Mayo de 2021
Los desposeídos: crónica de la violencia del capitalJorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell
Durante el siglo XIX se conjugaron a la perfección un conglomerado de desarrollos teóricos, proyectos e ideas ideas cuyo hilo conductor temático daba cuenta de una particular afinidad: el laissez faire de los fisiócratas franceses; las elucubraciones de Adam Smith sobre el libre juego de las apetencias egoístas y su posterior armonización como corolario de una “mano invisible”; la centralidad que otorgaba John Locke –propietario de esclavos al igual que muchos de sus colegas liberales–, al derecho “natural” a la propiedad privada; el triunfo científico y civilizatorio de la Europa blanca basado en la concepción lineal y ascendente de la historia (que culminó en la justificación de la conquista y colonización de los “salvajes”); el positivismo de Augusto Comte como consecuencia final de dicho “progreso”; las interesadas lecturas “sociales” de las tesis naturalistas darwinianas enfatizando los conceptos de “lucha por la vida”, “selección natural” y “supervivencia del más apto”; la reivindicación, insinuada por Herbert Spencer, de una relación “humana” fundada en la fuerza, la carroña y la aniquilación de los débiles. En fin…la defensa incondicional de una organización social inspirada en las leyes de la biología y basada en el “justo” dominio “natural” de los más fuertes (los elegidos, los mejores, los emprendedores, los propietarios, los hombres de negocios) sobre los más débiles (los inadaptados, los perezosos, los incultos, los desheredados, los marginales). Una verdadera alquimia entre el liberalismo económico, el darwinismo social y el positivismo científico que instauraba un orden (capitalista) y una normatividad (moral) sustentados en la violencia, la riqueza y la voluntad de dominio. Tal como afirmaba el filósofo y médico holandés Bernard de Mandeville en su célebre Fábula de las abejas, el origen del capitalismo y la propiedad privada habría que buscarlo en el vicio (deseo individual de poder y riqueza) y no en la virtud (el bien común). La crisis mundial de ls década de 1930 constituye, de algún modo, un estallido inevitable propiciado por el “libre juego” de la voracidad ilimitada y de los egoísmos desenfrenados, un recargado “dejar hacer/pasar” cuyo correlato deseado es la extrema debilidad de una institucionalidad estatal-política para evitar y o morigerar los daños infligidos por la depredación mercadocéntrica.
Tanto la Inglaterra de la gran revolución industrial como sus posteriores competidoras (muy especialmente, EE.UU y Alemania) lograron transformarse en grandes potencias mundiales, desarrollar sus industrias y tecnologías, y competir de un modo ventajoso gracias a las políticas que protegían celosamente dicha actividad. Del mismo modo, la recuperación económica ocurrida tras la crisis del ’30, solo fue posible por la confluencia de varios factores: las políticas expansivas del gasto público, la implementación de controles y regulaciones estatales y la utilización de las más diversas herramientas intervencionistas orientadas a proteger a los sectores productivos y redistribuir la riqueza. No obstante, resultaría antojadizo asegurar que dicho “bienestar” fue el resultado de una teoría económica basada en el crecimiento con igualdad, que tuviera por finalidad instaurar la equidad distributiva o bien, la justicia social. Este modelo keynesiano fue un instrumento destinado a reformular un capitalismo liberal en franca bancarrota y a contrarrestar, al mismo tiempo, la “amenaza comunista”. Por entonces, la dinámica misma del capital exigía la expansión de los mercados internos y, por consiguiente, el pago de salarios elevados (Henry Ford lo había previsto tempranamente). Por otra parte, en su versión europea, el Welfare State también se propuso garantizar condiciones dignas de salud, educación y vivienda en tanto “ingresos indirectos” que sólo podían sostenerse mediante políticas tributarias agresivas y progresivas. He aquí los denominados “treinta años dorados del capitalismo», un tiempo signado por la decisiva intervención estatal, la industrialización acelerada, el pleno empleo, la expansión del gasto público, el incentivo del consumo interno y el fortalecimiento del poder sindical. Poco importa si ello se debió a la astucia de Roosevelt, a la agudeza teórica de Keynes, a la reactivación impulsada por el Plan Marshall (una inyección de 12 mil millones de dólares que permitió a la Europa occidental recuperarse de la devastación ocasionada por ambas guerras) o a la conjunción de todos estos factores.
Pero al mismo tiempo que el sistema insinuaba un rostro benefactor, despuntaba un grupo de intelectuales y empresarios liberales críticos de la metafísica naturalista, es decir, de la ingenua confianza del liberalismo clásico en la armonización natural de los egoísmos. Comenzaron a reunirse en reducidos coloquios, en pequeños círculos, en sociedades secretas, en la Facultad de Economía de Londres o en la Universidad de Chicago -cuyos Chicago boys, liderados por Milton Friedman, celebraron el golpe de Estado contra Allende y se convirtieron en la principal fuente de inspiración de José Martínez de Hoz, durante la dictadura de Videla-. Uno de los más destacados profesores de la facultad londinense fue el economista Friedrich Von Hayek, representante de la escuela austríaca y discípulo de Ludwig Von Mises. Heredó de su maestro un profundo rechazo por el socialismo y por toda experiencia colectivista a la que juzgaba como un atentado contra la libertad humana. En su obra más influyente, Camino de servidumbre (1944), extrema las tesis de Mises para afirmar no sólo que cualquier intento de planificación económica y reparto equitativo de la riqueza conducen al totalitarismo, sino además, que todo ideal de justicia distributiva acaba por destruir el imperio de la ley al forzar a personas diferentes para lograr iguales resultados. Por consiguiente, no debiera sorprendernos cuando un liberal como Hayek afirma que “la dictadura puede ser necesaria” para la instauración de las políticas neoliberales, o que “con Pinochet, la libertad es mayor que con Allende”, o que “siempre es preferible una dictadura liberal a una democracia sin liberalismo”. Ni muchísimo menos extrañarnos que su maestro Von Mises haya asegurado que el fascismo y las dictaduras salvaron a la civilización europea (eufemismo de propiedad privada). Para estos economistas ultraliberales, es el desmantelamiento de las libertades políticas el que permite la proliferación de las libertades individuales. En nombre de estas últimas, bien valdrían entonces, los genocidios, la represión, el terror y la desaparición de personas. He aquí lo que un pensador como Maurizio Lazzarato denomina “la genealogía oscura, sucia y violenta del neoliberalismo, donde los torturadores militares se codean con los delincuentes de la teoría económica”. Descartado el funcionamiento “natural” del mercado (ese engendro del liberalismo clásico), los neoliberales entendieron que era necesaria una intervención disciplinadora capaz de generar subjetividades devastadas ya por el terror de Estado, ya por las crisis inflacionarias, ya por la producción a gran escala de odios y temores. La América morena se constituyó, en la década de 1970, en el escenario propicio para el desembarco de un neoliberalismo que, tanto por entonces como en la actualidad, debía recurrir a las prácticas fascistas como condición para consolidar su triunfo.
La contracara inevitable de la recuperación económica sostenida en la “demanda agregada”, en el marco de las grandes plantas productivas de la industria fordista-taylorista, fue un elevado índice de sindicalización y, por consiguiente, el incremento de la conflictividad laboral. Esta verdadera lucha de clases ocurría en el contexto de la competencia comercial entre EE.UU, Alemania y Japón. Al cabo de varias décadas de un elevado crecimiento “inclusivo”, la reducción de la tasa de ganancia de la economía norteamericana, el retorno del déficit comercial y los efectos del shock petrolero, ocasionado por las restricciones de la OPEP y el consiguiente incremento del precio del barril de crudo, se combinaron para precipitar el desmoronamiento del Estado de Bienestar. Los paladines de la ortodoxia monetarista habían aguardado por muchas décadas una gran crisis que habilitara su oportunidad. Solo en el marco de un desconcierto generalizado, de un estado de anomia colectiva o bien de una dictadura, era posible que las mayorías aceptaran pasivamente sus consabidas recetas: apertura comercial, flexibilización y precarización laboral, ajuste fiscal, privatización de lo público, rebaja de salarios, jubilaciones y asignaciones, etc. Claro que este cóctel destructivo debía disimularse en los entresijos de un entramado discursivo obstinado en promover los comportamientos individualistas, los eslóganes meritocráticos, las retóricas de la culpa y el sacrificio, las técnicas de la autoayuda y el culto de las conductas egoístas. Lejos de retirarse de la escena pública, el Estado debía ocuparse de articular un sistema jurídico y normativo capaz de alentar y proteger las inversiones, flexibilizar el trabajo hasta crear