Los análisis y las evaluaciones sobre los primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podían ser más disímiles y contrapuestos. La célebre estrofa del poeta asturiano Ramón de Campoamor: Que en este mundo traidor / nada es verdad ni mentira. / Todo es según el color del cristal con se mira, no podía ser más oportuna para describir estas dicotómicas perspectivas de la realidad nacional; sobre todo, cuando los colores del cristal refieren a miradas desde distintos y confrontados intereses y adscripciones de clase social, nacionalidad, etnia, género o grupos de edad; desde diferenciados proyectos de Estado en pugna permanente con los sectores subalternos de los Pueblos-Nación.

La intelectualidad orgánica es la que busca encarnar esas adscripciones y actuar en función de esos intereses. Por ejemplo, para quienes por convicción política y vocación de vida optan por la defensa de los derechos de los pueblos originarios de sus territorios, recursos naturales y procesos de autonomía, los primeros meses del actual gobierno han significado una continuación e, incluso, en algunos aspectos, una profundización del proceso de recolonización de los territorios por la vía de los mega proyectos que se pretenden imponer, de nueva cuenta, con las violencias propias de la acumulación militarizada, por medio de la Guardia Nacional, y el uso cada vez más frecuente de la delincuencia mafiosa como dispositivo armado clandestino para la ingeniería de conflictos, el desplazamiento de población, el control y saqueo territorial y, por el camino del terror, el enfrentamiento de las resistencias y la ejecución de dirigentes opositores.

A esto hay que agregar la puesta en marcha de un aparato burocrático, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que, por la forma de su constitución al margen de los procesos comunitarios, sus procedimientos verticales y objetivos institucionales al servicio del gobierno en turno se parecen cada vez más, a pocos meses de su creación, al vetusto Instituto Nacional Indigenista, que encarnaba la política de control y manipulación de los pueblos por parte del Estado. Así, en el análisis de la actual realidad étnico-nacional puede afirmarse que, en los ámbitos económicos, político-ideológicos y punitivos, la política del actual gobierno constituye una virtual declaración de guerra contra los pueblos que contrasta marcadamente con los desplantes discursivos de reconciliación dirigidos al EZLN en uno de sus bastiones emblemáticos, Guadalupe Tepeyac, en el municipio de las Margaritas, Chiapas, el 6 de julio pasado.

Este mensaje de AMLO al EZLN fue precedido de una larga enumeración de programas asistencialistas de corte clientelar, con entregas individualizadas a jóvenes, personas de la tercera edad, trabajadores agrícolas, entre otros beneficiados; todo ello, en un territorio donde se han dado profundas transformaciones de la conciencia de miles de indígenas, de al menos tres generaciones, que han permitido establecer un proceso autonómico que asombra al mundo con sus autogobiernos locales, municipales y zonales, cuyos cargos son revocables, rotativos, sin paga, con sus sistemas de administración de justicia, centros de salud alternativos, sistema educativo propio, con los cambios profundos en las relaciones de genero a partir de la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Estos procesos autonómicos están basados en la perspectiva de formar seres humanos socializados en la idea de dar un sentido comunitario a sus vidas, en un ámbito de relaciones en el que fraternidad y solidaridad se constituyen en valores predominantes frente al individualismo, egoísmo y darwinismo social que impone el capitalismo. Los pueblos están demandando el cese de cualquier proyecto, acción o concesión que atente contra la propiedad, uso, aprovechamiento e integridad de los territorios, lugares sagrados y recursos naturales y la derogación de todas las leyes y reformas estructurales.

El mensaje presidencial al EZLN en Chiapas ignora o niega estos grandes logros del movimiento indígena de estas décadas en que se constituye un sujeto autonómico y se establecen estos bastiones de resistencia y dignidad que rompen con el clientelismo y el corporativismo que imponía la tutela del Estado, y donde se establece, en cambio, el control del territorio desde el abajo comunitario y desde la izquierda anticapitalista

Precisamente por su experiencia como funcionario indigenista, se hace patente en el discurso presidencial una concepción del pueblo indígena como receptáculo pasivo de la acción estatal, en el contexto de una estrategia de contrainsurgencia que ha utilizado por décadas los programas asistencialistas como instrumentos de guerra ideológica de desgaste. Así, en forma y contenido el mensaje de unidad significó, en los hechos, no el ofrecimiento de una rama de olivo, sino la continuidad de la guerra irregular con el cristal de la Cuarta Transformación.

Opinión La Jornada 12 de julio de 2019