Agencias gubernamentales estadounidenses sostienen que el crimen organizado transnacional pone en peligro las democracias latinoamericanas. El problema es que la región está desunida, explica el CELS.

El catálogo de argumentos con el que Estados Unidos busca intervenir en las políticas de los países latinoamericanos se actualiza constantemente. Como si fuera uno más de los tantos guiones hollywoodenses que se estrenan año a año, ahora algunas de sus agencias gubernamentales, como el Comando Sur de las Fuerzas Armadas (FFAA) y sus lobistas en la región, elaboraron y difundieron la doctrina de las “nuevas amenazas”. Ante la ausencia de conflictos bélicos en la región, la amenaza a los Estados proviene ahora del crimen organizado transnacional, en particular actividades ligadas al tráfico de drogas y a fenómenos como “la pobreza”, “las migraciones”, y “el populismo”, sostiene un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), titulado “La guerra interna”.

En los últimos años, Estados Unidos insisten en sumar al terrorismo a este grupo. De esta manera se vuelve borroso el límite entre “defensa nacional”, que concierne a las FF.AA., y “seguridad interna”, a cargo de las fuerzas de policía locales, para llegar a una militarización de la seguridad. Esto no sólo implica la intervención directa de las FFAA, sino también la formación militar de los organismos encargados de la seguridad interior, como las fuerzas de policía, mediante cursos y otras modalidades de entrenamientos, brindados por especialistas norteamericanos.

“Ninguno de los problemas que constituyen el paradigma de las “nuevas amenazas” deben ser abordados de manera militar”, dijo en diálogo con PáginaI12, Manuel Tufró, Coordinador del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS. ¿Pero por qué? “Son muchas las razones, pero principalmente porque cuando las policías comienzan a actuar supeditadas a fuerzas militares aumentan su letalidad. Es decir, no solamente hay más muertos porque hay militares interviniendo directamente, sino que los propios policías matan más cuando están bajo la órbita del funcionamiento de los militares”, explica Tufró. La realidad de Río de Janeiro es escalofriante sobre este aspecto. En febrero de 2018 la ciudad entregó la gestión de la seguridad a los militares, que tomaron el control operativo de las policías y desplegaron tropas en las favelas. En seis meses de actuación (hasta junio del 2018) se produjeron 895 muertes por acción de las fuerzas estatales, cuando en el mismo período de 2013 (año en el que empieza a contabilizarse un ascenso de las muertes) la policía había matado a 236 personas. Esto representa un aumento de la letalidad policial del 278 por ciento en sólo cinco años.

Las autoridades comúnmente se apoyan en datos sobre altos niveles de violencia para justificar la intromisión militar. “Pero esa intervención está muy lejos de disminuir la violencia. Al revés, la retroalimenta. Lo que se presenta como la supuesta solución pasa a ser una parte central de un problema mucho más grande”, dice el especialista del CELS. Eso está ocurriendo en estos momentos en Uruguay. “Hasta ahora era un país donde se venía marcando la diferencia entre seguridad y defensa de manera bastante clara. Pero en el último año hubo una suba en al tasa homicidios que generó una especie de “pánico moral” en algunos sectores de la población. Eso llevó al absurdo de que algunos grupos de presión hayan juntado una cantidad de firmas suficientes como para que se llame a un referéndum para consultar si las FFAA tienen que participar o no en seguridad interior”, explica Tufró. La iniciativa, impulsada por el senador del opositor Partido Nacional, Jorge Larrañaga, logró reunir 407.000 firmas, y en la elección presidencial de octubre también se decidirá si 2000 militares intervienen en seguridad pública.

El uso de servicios de inteligencia es otro de los elementos que compone el cuadro. “Con la excusa de que hay “nuevas amenazas” se potencia una lógica del secreto y el funcionamiento sin control o ilegal de los servicios inteligencia”, explicó Tufró. En Chile esto quedó expuesto con lo que se llamó la Operación Huracán, una investigación iniciada por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches. Se los acusó de estar supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile. En enero de 2018 el Ministerio Público Fiscal determinó que la unidad de carabineros encargada de investigar el caso alteró las pruebas que incriminaban a los mapuches, manipulando mensajes de sus teléfonos celulares. “También en Chile los Carabineros se están militarizando. La creación del Comando Jungla da cuenta de esto”, informó el miembro del CELS. Miembros de ese Grupo Táctico de Carabineros asesinaron en 2018 al referente mapuche Camilo Catrillanca con un tiro por la espalda.

La semana pasada, una comitiva policial que trasladaba a un líder narco fue atacada a balazos cerca de Asunción, Paraguay. Supuestos miembros del Comando Vermelho de Brasil efectuaron el golpe para rescatar a Jorge Samudio González, alias Samura, miembro del grupo. El hecho le sirvió al presidente paraguayo, Miguel Abdo Benítez, para enviar al congreso una modificación de una enmienda constitucional que permitiría a las FFAA participar en la lucha contra grupos criminales y mafias organizadas. “Esta lucha genera adversarios, que cuentan con más armamentos y mejor logística que las fuerzas policiales”, dijo Abdo Benítez y también se refirió a una “batalla desigual”. “El punitivismo como solución a los problemas de la violencia es la receta que se viene aplicando desde hace décadas y no da resultados. Sin embargo, tiene cierta eficacia en no hacerse responsable de su propio fracaso. Se sigue presentando como si no se hubiera aplicado nunca y en realidad es lo que se viene usando desde siempre. Lo que pasa es que la militarización, que es el punto extremo del punitivismo, tiene cierto rédito político también. Estados Unidos plantea esta estrategia, pero también hay actores locales que encuentran en ella un capital político para capitalizar internamente”, explica el especialista del CELS.