un clima favorable para los negocios empresariales y fortalecer la maquinaria policial para reprimir las posibles protestas sociales. La crisis capitalista de la década de 1970, la caída de los socialismos reales, la doctrina estadounidense de la Seguridad Nacional (que inspiró a las dictaduras latinoamericanas) y las recomendaciones del Consenso de Washington, sentaron las bases para la tan esperada irrupción de estos lugartenientes del capital concentrado a nivel planetario. El saldo inevitable de las primeras dos oleadas neoliberales no se hizo esperar: concentración de la riqueza, incremento de la desocupación, la pobreza y la desigualdad, alivio de cargas fiscales para las castas patronales, libertad de acción para los capitales financieros, fuga de divisas y evasión impositiva, privatización de las empresas y de los recursos públicos, endeudamiento externo, desfinanciamiento del Estado, reducción de las asignaciones sociales, recortes en los presupuestos de salud, educación y vivienda, condena a la marginalidad de las mayorías populares. Lo anterior se sostenía merced a un débil cimiento retórico, como la tristemente célebre teoría del chorreo (efecto derrame): las regulaciones salariales a los trabajadores son innecesarias para garantizar su bienestar y que resultan obstaculizantes para la productividad, alegando que un mercado con regulaciones mínimas o inexistentes al sector laboral incentivarán la inversión, que generará más riqueza y en consecuencia, los salarios aumentarán naturalmente.
Esta teoría es criticada porque la existencia de las fallas de mercado hace que sea imposible que este se autorregule de una forma perfecta para que el efecto derrame funcione. Además de que los excedentes bien pueden ser depositados en paraísos fiscales, de modo que los estratos más pobres de la sociedad nunca podrían contemplar dicho derrame. Además, un informe sobre política económica, de 2015, de la economista Pavlina Tcherneva describió los fracasos de las ganancias económicas crecientes de los ricos sin una participación proporcional de las clases media y pobre, refiriéndose a los problemas de las políticas de «economía de goteo al estilo de Reagan» y al «régimen de derrame impulsado por el sector financiero».
Las relaciones entre capitalismo y democracia nunca han sido armoniosas porque aquello que resulta inherente al primero (la desigualdad) es justamente lo que la democracia se propone demoler con su obsesión por la igualdad. He aquí una aporía que ha signado el curso de ambos desde hace varias centurias. De todos modos, como sugiere el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, si los fascismos suponen el momento extremo de dicha contradicción, los Estados de Bienestar europeos representan el grado máximo de consenso y complementación entre ambas instancias. Por su parte, el neoliberalismo del siglo XXI, a pesar de contar con el aporte inestimable de las tecnologías digitales, los algoritmos y los dispositivos productores de subjetividad, no puede evitar recurrir a prácticas neofascistas como requisito ineludible para consolidar su dominio: la explícita promoción de violencias destructivas contra grupos construidos como peligrosos y asociados al mal.
En América, se desató una nueva guerra de última generación sobre los pueblos rebeldes de la región. Una avanzada cuya dirección fue confiada a un triple comando: el capital financiero, las corporaciones mediáticas y las mafias judiciales. Reaparecieron, así, prácticas autoritarias, arengas estigmatizantes, odios inflamados, voluntades de aniquilamiento y chivos expiatorios. No pocos intelectuales han coincidido en caracterizar esta oleada como: neofascismo neoliberal debido a su muy particular combinación entre: a) las principales herramientas de la ortodoxia económica, b) los dispositivos tecno-digitales que colonizan las subjetividades, promueven comportamientos basados en el mérito individual y cultivan el emprendedorismo auto-responsable, y c) los sistemáticos rituales comunicacionales obstinados en actualizar temores y pulsiones de muerte que laten en los sujetos culpables y endeudados. De este modo, la legitimidad democrática regresaba a su grado cero ya que el neoliberalismo venía a culminar su obra de demolición, arrasando con lo poco que aún quedaba en pie luego del vendaval noventista: los lazos sociales, los vínculos solidarios, las construcciones colectivas, los movimientos populares, las organizaciones sindicales, las diversas modalidades de la resistencia, el empleo registrado, los derechos sociales, la capacidad crítica, los proyectos de país, la amistad, etc.
