchner, no encontraron ningún documento donde aparezca la actual vicepresidenta de Argentina dando instrucciones a Lázaro Báez.
Cristina Fernández Kirchner, después de ser sentenciada a seis años de prisión, habló de un Estado paralelo y de una mafia judicial que juzga a dirigentes políticos que gozan de amplio respaldo popular. Es categórica cuando dice: “Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan”.
“La condena no son los seis años en la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos ganamos con el apellido Kirchner. Esto es lo que me están cobrando. Por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa, que la cuenten como quieran”, sentenció. La parcialidad procesal quedó evidenciada cuando aparecieron fotografías de los jueces que juzgaron a Kirchner, abrazados con el fiscal Luciani, en una quinta de Macri.
Si la justicia está direccionada a destruir cualquier proyecto político, que fortalezca a la soberanía popular y a la democracia, simplemente deja de ser justicia porque se transforma en un “armagedón”. El asesinato de lo política a manos de una justicia decadente, genocidio total.
@triangulaciones
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