Septiembre de 2021
PERIODISTAS CONTRA SERVICIOSSergio Ferrari
El escándalo Pegasus alcanza dimensiones incalculables y sobrepasa los 50.000 teléfonos pinchados
Las noticias del tercer domingo de julio sacudieron el ámbito internacional y se multiplicaron como reguero de pólvora. Forbidden Stories, iniciativa colectiva de investigación periodística con sede en Francia, denunció la interferencia de 50.000 teléfonos. Entre las víctimas, al menos por el momento 600 personalidades políticas (incluido el Presidente Emmanuel Macron), 85 activistas de derechos humanos y 180 periodistas.
En la investigación participaron 80 periodistas de 17 medios informativos, entre los cuales se cuenntan The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Washington Post, Proceso y Aristegui Noticias de México, Radio France y Le Soir.
Responsables poderosos
La empresa israelí de seguridad informática NSO Group, fundada en 2010, con relaciones muy estrechas con medios gubernamentales, aparece en la base de este escándalo. En 2015 la compró la sociedad norteamericana Francisco Partners por 145 millones de dólares. Dos de los socios fundadores la recuperaron en 2019 pagando 1.000 millones de dólares. En solo cuatro años, su valor había aumentado siete veces, indicativo de la importancia de sus negociados.
El frente de la empresa israeli NSO Group. Foto Proceso.
En la actualidad, el 70% del capital mayoritario de la firma con sede en Herzliya, Israel, le sigue perteneciendo a Francisco Partners, con sede en San Francisco, California, y con centros en Nueva York y Londres. Esta megafirma cuenta con 24.000 millones de dólares de capital y se autodefine como “una de las mayores y más activas empresas de capital privado del mundo, centradas en la tecnología”.
La NSO Group, en su propio sitio web se presenta como “ciber inteligencia para la seguridad y estabilidad global”. Ante el escándalo del cual se la responsabiliza, responde que “el informe de Forbidden Stories está lleno de suposiciones erróneas y teorías no corroboradas que plantean serias dudas sobre la fiabilidad y los intereses de las fuentes”.
El programa espía promovido y vendido por la NSO Group puede instalarse de forma remota en cualquier teléfono inteligente sin requerir ninguna acción por parte del propietario. Una vez instalado, le permite al intruso tomar el control total del teléfono. E inspeccionar mensajes, videos, fotos, audios y contactos de la víctima. La NSO argumenta que «sólo recoge datos de los dispositivos móviles de personas sospechosas de estar implicadas en actividades delictivas y terroristas graves» y que su tecnología se ofrece solo a Estados.
Desenmascarados
Sin embargo, una filtración de datos inédita de 50.000 números de teléfono seleccionados desde 2016 hasta 2021, a la que han tenido acceso Forbidden Stories y Amnistía Internacional, muestra un doble discurso entre la realidad del uso cotidiano del software y las declamaciones públicas de la compañía.
Se identificaron números de periodistas de 21 países vigilados durante ese periodo. El consorcio investigativo, con el apoyo técnico del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, confirmó algunas de las interferencias mediante la realización de escaneos telefónicos, a través de los cuales fue posible contactar a los periodistas de forma segura. La mayoría de los profesionales “vigilados” se ocupan de temáticas muy delicadas de interés público y, en muchos casos, han confrontado críticamente a las autoridades de sus países denunciándolas por actos de corrupción, violaciones de derechos humanos, etc.
Forbidden Stories publicó una primera lista no exhaustiva de 44 periodistas controlados por Pegasus, entre los que aparecen 11 mexicanos, así como comunicadores de España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, India, Marruecos, Togo, Azerbaiyán y Ruanda. Y acaba de anunciar que continuará presentando, en los próximos días, otros elementos probatorios resultantes de su investigación.
De América Latina, México es el país más afectado. Del total de 50.000 teléfonos controlados, 15.000 números son mexicanos. Pertenecen, entre otros, a personas defensoras de derechos humanos, a varios familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a unos 25 periodistas.
Un caso emblemático de esa lista preliminar es el del periodista mexicano Cecilio Pineda. Su número fue solicitado por un “cliente” mexicano de la NSO, apenas unas semanas antes de su homicidio ocurrido el 2 marzo del 2017, en el Estado de Guerrero. El celular del comunicador asesinado no pudo ser verificado por Forbidden Stories ya que nunca apareció.
Pineda colaboraba con los periódicos La Jornada y Universal desde 2012 y en su sitio Facebook publicaba videos e informaciones comprometedoras al poder seguidos por 50.000 suscriptores. Muchas de ellas denunciaban la relación de personalidades locales y estaduales con el narcotráfico y actividades delictivas. NSO Group negó que los datos extraídos del teléfono de Pineda contribuyeran a su muerte, aun teniendo en cuenta que su teléfono hubiera sido objeto de ataques.
Según Danna Ingleton, directora adjunta de Amnistía Tech, los análisis forenses han descubierto pruebas irrefutables de que el software espía de NSO ha conseguido infectar teléfonos de los modelos iPhone 11 e iPhone 12 mediante ataques sin clic a través de iMessage, “destrozando las características de seguridad y privacidad de Apple”. Es posible que haya miles de teléfonos en peligro, advertía recientemente la experta.
Y enfatizaba que NSO Group no puede seguir escudándose en el argumento de que su programa espía se utiliza solamente para combatir la delincuencia. “Hay pruebas abrumadoras de que el software espía de NSO se emplea sistemáticamente para reprimir y cometer otras violaciones de derechos humanos. NSO Group debe dejar inmediatamente de vender su material a gobiernos que tienen un historial de abusos contra los derechos humanos”, enfatiza esta especialista de Amnistía Internacional.