La furia desatada de un capitalismo ilimitado (anarcocapitalismo) que ha venido barriendo con todos los obstáculos que dificultaban su expansión, contribuyó a extremar el darwinismo social del siglo XIX hasta reducir los intercambios societarios a un mecanismo mercantil de “selección natural”: los fuertes-triunfadores reciben todas las prebendas, mientras que a los débiles-perdedores (que muy pronto ascenderán al 99% de la población mundial) les cabe el castigo por su ineficacia y pereza. Las instituciones republicanas y las prácticas democráticas son arrojadas a los márgenes del modelo depredador consagrando su absoluta impotencia a la hora de controlar/regular las arbitrariedades, los excesos y los abusos del capital. En tanto, el poder judicial se convierte en el principal aliado de las corporaciones económico-financieras y mediáticas. A diferencia de los fascismos del siglo XX, el neofascismo neoliberal del siglo XXI se halla emparentado con el mercado, la iniciativa privada y el individualismo extremo; pero en perfecta sintonía con aquellos, se vale del Estado en un doble sentido: ya sea para organizar instancias flexibilizadoras y aperturistas, además de garantizar la seguridad jurídica del gran capital; ya sea para reprimir y perseguir a los grupos, movimientos y sectores sociales considerados peligrosos para sus planes.
Conclusión
Se suele repetir que mientras los ricos acumulan gracias a su esfuerzo o mérito personal y que los más vulnerables “viven del Estado”. Sin embargo, por las razones ya expuestas podemos manifestar que en la realidad (es decir, en función de un cotejo empírico entre dicha afirmación y cualesquiera de los índices y/o las políticas económicas instrumentadas desde mediados de la década de 1970) ocurre una situación diametralmente opuesta a dicha ficción. Mientras que los “ganadores” suelen resultar beneficiados por la disminución de sus cargas e imposiciones, las mayorías que nunca lograrán acceder a dicho status (más allá de las absurdas ilusiones de cierta clase media) son los que pagan la fiesta de las elites. Al menos desde los tiempos de las dictaduras (y salvo honrosas aunque breves “interrupciones populares”), los sectores de mayores ingresos han sido premiados mediante una diversidad de maniobras legales e ilegales: reducción de aportes patronales, retenciones y cargas por bienes personales; flexibilización y precarización laboral; capacidad monopólica u oligopólica para fijar precios; dolarización tarifaria; devaluación; privatizaciones; contratación de mano de obra esclava o semiesclava (muy especialmente en el campo, la construcción y la industria textil); percepción de subsidios e incentivos estatales; fuga de divisas, evasión, triangulación de operaciones comerciales y utilización de “empresas-fantasma” para eludir contribuciones; inversión de sus ganancias en la timba financiera; desvíos de divisas hacia guaridas fiscales; estafas reiteradas a la banca pública; y un largo etcétera. Su único y exclusivo mérito: la exigencia a los sucesivos gobiernos de que gestionen en su estricto favor. Son, por consiguiente, el resto de los mortales (los “perdedores”) quienes soportan todo el peso de la injusticia distributiva generada por la escasez de divisas, el ajuste fiscal, la inflación, los tarifazos, la desprotección laboral, el desfinanciamiento del Estado (en virtud de la reducción de las cargas impositivas para los patrones), el quiebre de la banca pública, etc. Pero además, los menos favorecidos de este segundo grupo (cada vez más numeroso) son los que realizan el mayor esfuerzo para pagar el festín de los ricos con la desocupación, la pobreza estructural, la exclusión, la marginalidad, el hacinamiento, la persecución y la prisión. Muy lejos de abusar de la ayuda del Estado, en las últimas décadas estos sectores ninguneados han sido despojados de todo con la complicidad o bien con el auspicio de los gobiernos que asumieron como inevitables las recetas del Consenso de Washington.
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