Junio de 2021
La mayoría de los países latinoamericanos no ratifican el acuerdo de Escazú, que protege a las defensoras ambientalesAlia2
El acuerdo solo ha sido ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región. Algunos de los que más agresiones registran contra persona que lideran luchas ambientales, como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras o Venezuela, no lo han firmado.
En el Día de la Tierra
Con motivo del Día de la Tierra, que se celebra este 22 de Abril, Alianza por la Solidaridad-ActionAid denuncia la falta de compromiso de los países de América Latina y el Caribe con el acuerdo internacional Escazú, auspiciado por la ONU, con el objetivo de garantizar un entorno seguro a personas y grupos defensores de derechos humanos y ambientales. El acuerdo, en principio adoptado en 2018, solo ha sido ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región. De hecho, faltan algunos de los que más agresiones y persecuciones registran contra personas que lideran luchas ambientales, como Brasil, Guatemala Colombia, Honduras o Venezuela.
Aunque este jueves, 22 de abril, entrará en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a día de hoy, el acuerdo solo ha sido firmado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina.
Alianza por la Solidaridad-ActionAid recuerda que en 2020 fueron asesinadas 331 personas defensoras de derechos en el mundo. El 69% estaban implicadas en la defensa de la tierra y los recursos naturales, de ellas 44 fueron mujeres, según el informe de FrontLine Defenders. La organización destaca que, en el listado de países firmantes del Acuerdo, faltan casi todos los países más peligrosos para las defensoras –solo en Colombia, en 2020, fueron asesinados 177- y denuncia las presiones que están teniendo lugar en los países con más conflictos ambientales para que no se ratifique este acuerdo, aludiendo a una supuesta pérdida de soberanía nacional o perjuicios para el desarrollo económico.
La ONG, que trabaja en América Latina y Caribe desde hace más de 35 años, ha lanzado la campaña #GuardianasDelAguaylaTierra para visibilizar el trabajo de las mujeres defensoras y denunciar su persecución. Desde que se comenzó a negociar el Acuerdo han sido asesinadas más de 2.500 personas en todo el mundo, la mayoría en una región, cada vez más codiciada por empresas extranjeras y, a la vez, muy afectada por los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
“La mercatilización de los recursos naturales cuesta vidas de muchas personas, las asesinadas y las que son encarceladas durante años, como el guatemalteco Bernardo Caal Xol, a las que hay que recordar en días como éste. Son quienes están en primera línea defendiendo derechos que se vulneran con la connivencia de sus gobiernos, algo que vemos que va en aumento y hace muy necesario este tipo de regulaciones”, ha señalado Almudena Moreno, responsable de Desarrollo Sostenible de la organización.
Asimismo, una reciente investigación en la revista Nature ha concluido que, sólo a causa del cambio climático, la producción agrícola en América Latina y Caribe ha disminuido casi un 26%. Esto implica que, a menor producción, hay más dificultades para las comunidades campesinas, que deben, además, afrontar el expolio de sus territorios a manos de compañías extranjeras.
Por ello, Alianza por la Solidaridad reclama a todos los países de la región –y especialmente a Colombia, Guatemala, Honduras o Brasil- que ratifiquen el Acuerdo de Escazú. Asimismo, pide a la Unión Europea y al Gobierno de España que se involucren en la puesta en marcha de instrumentos como éste, exigiendo su cumplimiento en los acuerdos comerciales firmados con países no comunitarios; así como favoreciendo las inversiones privadas en países que lo hayan ratificado. En este sentido, también se insta al Gobierno de España a poner en marcha una ley que regule la debida diligencia de las empresas respecto a los derechos humanos y ambientales, dentro y fuera de nuestras fronteras.
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