Estas conclusiones, agrega, muestran que la industria de la vigilancia está fuera de control. “Los Estados deben suspender en todo el mundo, con carácter inmediato, la exportación, venta y uso de tecnología de vigilancia hasta que se establezca un marco regulador que respete los derechos humanos”.
Firme denuncia
Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con sede en Bruselas, la lista de los/as 180 periodistas espiados/as incluye a reporteros/as de medios internacionales de comunicación, así como a periodistas autónomos que han sido blanco de regímenes que quieren saber cuáles son sus fuentes de información, buscan socavar su trabajo y, en algunos casos, intentan detener e impedir la publicación de sus reportajes.
La FIP, que reúne a más de 600.000 profesionales de medios de comunicación en 187 sindicatos, federaciones y asociaciones de más de 140 países, pone el énfasis en que el escándalo que acaba de explotar muestra la profunda vulnerabilidad de la libertad de prensa. Y sirve de ejemplo para mostrar cómo se está violando gravemente el derecho del público a estar informado.
En declaraciones a El Cohete a la luna, Anthony Bellanger, secretario general de la FIP, reivindicó “el trabajo increíble de más de 80 periodistas de todo el mundo que han podido arrojar luz sobre los intentos irregulares de interferir en las comunicaciones privadas de los/as profesionales de medios”.
El deber de proteger las fuentes es la base del periodismo del que dependen las sociedades libres. Que esta filtración sea posible pone de manifiesto los peligros inherentes a un programa tan potente como peligroso, evaluó. “Sin una regulación sólida, es inevitable que déspotas y censores accedan a nuestra información más íntima», sostiene el responsable de la FIP.
Bellanger informó que su federación está trabajando a nivel global sobre esta temática a través del Grupo de Expertos en Vigilancia, coordinado por Tim Dawson, ex presidente de la Unión Nacional de Periodistas (NUJ) del Reino Unido y enviado especial, en representación de la FIP, al juicio que en Londres se llevó a cabo contra el periodista Julian Assange en 2020 y 2021.
«El software Pegasus se está utilizando como un algoritmo para socavar la democracia”, enfatiza Tim Dawson, para quien los contactos confidenciales son la base fundamental del mejor periodismo, el que denuncia el despilfarro, la incompetencia y la corrupción. La privacidad de las comunicaciones de los/as periodistas, ya sea por correo electrónico, mensajería móvil o teléfono, “debe ser sagrada”.
Como primera reacción ante el escándalo que acaba de estallar, la FIP llama a los/as periodistas a redoblar esfuerzos para salvaguardar sus propios datos. Una de las medidas que propone es el uso de varios teléfonos, incluidos los burner, que son menos susceptibles de ser hackeados por Pegasus. Los gobiernos deben garantizar en la legislación nacional la inviolabilidad de las comunicaciones de los/as periodistas, tanto como principio general como en el marco de leyes y reglamentos específicos y aquellos relativos a la vigilancia nacional. La comunidad internacional, por su parte, debe construir un régimen regulador que permita la inspección y regulación de todas y cada una de las empresas que suministran productos (como es el caso de la NSO) que tienen la capacidad de socavar estas libertades esenciales para la democracia.
Esto recién empieza
Al mismo tiempo que Forbidden Stories confirma su decisión de continuar develando informaciones sobre el programa espía utilizado ilegalmente, las voces se multiplican en el amplio conglomerado de afectados sobre futuras causas jurídicas contra la NSO, cuya reputación comenzó a caer aceleradamente en bolsas y mercados.
La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), en representación de varios de los afectados, inició el martes 20 en Francia una causa contra la empresa israelí. En declaraciones a la prensa, Christophe Deloire, secretario general de RSF, denunció como inaceptable el espionaje con el software Pegasus y anticipó la voluntad de su organización de hacer todo lo que esté en sus manos para que la empresa sea condenada.
Entre los afectados directos, la ONG subraya el caso de dos periodistas independientes marroquíes: Taoufik Bouachrine y Omar Radi. Ambos detenidos, con procesos legales arbitrarios –incluso denunciados por organismos internacionales– y condenados recientemente a penas de 15 y 6 años de prisión respectivamente.
También anticipó que iniciará un proceso jurídico el periodista español Ignacio Cembrero –especialista en Medio Oriente y del Magreb, colaborador durante 30 años del cotidiano El País– así como la periodista azerí Khadija Ismaïlova.
Por otra parte, personalidades individuales del mundo de los derechos humanos, como el abogado francés Joseph Breham, anunciaron su intención de presentar ante la Justicia el control ilegal del cual fueron objeto.
El escándalo Pegasus se proyecta ya como tapa de noticias y carátula de prontuarios durante los próximos meses. La maquinaria tecnológica-empresarial israelí —que sostiene la ya conocida tarea de punta de los servicios de inteligencia nacionales e internacionales en todo el mundo— ocupa hoy el banquillo de los acusados. Y aunque trata de defenderse, acusando a los periodistas investigativos de Forbidden Stories, deberá aportar suculentas pruebas para zafar de las no menos consistentes acusaciones. Este tipo de espionaje, sin duda, constituye un crimen alevoso. Sus corolarios directos: víctimas fatales y graves violaciones de los derechos humanos esenciales. La pulseada, nuevamente, se da hoy, entre periodistas y servicios de espionaje, es decir, entre la verdad y la fuerza.
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