Los malos gobiernos que administran estados policiales están lanzando una fenomenal ofensiva militar contra los pueblos en toda América Latina. En las favelas de Brasil, en las periferias urbanas de Argentina, en las áreas rurales de Colombia, en territorios en resistencia mapuche y en la Chiapas zapatista.

Allí donde la dignidad de los abajos sigue intacta, donde la fuerza colectiva de los pueblos resiste y construye otros mundos, es donde los de arriba están aprovechando las cuarentenas que se autoimponen aquellos para contener la pandemia, para intentar destruir las resistencias a los megaproyectos extractivos.

El 22 de agosto, paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) saquearon e incendiaron casas y almacenes del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, en el sitio crucero de Cuxuljá, en la comunidad rebelde de Moisés Ghandi, municipio de Ocosingo, Chiapas (https://bit.ly/3lj4qB5).

Como señala el comunicado del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, los paramilitares operan junto al partido Morena y al gobierno regional, como parte de la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas.

En Colombia, la ofensiva paramilitar asesinó a 33 personas en apenas 11 días, en cuatro masacres a manos de grupos financiados por el narcotráfico (https://bit.ly/3aWQaJw). Este año se produjeron 33 matanzas. Uno de los departamentos más afectados es el Cauca, donde los pueblos agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca ofrecen tenaz resistencia al modelo de muerte.

En el Cauca, el Proceso de Liberación de la Madre Tierra recuperó 16 fincas en casi cinco años, donde siembran vida y cuidan 26 mil 200 ojos de agua y 123 lagunas naturales (https://bit.ly/3jfhAgB). En la cuarta parte del Cauca se busca petróleo y en 40 por ciento de la superficie se explora en busca de metales. Además se pretenden construir dos grandes carreteras y un puerto de aguas profundas en el Pacífico.

En Argentina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional registró, del 20 de marzo al 6 de agosto, 92 muertes a manos de integrantes de la fuerzas estatales, cuando “no existía situación real de peligro para el ‘matador’ o terceros”. De ese total, 34 fueron fusilamientos de gatillo fácil, 45 muertes bajo custodia en cárceles o comisarías, cuatro fueron feminicidios y tres desapariciones forzadas (https://bit.ly/2QmFmLi).

Además denuncian, en el mismo periodo, alrededor de 100 casos de uso abusivo de la fuerza policial, con golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas. Todo esto sucede bajo un gobierno que se autodenomina progresista.

En Brasil, las muertes policiales durante la pandemia crecieron 26 por ciento, a pesar de la reducción de gente en las calles, según una encuesta realizada por el diario O Globo (https://glo.bo/3gvBZvP). Menos personas en las calles, significa menor control social de la actividad policial, lo cual redunda en mayor impunidad, ya que se constata una policía sin control.

Un informe de la Universidad Federal Fluminense señala que “el número de muertes en las favelas de Río de Janeiro cayó 72.5 por ciento en el mes en que fueron suspendidas las operaciones policiales en esas comunidades” (https://bit.ly/31onaH8). El patrullaje militar en favelas fue suspendido en mayo por el Tribunal Supremo Federal, luego de una masacre de 12 personas en el Complexo do Alemão (https://bit.ly/3hnTYpo).

En los territorios mapuche, de Chile, se ha incrementado la represión, con la activación por parte del Estado de grupos paramilitares integrados por agricultores, quienes ocupan tierras usurpadas a las comunidades (https://bit.ly/31njy8w).

Tres consideraciones finales:

La primera es que violencia contra los abajos se incrementó en toda la región, con gobiernos de derecha, como en Colombia, Chile y Brasil, y con gobiernos progresistas, como en Argentina y México. Es, por tanto, una violencia estructural y sistémica.

Las segunda es que las clases dominantes están aprovechando la pandemia para quebrar las resistencias al despojo que representan los pueblos en movimiento. Para conseguir ese objetivo, aceleran la militarización y la guerra contra las comunidades.

La tercera es que sólo la autodefensa colectiva de los pueblos puede frenar esta ofensiva. Debemos tener claro que estamos en las primeras fases de una extensa guerra contra los pueblos originarios destinada a rediseñar el mapa del mundo, expulsando a las comunidades de sus tierras para profundizar el extractivismo.

En esta guerra los de arriba utilizan ejércitos estatales, paramilitares, narcos y una brutal desinformación. Nosotros no resistimos la muerte con la muerte. No actuamos de forma simétrica. La reacción del EZLN ante el asesinato del maestro Galeano, en mayo de 2014, nos inspira: seguir construyendo nuestros mundos, mientras resistimos.