Jornada por la Visibilización de la Presencia Indígena en la Ciudad de México. Foto Guillermo Sologuren / archivo

Hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, retomando aquel día de hace 37 años en el que se dio en Ginebra la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas. Sin embargo, la atención de las Naciones Unidas hacia la situación y necesidades específicas de los pueblos indígenas había ya empezado en 1970, cuando la Comisión de Derechos Humanos encomendó a José Martínez Cobo un estudio general del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas. Sus conclusiones fueron la semilla de la cual brotaron, uno tras otros, los varios mecanismos de la ONU para abordar la situación específica de los pueblos: entre otros, el foro permanente, la relatoría especial, el mecanismo de expertos. En estos, la participación de los pueblos indígenas ha sido el elemento más importante, lo que ha dado solidez y legitimidad a estos mecanismos, así como a la declaración de los derechos de los pueblos indígenas.

A lo largo de estos años ha sido remarcable la determinación de los pueblos indígenas en la reivindicación de sus derechos y la capacidad de articulación que han sabido construir. El camino hacia la realización de sus derechos ha sido –tanto en México como en el resto del mundo– un paulatino avanzar, paso tras paso, no exento de obstáculos y a veces de retrocesos.

En México los pueblos indígenas han sido muy activos; sus luchas han sabido visibilizar su situación, posicionarse en la agenda pública y abrir fronteras, recibiendo solidaridad internacional e inspirando a otros pueblos. Día tras día se oye más fuerte la exigencia de estos pueblos a la libre determinación y a formas de autonomía que les permitan vivir y desarrollarse conforme a su cultura y voluntad: desde la elección de sus propias autoridades, la gestión de la seguridad mediante policías comunitarias, el manejo comunitario de los recursos naturales, la asignación del recurso directo a las comunidades, entre otras. Todo eso está respaldado en la declaración y en parte en la misma Constitución mexicana.

En este momento se está desarrollando el debate en torno a una amplia propuesta de reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y en el proceso que determinaría su contenido, la consulta de la misma con los pueblos indígenas. Proceso y contenido: dos elementos que están profundamente entrelazados cuando hablamos de pueblos indígenas, siendo el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado el mecanismo para garantizar muchos más derechos, empezando por la libre determinación.

Esta reforma tiene una historia. Sus raíces descansan en luchas que empezaron hace décadas y sus ramas se forjan de las más recientes: desde el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, pendiente desde los acuerdos de San Andrés, hasta la modificación del artículo 115, para el reconocimiento de facultades de los municipios indígenas y la asignación directa de los recursos públicos, objeto de la lucha de varias comunidades purépechas de Michoacán.

Sin embargo, esta legitimidad necesita respaldarse en un proceso de consulta apropiado, es decir, en apego a los principios de libre, previo, informado, de buena fe y culturalmente adecuado, como marcan los estándares internacionales en la materia. La realidad es que ante 68 pueblos el desafío de consultar es titánico, pero no imposible.

En su informe de visita a México, la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recomendó al Estado mexicano crear las condiciones para un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas y crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación. Es un reto enorme considerando los siglos de atropellos, despojo y desconfianza, y al mismo tiempo es un objetivo necesario para recobrar la confianza y garantizar la participación y el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Es un reto y un objetivo porque no es algo alcanzable en el corto plazo, pero sí debe ser el horizonte que nos guía, y, para que se cumpla, el Estado debe ir caminando hacia esta dimensión de respeto, diálogo e inclusión.

Si se emprende este camino, consultar a los pueblos conforme a los estándares será aún difícil e incompleto hoy, pero un hecho mañana. Para ello necesitamos ser críticos y autocríticos, para que se vaya construyendo el mecanismo de diálogo en el cual sea efectiva y constante la participación de los pueblos.

* Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos